“Multiplicaremos el negocio del cannabis medicinal” anunció Alberto en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1° de marzo. Del largo discurso dedicó un párrafo sustancial a sus planes con la materia verde: “el cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial.” A continuación, y en línea con el accionar represivo continuado de Berni y compañía, se explayó respecto a los planes de profundización de su versión de la “guerra contra las drogas”, relato que da cuenta sin rodeos de las prioridades del gobierno en cuanto a derechos civiles y salud.

El proyecto raíz del anuncio se puede encontrar en la carta enviada al Senado en septiembre del 2020 por la Cámara Argentina de Cannabis (ArgenCann) donde se explica que “en la actualidad, el mercado global de cáñamo industrial se espera que alcance la suma de casi cuarenta y dos mil millones de dólares (USD 41,78 mil millones) para el año 2027, creciendo a una tasa compuesta anual del treinta y dos por ciento (32.0%). La referida versatilidad de uso, cada vez más extendido en diversas aplicaciones, así como la creciente legalización internacional de su cultivo, resultan factores decisivos para su exponencial crecimiento”[1]. El argumento financiero es la premisa de dicho comunicado para  demandar “la inmediata y formal derogación de la Ley 21.671/77 especificando en dicha norma derogatoria o en legislación suplementaria a dictar al efecto, que ​toda genética de Cannabis Sativa L, con concentraciones de Tetrahidrocannabinol (THC) por debajo del uno por ciento (1%) sobre peso seco, sean consideradas no psicoactivas y denominadas técnicamente “cáñamo industrial”, quedando las mismas en consecuencia excluidas del alcance de la ley 23.737/89.”

En síntesis, el gobierno nacional, a través del lobby de las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer, legaliza el cultivo, elaboración y comercialización de la Cannabis Sativa (Marihuana/Cáñamo) únicamente para los capitales amigos de industrias farmacéuticas y textiles. Ámbito Financiero pregona a inversores que “las acciones de las firmas de cannabis subieron el miércoles, ampliando su racha alcista de los últimos meses ante apuestas sobre la despenalización de la sustancia bajo el gobierno de Joe Biden”. Sin embargo, no dejan de crecer las estadísticas de usuarixs y cultivadorxs detenidxs en vía pública o allanadxs con o sin orden judicial, privadxs de la libertad en comisarías, penales o en sus domicilios. Así como el caso de Daniel Tornello (“Cara de Cannabis”), difundido por el mismo Berni para mostrarse como el Reagan del conurbano, muchxs otrxs cultivadorxs siguen esperando la amnistía:

Martín Carabajal está detenido hace más de un año y dos meses junto a su esposa Sandra Guzmán por cultivar cannabis en su hogar de Quilmes. Él fue detenido en el penal de máxima seguridad de General Alvear y Sandra en la Unidad 33 de Los Hornos.

Caterina Michelle Solis, una chica de 22 años con dos hijos pequeños, fue detenida en octubre de 2020 en Rosario por tener dos plantas de cannabis en su casa. Luego de ser judicializada y privada de su libertad, cumple arresto domiciliario.

Denise Moruzzi y Luciana Esteche, madre e hija, pasaron a prisión domiciliaria después de ser alojadas en el penal 47 de San Martín hacinadas durante cinco meses. En su casa de Vicente Lopez hallaron tres plantas y las acusan de tráfico de drogas sin pruebas.

La madrugada del 15 de diciembre del 2020, 20 jóvenes fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en Puan, Pigüé y Bahía Blanca. Las familias denuncian que solo tenían plantas para consumo personal y medicinal. Absurda causa comandada por la Fiscalía N° 9 de estupefacientes de Bahía Blanca, a cargo del Fiscal Mauricio del Cero

Julio Ansín, de Comodoro Rivadavia, se encuentra detenido en la Unidad 14 de Esquel en Chubut, sin poder ver a sus hijos hace 10 meses ya que el penal burocratiza las visitas de larga distancia para impedir el contacto en la práctica, por lo que junto a otros compañeros realizaron una huelga de hambre para reclamar por sus derechos.

Como remate para terminar de indignar al activismo cannábico el 12 de marzo el Ministerio de Salud, con la firma de Carla VIzzoti, publicó en el Boletín Oficial la habilitación del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) mediante la web https://reprocann.salud.gob.ar/, donde en teoría usuarixs medicinales, cultivadorxs solidarios y médicxs deberían poder anotarse previo ingreso en la app Mi Argentina. Sin embargo, la comunidad denuncia que el gobierno intencionalmente hizo todo al revés, medicalizando el acceso a la planta y bastardeando a lxs trabajadorxs de la salud ya que establece requisitos restrictivos para la inscripción. Denuncian que este proceso burocrático, sumado a las condiciones de precarización de la práctica médica, terminará generando qué lxs pocos médicos que deseen involucrarse en tratamientos con cannabis receten los productos de las especialidades médicas aprobadas por ANMAT mediante receta doble común, allanando así el negocio de las multinacionales farmacéuticas. Como si esta canallada fuera poco, cultivadorxs profesionales denuncian que si bien ellxs le propusieron a los funcionarios un registro anónimo con pautas de seguridad se terminó implementando “un mamarracho que deja los datos de los inscriptos de forma pública al acceso de policías corruptos y cogolleros  [2] enviados por ellos.”

La respuesta del Partido Obrero a estos hipócritas anuncios seguirá siendo acompañar a las organizaciones de cultivadorxs, usuarixs y profesionales de la salud, que reclaman indulto inmediato y el libre acceso a la planta mediante la derogación de la Ley 23.737 de la dictadura con una regulación de la producción y distribución que ponga un freno a los monopolios y especuladores.

¡No más presxs por plantar!

¡Marihuana legal!

[1] https://www.argencann.org/noticia010

[2] Los cultivadores denuncian una política sistemática de robo de cannabis medicinal encargada por las fuerzas policiales para una comercialización bajo su control.