Más contagios y ninguna medida de fondo

Ante el aumento sostenido del Covid-19, se enciende la alarma del personal de salud

El viernes 28 de agosto, Alberto Fernández prorrogó las medidas actuales, sin el acompañamiento habitual de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, por medio de un mensaje grabado, hasta el 20 de septiembre. Unos minutos después se produjo un nuevo récord de contagios y con el aumento del lunes 31, Argentina ingresó al top de los diez países del mundo con mayor cantidad de contagios.

Los contagios no cesan en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), que Kicillof y Larreta tratan de presentar como una “situación controlada”. Esta injustificada confianza, junto a la presión patronal, sigue promoviendo la habilitación de nuevas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, como la apertura de bares y obras privadas de construcción, mientras en el conurbano bonaerense sigue el procedimiento de protocolos presentados por los intendentes y aprobados por la provincia. Larreta, en su conferencia, volvió a insistir con la vuelta a clases presenciales, a pesar de no existir ninguna garantía sanitaria. Los números arrojan en la zona del Amba 361.949 casos, el 84,52% del total (Ministerio de Salud de la Nación, 1/9).

En las provincias continuó la tendencia ascendente de los contagios, que llevó a volver a fases anteriores de la cuarentena en diferentes municipios. Por ejemplo, en Salta, donde se generalizó la circulación comunitaria, el gobierno llama a aprender a convivir con el virus; en Tucumán hubo récord de casos y el gobierno de Juan Manzur se reconoció impotente y también volvió de fase; en Mendoza, el 90% del sistema de salud público provincial que se concentra en la capital de la provincia está completo. El aspecto más crítico, hasta ahora, está planteado en la provincia de Río Negro, donde en el hospital público de Villa Regina han implementado un protocolo de “triage” para destinar a quién pueden atender producto de la saturación de camas.

Se prenden las alarmas

Desde este fin de semana, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) hizo público un relevamiento donde estiman una ocupación general de las camas de terapia intensiva cercana al 90% en la zona del Amba. Esta información va a contramano del planteo del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Quirós, quien caracteriza que a principios de agosto ha pasado lo peor. Muy por el contrario, en la Ciudad se ha registrado un aumento constante de casos en los últimos ocho días, incluso el martes 1° de septiembre ha fallecido una paciente derivada de un geriátrico de la Ciudad al Hospital Vélez Sarsfield por falta de cama en terapia intensiva (AM 750, 2/9).

Ante este panorama, las alarmas se han hecho escuchar. Los propios trabajadores de las terapias intensivas representan un recurso humano muy escaso en el sistema de salud en general. Este problema tiene un trasfondo de desvalorización del trabajo en el área, profundizado en el sistema público.

En la Ciudad de Buenos Aires, la devaluación del salario hace que cada vez haya menos trabajadores que soporten la intensidad de las guardias y de las áreas cerradas. Según declaraciones de profesionales de hospitales de la Ciudad: “una suplencia de guardia en una UTI de la Ciudad se paga 9.800 pesos las 24 horas en la semana, y el fin de semana se suma un plus que no llega a los 2 mil pesos”. El gobierno porteño mantiene a muchísimos trabajadores médicos y kinesiólogos realizando guardias fijas con cargo de suplentes, con un contrato de mayor flexibilidad, ya que si el trabajador se enferma o se toma licencia por descanso, no cobra sus guardias. “Además, un titular de guardia cobra alrededor de 56 mil iniciales, un salario bajo, pero casi 17 mil pesos más que un suplente que realiza el mismo trabajo”. Sacando cuentas, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les paga a profesionales ultraespecializados, con más de 10 años de formación, entre 400 y 500 pesos la hora, por 24 horas de trabajo continuo. Tampoco se reconoce el trabajo en área cerrada, que muchos trabajadores han judicializado para recibir el plus correspondiente.

En el sector privado, las guardias de fin de semana pueden llegar a pagarse 14 mil pesos a kinesiólogos y hasta 20 mil a médicos intensivistas. Esta es una de las razones por las cuales los trabajadores eligen el ámbito privado, aunque el trabajo termina siendo flexibilizado a través de la contratación por monotributo.

La situación de Enfermería resulta más precarizadora. En el sector público de la Ciudad, además de no ser reconocidos como profesionales y tener salarios de 35 mil pesos, no hay ningún reconocimiento a la labor ni especialización del enfermero intensivista. En las clínicas privadas suelen recibir un plus por área cerrada, que ronda el 20% del básico. Pero, generalmente, la estrategia es pagárselo a todo el personal, para así poder disponer de rotación de los trabajadores según las necesidades cotidianas.

El estrés y la sobrecarga laboral que genera el área cerrada, sumados a la falta del reconocimiento remunerativo de la especialización y responsabilidad en el área, apuntan también a que los trabajadores no soporten llegar al momento de la jubilación sosteniendo cargos. En el mejor de los casos pueden aspirar a una jefatura de guardia, pero los salarios y las jubilaciones siguen siendo una miseria. En países como España, los profesionales se “retiran” de las guardias pasados los 45 años. Ya que poner el cuerpo y la mente 24 horas seguidas por chaucha y palitos es un costo muy alto que los trabajadores pagan con sus vidas.

Nuestro planteo

El Partido Obrero reclama la inmediata centralización del sistema de salud y un impuesto extraordinario a los capitalistas (planteo abandonado por el bloque oficial, luego de varios amagues) para financiar la cobertura completa del personal sanitario, los insumos de protección, la ampliación de las camas y unidades de terapia intensiva, el equipamiento de los hospitales y un aumento salarial a los trabajadores, que parta de la equiparación de los sueldos con la canasta familiar que trabajadores del Indec la miden en 70.616 pesos.

La centralización del sistema de salud sería la única manera de disponer de todas las camas de manera unificada, para poder empezar a hablar de porcentajes y disponibilidades. La disparidad en recursos que posee el sector privado por encima del público debe ser administrado por el Estado nacional y un comité de sanitaristas y trabajadores. Los datos sobre cantidad de camas críticas totales y disponibles es retaceada por todos los gobiernos y las patronales de la salud privada, impidiendo a la población, e incluso al personal de salud, tener un panorama claro de la situación.