Ley de abastecimiento

La nueva ley de abastecimiento es apenas una réplica de la ley sancionada bajo el gobierno de Perón en el año ’74. Sus cláusulas, sin embargo, no han sido implementados por el gobierno K. Puede alegar que entonces no existían las grandes cadenas de supermercados, pero los pactos de precios con ellos no pasaron de una farsa. Tampoco la aplicaron frente a la retención de la soja en el campo, al revés: recurrieron a una devaluación. La ley de abastecimiento podría haber sido un arma contra los especuladores financieros, pero los K permitieron alegremente la fuga de capitales, al amparo de los circuitos legales alentados desde el Estado.

Si esta herramienta no se utilizó durante diez años, ¿qué uso harán de ella ahora?

La alharaca ha servido para ocultar que el nuevo proyecto suprime los artículos 25 y 26 de la ley vigente. Estos artículos autorizan al Estado a intervenir los directorios con funcionarios administrativos, y asumir el control y la conducción efectivos de la empresa, y -en caso de que fuera necesario- declarar de utilidad pública, sujetos a expropiación, a los establecimientos involucrados. El nuevo proyecto, en cambio, restringe las facultades del Estado: ahora sólo podría aplicar multas y adoptar medidas genéricas que aseguren la continuidad de la producción o la prestación del servicio. Si bien aumenta el monto de las multas, desaparecen las penas de prisión para los ejecutivos y empresarios involucrados.
El proyecto K modifica la ley para peor.

P. H.