El pasado 10 de agosto, el funcionario K, Luis D'Elía cortó alambres que demarcaban una propiedad del empresario norteamericano Douglas Tompkins, que impedían la libre circulación de los pobladores del paraje Yahaveré en la provincia de Corrientes. El hecho tomó inusitada difusión en la mayoría de los medios nacionales, tanto escritos como televisivos.

El ex piquetero, actual funcionario del gobierno nacional, buscó presentarse en los medios, diciendo que tenía el respaldo del Presidente y que su acto constituía un hecho de soberanía nacional. Seguidamente y con la firma de una diputada correntina del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación” unas 300.000 hectáreas en los Esteros del Iberá, que involucran las mencionadas tierras del millonario Tompkins y también de la empresa Forestal Andina. 

Pero a poco de registrados estos hechos y aún cuando en los diferentes medios de comunicación arreciaban los comentarios lapidarios de los defensores de la propiedad privada y la vida en el marco de la Constitución, empezaron a conocerse las opiniones oficiales del gobierno nacional en boca del jefe de Gabinete Alberto Fernandez, “el Gobierno no impulsa la expropiación de tierras” (Ambito Financiero, 23/8) que desmentían el supuesto apoyo brindado por Kirchner.

Con la demagogia de D'Elía, con el apoyo o no del gobierno K, no iremos a ningún lado. La situación de los campesinos correntinos abusados por la prepotencia capitalista de los empresarios no tendrá solución de la mano de estos personeros. Los campesinos santiagueños, salteños, formoseños, chaqueños, tucumanos, catamarqueños que día a día soportan vejaciones, expulsiones, incluso muertes por parte de las grandes empresas agrícolas en connivencia con el poder político, exactamente igual que los correntinos, no encontrarán apoyo en D'Elía o en su gobierno.

Por la nacionalización de los recursos naturales

La expropiación paga a precios muy superiores al costo inicial de la tierra, como plantean los proyectos legislativos de D'Elía y sus cómplices son un negociado más.

Para que el medio natural sea aprovechado en beneficio del género humano es necesario que los trabajadores junto a los campesinos controlen el proceso social. La nacionalización sin pago de los recursos naturales, para que sean gestionados democráticamente por los trabajadores y campesinos, se convierte en una reivindicación que tiene que ver con la supervivencia.