Como consecuencia de los aumentos surgidos de las discusiones paritarias, nuevos trabajadores que no pagaban ganancias pasarán a hacerlo. En la actualidad, ya están abonando 1.400.000 trabajadores. Partiendo de aumentos promedio del orden del 20 por ciento, que es el techo que pretende hacer pasar el gobierno, se estima que pasarían a pagar por lo menos unos 400.000 asalariados más. Ni qué hablar si se supera esa pauta, como resultado de la lucha que se está librando en diferentes gremios por quebrar los topes oficiales.

 

Tengamos en cuenta que con un salario de bolsillo de 21.500 pesos para un soltero y 26.000 para un casado se supera el mínimo no imponible y se empieza a abonar el impuesto. Hay que tener presente que el aguinaldo, que a través de sucesivos decretos venía siendo excluido del impuesto, con la nueva ley pasa a entrar en el cálculo.

 

Por otra parte, los aumentos salariales y la incorporación del aguinaldo incrementarán el impuesto de los que ya están abonando. Aquí es oportuno recordar que las escalas del impuesto, que venían congeladas desde 2001, se ajustaron en forma irrisoria: sus valores fueron multiplicados por dos cuando hubiera correspondido hacerlo por 6 ó 7. De manera que cada 1.700 pesos que aumente el salario mensual de bolsillo se salta a una alícuota superior.

 

Importa señalar que los mínimos no imponibles se ajustan una vez por año. La ley ni siquiera contempla una actualización semestral, como la que rige, por ejemplo, para los haberes jubilatorios. Este criterio, fogoneado por algunos gremios, fue expresamente rechazado al momento de tratarse la nueva normativa. Pero, además, ni siquiera asegura una corrección por inflación pues la actualización se guía por variación del salario promedio de la economía que publica el Ministerio de Trabajo (Ripte) pero condicionada a los niveles de recaudación.

 

Con la nueva ley, el impuesto al salario vino para quedarse. La normativa, consensuada entre Cambiemos y el massismo y apoyada por gran parte del PJ, representa una perpetuación y legitimación de este impuesto confiscatorio. Si la burocracia se ilusionaba con un posible anuncio de Macri de excluir del impuesto a las Ganancias a las horas extras, feriados y viáticos -van a tener que esperar. El gobierno de Macri viene negociando esos cambios con algunos sindicatos, principalmente del Transporte, apuntando a fragmentar aún más el frente interno de la burocracia sindical. Se trata de una concesión a medida de algunos gremios, en los que tienen cierto peso esos conceptos, pero que no puede disimular el impacto creciente y de conjunto que tendrá el gravamen en los próximos meses.

 

Para que no quepan dudas sobre el alcance ultrarestringido del anuncio, el gobierno nacional acaba de impugnar ante la Justicia los descuentos fijados por la provincia de La Pampa, que excluyó del impuesto a las bonificaciones por antigüedad y otros adicionales que integran el salario conformado de los trabajadores públicos. La presentación judicial -como lo confesaron algunos funcionarios- es para que el ejemplo no se propague a otros sectores y jurisdicciones.

 

 

La próxima batalla

 

El argumento utilizado para mantener el impuesto a los asalariados es que no se podía desfinanciar al Estado y agravar el déficit fiscal. El impuesto al salario representa un ingreso a las arcas del Estado de 110.000 millones de pesos, en tanto que un cálculo conservador indica que las exenciones por Ganancias, empezando por las rentas financieras, ascienden a 300.000 millones de pesos. Dos varas muy distintas, según los intereses de clase a los que se hagan referencia.

 

En paralelo a la reforma del impuesto a las Ganancias, se aprobó el blanqueo de capitales. La clase capitalista se vio beneficiada con un olvido fiscal a cambio de una tasa insignificante (entre 5 y 10%), que es menor que la que paga una gran parte de los asalariados afectados por el impuesto a las Ganancias. El argumento oficial sostenía que el blanqueo favorecería la recaudación futura, pues el Estado pasaría a cobrar impuestos por las rentas y patrimonios regularizados.

 

Sin embargo, ha pasado bastante inadvertido el hecho de que gran parte de esos activos figuran a nombre de empresas del exterior, que quedan excluidas del impuesto. Además, una parte de ese capital blanqueado viene siendo invertido en títulos públicos de la deuda, que están eximidos de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, mientras usufructúan en su provecho la enorme bicicleta financiera que se ha orquestado en el país, con el dólar planchado y las suculentas tasas de interés locales, que reportan rendimientos en dólares muy superiores a cualquier otra plaza del mundo. A eso hay que agregar que, al momento de tratarse el blanqueo, se eximió del pago de Ganancias las diferencias de cambio por las operaciones en el exterior y el pago de dividendos.

 

En este caso, la “coalición del ajuste” conformada por Macri y sus socios del PJ y la oposición no se ha preocupado por el déficit fiscal.

 

En la batalla que tenemos por delante con relación a la discusión paritaria que se viene, es necesario tener bien presente la incidencia del impuesto a las Ganancias a la hora de definir el reclamo salarial, de modo tal que el salario de bolsillo no se vea recortado por el gravamen.

 

El panorama señalado vuelve a subrayar la importancia y actualidad de la reivindicación de la abolición del impuesto al salario, como una bandera central del movimiento obrero que la burocracia ha archivado como parte de su tregua con el gobierno.

 

 

Foto: Federico Imas