Casi exactamente un mes después de que veinte mil compañeros cortamos el Puente Pueyrredón al cumplirse el cuarto aniversario de los asesinatos de Kosteki y Santillán, se informa que el fiscal de la causa federal abierta por la madre de Maximiliano Kosteki en 2002 (imputando a Duhalde, Solá y Juan José Alvarez, entre otros) “desempolvó” el expediente —cajoneado desde hace prácticamente cuatro años– y pidió informes al Poder Ejecutivo, a la gobernación bonaerense, a la Side, a Prefectura y a Gendarmería (Clarín, 27/7).

Esto, claro está, es una consecuencia de la lucha que desarrollaron Alberto Santillán (papá de Darío) y Vanina Kosteki (hermana de Maxi), junto a la gran mayoría de las organizaciones protagonistas de la jornada del 26 de junio de 2002, que denunciaron los intentos de impunidad en beneficio de los responsables políticos de la masacre.

Está planteado profundizar la campaña para que Duhalde, Solá y el resto (en su mayoría hoy funcionarios “K”) terminen tras las rejas. Este giro de la causa federal, resulta toda una enseñanza para quienes pretendían pasar al bronce y la conmemoración, la jornada del 26 de junio, en lugar de imprimirle un carácter político de lucha y denuncia contra el gobierno enKubridor.