Políticas

26/4/2012|1219

Masacre de Once: La crisis política impone un giro en la causa

Como era previsible, los resultados de los peritajes elaborados por los peritos de Cirigliano y la Secretaría de Transporte de Schiavi/Ramos apuntan a la exclusiva responsabilidad del maquinista.Sin embargo, no pudieron dejar de mencionar la falta de mantenimiento de las formaciones. Lo consideran un "mantenimiento diferido", eufemismo para ocultar que se reparaba (no siempre) la falla, pero se evitaba el mantenimiento, el cual siempre tiene un carácter "preventivo".


Sin embargo, desde que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad de la resolución del juez Bonadío (que había dispuesto tener por parte querellante al Estado Nacional), la causa ha tomado un giro.


El juez hizo lugar a la imputación del fiscal y llamó a indagatoria a los responsables del crimen. Comienza a imponerse el criterio del fiscal Federico Delgado, para quien hubo una "connivencia" entre funcionarios del gobierno y los directivos de TBA. Delgado formalizó la imputación a las cúpulas de las empresas TBA y su controladora, Cometrans, así como también a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Guillermo Antonio Luna; el actual titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sicaro, y su antecesor en el cargo, Pedro Ochoa Romero.


Delgado también introdujo la figura del "peculado", un delito penado con hasta diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El dictamen fiscal no toma como base la pericia, sino los críticos informes públicos de la Auditoría General de la Nación (AGN), los cuales fueron desoídos por el Congreso y el Poder Ejecutivo.


La masacre agravó las crisis de camarillas al interior del propio gobierno, donde se abre paso una puja abierta entre La Cámpora y De Vido, quien aparece con una altísima responsabilidad por ser titular del Ministerio que tiene a su cargo todas las áreas del Transporte.


Estos choques pueden abrirle paso a una investigación, lo que Bonadío intentó bloquear desde el inicio de la causa.


Simultáneamente, se dio a conocer que, en diciembre de 2006, la Secretaría de Transporte aprobó una obra que consistía en la construcción de un sistema de señalamiento automático. La obra, adjudicada a Siemens, se enmarcó en un programa de obras aprobado en el año 2005, el cual lleva la firma del entonces presidente Néstor Kirchner, su jefe de gabinete Alberto Fernández y el ministro de Planificación, Julio De Vido, aún en funciones (La Politica Online, 19/4). La colocación del sistema de señalamiento automático con control de tránsito centralizado se licitó para que luego la empresa, mediante el sistema de ampliación de obra, evitara una nueva licitación para implementar el sistema ATS (After Treatment System) de frenado automático a distancia -tal como reveló Ricardo Roa en su columna del diario Clarín del mismo día. El ATS detiene el tren en caso de que se viole una señal de peligro o se produzca una aproximación indebida a un paragolpes o final de vía, aun en caso de falla humana. De haberse hecho, podrían haber salvado las 52 vidas de la masacre.


En septiembre de 2007, la multinacional cobró el anticipo financiero de 51 millones de pesos y sólo avanzó hasta el 4 por ciento de la obra inicial, la que abandonó en julio de 2009. El precio de la obra, entre 200 y 300 millones de pesos, correspondía a diciembre de 2005. Amparándose en que el gobierno no redeterminó los precios, según establecía el contrato, Siemens dejó la obra paralizada casi desde su inicio, pese a que el plazo para finalizarla vencía en diciembre de 2011. La inacción de la Secretaría de Transporte motiva sospechas de coimas a los funcionarios.


Más denuncias de este tipo surgirán a medida que avance el proceso. La crisis en el seno del gobierno crecerá a medida que se desenvuelva una resistencia al ajuste. Reclamamos el inicio inmediato del juicio oral por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, que también abonará el camino para expulsar a los concesionarios, a De Vido y a la patota sindical empresaria que reposa en los sillones de la secretaría de Transporte. Para quebrar toda impunidad, la condición es que la indignación popular empalme con la movilización de los ferroviarios que empieza a despuntar en varias líneas.