Sergio Massa participó este miércoles de una reunión de gabinete para poner en marcha la tan mentada política de orden fiscal. La situación del fisco se ha convertido para el Frente de Todos en un dolor de cabeza, el cual se agudiza en medio del tembladeral económico en el que se encuentra Argentina y como fruto del fracaso de su programa de gobierno. Según algunos analistas, la segmentación tarifaria del plan Massa apenas alcanzaría para cubrir menos de una tercera parte de la meta de déficit fiscal fijada por el FMI en 2,5% del PBI.

Está cuestionado que el gobierno pueda acercarse a los números que pide el capital financiero internacional. En todo caso lo hará a un costo altísimo, mediante un ajuste mayor contra los trabajadores en un cuadro de crecimiento de la pobreza. Las tijeras están preparadas para recortar ítems sensibles del presupuesto nacional, en particular aquellos relacionados a la obra pública, lo que profundizará la recesión y conducirá a que aumente la desocupación; y a las trasferencias a las provincias, en momentos en los que se desarrollan huelgas de docentes y estatales por aumentos de salario.

Conforme a un relevamiento de la consultora PxQ, aunque el gobierno pareciera haber logrado “cumplir con la meta fiscal fijada del acuerdo de Facilidades Extendidas para junio de 2022” (Ámbito, 11/8), le será difícil seguir en esa línea en el segundo semestre. Esto se debe fundamentalmente a que, además de haberse disparado la erogación del Estado en materia de subsidios energéticos, culmina la liquidación de la cosecha. Todo esto acontece cuando estamos asistiendo a una etapa en la cual la actividad económica caerá de forma más pronunciada. Asimismo, resta ver qué impacto tendrá la instrumentación de los nuevos beneficios fiscales a los grandes capitalistas.

Algunas consultoras han cuantificado en $610.000 millones de pesos el monto que tiene que recortar el Ejecutivo para bajar el déficit primario al 2,5% del PBI, casi el equivalente a todo lo que ha destinado el Estado nacional, en lo que va del año, a pagar sueldos de trabajadores de planta permanente. De acuerdo a la administradora de fondos MegaQM, si el gobierno mantiene el gasto tal cual se viene ejecutando, el déficit quedará 1 punto por encima de lo requerido por el FMI.

Massa tendrá que profundizar el sendero de ajuste antiobrero que ya ha comenzado a recorrer, entre otras cosas, con el congelamiento de la planta estatal, la política de tarifazos, la auditoría de los planes sociales, la destrucción de las jubilaciones o el recorte al presupuesto de obra pública. Además, otro factor que viene haciendo un gran trabajo de topo en ese sentido es el incremento de la inflación, la cual es promovida por el gobierno y constituye un mecanismo de transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los capitalistas.

Aquí es cuando entra en juego una de las principales premisas económicas del gobierno, a saber, “no gastar más que lo presupuestado o de lo que ingresa”. La última actualización del presupuesto 2022 fijó una inflación del 62%, cuando el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (BCRA) estima un 90% y las posibilidades de que se desarrolle una híper como producto de una devaluación están a la orden del día. En este marco, el gobierno pretende anular las paritarias, mientras aumenta la tasa del BCRA por encima del 95%, pagando millonadas en intereses a la banca.

El fracaso de la política económica oficial es pagado por los trabajadores con más inflación, reducción de salarios, una peor educación, un sistema de salud derrumbado; de conjunto, con mayor pobreza. Para derrotar este ajuste, debemos ir hacia un paro nacional y a un plan de lucha.