Días atrás, la legislatura de Mendoza aprobó una ley rabiosamente anti obrera y anti sindical.

 

Se trata de la creación de la "Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria" (OCLO), que tendrá por función establecer una instancia de conciliación de carácter obligatoria entre el trabajador y la patronal como paso previo a cualquier demanda judicial por parte de los trabajadores.

 

La OCLO se constituye como una instancia administrativa dependiente del Poder Ejecutivo. El “conciliador” cobrará entre $ 3.000 y $4.000 si se llega a un acuerdo y se evita la vía judicial y $250 en caso de que no. Recién en ese caso, el trabajador quedará habilitado para darle curso judicial a su reclamo. Esta instancia está diseñada para presionar al trabajador a cerrar acuerdos a la baja bajo la expectativa de cobrar inmediatamente un mal arreglo antes que llevar adelante un juicio que puede demorar años.

 

Según datos brindados por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la provincia se inician cerca de 20.000 causas laborales por año y el promedio de resolución de las mismas es de tres a cuatro años. “Con este proyecto va a tener la posibilidad de conciliar su reclamo en 20 días hábiles sin que el Estado deba invertir dinero”, se refirió pérfidamente el gobernador Cornejo, cuando lo que correspondería hacer es disponer los medios para agilizar los juicios en el fuero laboral.

 

Antiobrero y antisindical

 

La creación de la OCLO tiene un carácter abiertamente anti obrero y propatronal. Se la presenta como un organismo neutral frente a la patronal y los trabajadores, pero el incentivo económico por una mediación exitosa coloca la presión sobre el trabajador a bajar sus pretensiones y demandas que deben ser satisfechas por la patronal. El proyecto establece la creación de un Registro de Conciliadores que ingresarán a través de un concurso reglamentado por la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Institucionales. La digitación de este registro dará lugar a un cuerpo adicto de ´caranchos laborales´ a sueldo del Estado.

 

Esta iniciativa se encuadra en la furiosa campaña montada por el macrismo y Cornejo en torno a la supuesta ´industria del juicio´, ocultando que el aumento de estos es producto del ataque a las condiciones de trabajo, salarios y puestos de los compañeros.

 

Los parlamentarios del Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechazamos este nuevo atropello y denunciamos el carácter y la naturaleza de la OCLO, inscripta en una ofensiva continental contra la clase obrera, como se manifiesta en la reforma laboral de Brasil, que todo el arco patronal nativo reclama seguir.

 

Por su parte, Cornejo vuelve a mostrarse frente al gran capital como un avanzado en la defensa de sus intereses. Ha contado con los votos del PJ y del Frente Renovador para la aprobación de todas las leyes fundamentales, durante el último año y medio, en perjuicio de los trabajadores, y con la complicidad de toda la burocracia sindical.

 

Rechacemos este atropello

 

La disputa individual frente a la patronal coloca al trabajador en desventaja. La única posición de fuerza de los trabajadores en un conflicto con la patronal es su acción colectiva.

 

En base a esta premisa, es necesario involucrar a los luchadores de todos los sindicatos y cuerpos de delegados en la pelea contra estos ataques patronales. Los embates de Cornejo deben ser respondidos con el progreso del activismo en todos los gremios, como se vio reflejado en la experiencia de recuperación antiburocrática del SUTE.

 

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda realizaremos este miércoles un acto frente a la Secretaría de Trabajo contra la reforma laboral antiobrera y la OCLO de Macri-Cornejo.