En las últimas semanas se conoció un llamado a licitación por parte del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) para empresas que registren a los deudores morosos y los bloqueen de todo acceso crediticio con hasta que paguen lo adeudado.

La empresa tendrá facultades de aplicar un sistema parecido al “Veraz” (un sistema compuesto por una base de datos que recopila información sobre la vida crediticia y de solvencia económica de una persona) con alcance provincial y nacional, que le permita registrar a las familias que se atrasaron en el pago o bien lleva tiempo sin pagar, para bloquearle toda posibilidad de acceder a un crédito tanto financiero como no financiero; al tiempo que también tendrá en su poder las notificaciones e intimaciones.

El Instituto Provincial de la Vivienda es un ente perteneciente al gobierno de la provincia y su misión es “garantizar el derecho a la vivienda”, tal como reza su presentación en su página web. Lo cierto es que los planes de vivienda se han visto abruptamente recortados desde hace varios años, y es de común conocimiento que familia que recurre a inscribirse recibe la respuesta de que no hay planes a la brevedad y quedan anotados en listas de espera que superan las décadas sin respuesta.

A este agravante de la falta total de vivienda, se le suman los grandes montos a las que se cotizan estas producto del sobreprecio que se le garantiza a las constructoras, así como también los intereses leoninos sobre las que se calculan las cuotas, desde el 2017 calculado en UVA por decreto de Cornejo, que hace que la enorme mayoría de las familias trabajadoras que acceden a los escasos planes de vivienda no pueda pagar y se atrasen cuotas, que van desde varios meses a varios años.

Si bien el director del IPV, Mario Isgro, anunció un cambio en la fórmula de cobro de las cuotas y de lo adeudado, lejos está de ser una cuota fija acorde a los ingresos de las y los trabajadores ya que el gobierno considera irrisoria dicha modalidad. La fórmula estaría atada a una similar del aumento de los alquileres o de los salarios.

Con estas orientaciones Cambiemos deja en claro que su objetivo es avanzar a como dé lugar en el cobro a las familias trabajadoras adjudicatarias de viviendas sociales, para aumentar la recaudación en pos de tener nuevos fondos donde poder solventar el pago de la gigantesca deuda que tiene la provincia de Mendoza.

Con la obra pública y la vivienda en punto muerto, esto es un nuevo ataque a los trabajadores para garantizar el pago al FMI. Rechazamos esta medida de ofensiva contra la familia obrera que tiene como fin despojarlo de hasta el último centavo, y hasta de su vivienda. Al mismo tiempo reclamamos un inmediato plan de urbanización y de viviendas por ejecución directa, tanto de la provincia como de los municipios, bajo control de los trabajadores y vecinos. Que sirva para refuncionalizar los galpones de obras municipales en contra posición del lucro privado que existe hoy con las constructoras.

Con esta línea nos largamos a una gran campaña por los barrios de toda Mendoza para abrir curso a una deliberación que dé salida a la clase obrera ocupada y desocupada que imponga su agenda y le propine una derrota a los planes fondomonetaristas de Cambiemos y el peronismo.