El anuncio del aumento de las tarifas del gas, con temperaturas que promediaban los 10°C, acrecentó el malestar popular. Pero lo que transformó la bronca en una poderosa fuerza contra el tarifazo fue la llegada de las primeras boletas con hasta el 1.000% de aumento.

Algunas boletas rondaban los 1.000 pesos, ni hablar de pequeños negocios familiares como panaderías y rotiserías que proliferan en las barriadas. La idea de que el interior estuvo financiando los subsidios de los porteños se cayó en menos de un pestañeo de ojos.

Esta fue la base material para el desarrollo de una fuerte deliberación en los barrios y lugares de trabajo sobre cómo enfrentar este nuevo robo.

Sobre esta caracterización, el Partido Obrero, con sus concejales a la cabeza, llamó a poner en pie asambleas y reuniones para trasformar la indignación y bronca en una gigantesca movilización contra una nueva confiscación de los ingresos de las familias trabajadoras. En algunos lugares esto comenzó a tomar forma.

La ONG “Protectora” presentó en el juzgado Federal N° 2, de Mendoza, una impugnación para detener judicialmente el aumento de las tarifas. El espíritu de la presentación es impugnación el procedimiento formal, por el cual se habilita el aumento, por no respetar lo normado convocando  audiencias públicas y respetando los plazos.

Impugnación

Al mismo tiempo los parlamentarios del PO-FIT, con la diputada nacional Soledad Sosa a la cabeza, presentamos al mismo juzgado una impugnación destacando los enormes beneficios que obtuvieron las empresas distribuidoras de gas mediantes grandes sumas de dinero bajo la modalidad de subsidios, que ahora pretenden descargar sobre el bolsillo de las familias trabajadoras. Nuestra acción se concentró en reforzar la acción de las barriadas.

La jueza federal que entiende en la causa estableció un fallo donde limita el aumento, por tres meses. Incluso el mismo oficialismo radical salió a respaldar esta medida, contra las declaraciones de los funcionarios nacionales que pretenden ir contra el fallo.

Los K que “resisten con aguante”, buscan presentar este fallo como su victoria pero la realidad es que las declaraciones del gobierno provincial y la resolución de la Jueza federal contra el tarifazo buscan descomprimir una creciente tensión social, fruto de reducciones salariales por decreto, despidos e incluso represión.

Ahora está planteado impulsar más fuerte que nunca asambleas y reuniones en todos los barrios para derrotar definitivamente el tarifazo del gas, pero también los de la luz, agua y demás. Al mismo tiempo, que empezar a discutir y resolver sobre cuáles son las necesidades de las barriadas como la urbanización y la puesta en marcha de un plan de obras públicas para la construcción de viviendas.