El gobernador Rodolfo Suárez advirtió que no va a girar la coparticipación a los municipios. Según él porque “concentrará esos fondos en la lucha contra el coronavirus”. Esta afirmación choca de frente con las asambleas y reclamos de prestadores y contratados de los principales Hospitales de la provincia, que reclaman el pago a tiempo de sus salarios.

Suárez intenta disimular que acordó con el resto de los gobernadores y el presidente Alberto Fernández un plan de pago de la deuda externa que contempla recortes en todas las áreas y concentrar los recursos nacionales en el pago a los buitres y la banca financiera internacional.

Municipios quebrados

Se encienden todas las luces de alarma en las gestiones comunales. Con una caída estrepitosa de la recaudación, centralmente de ABL, tasas municipales y multas, se profundiza la dependencia de los fondos coparticipables nacionales y provinciales.

La caída de recaudación es un fenómeno general, que se insinuaba desde enero. Durante marzo se profundizó fuertemente, tanto en la provincia como en la Nación.

La suma de los fondos de coparticipación provincial y nacional, en relación a los ingresos corrientes, implica hasta un 70% en el caso de los municipios más grandes y hasta un 95% en los casos de los municipios más pequeños.

Esta situación no ha significado la suspensión o anulación de contratos multimillonarios con empresas tercerizadas, como Santa Elena, o distintas constructoras. En el caso de Guaymallén, por ejemplo, el Concejo Deliberante votó la indexación al dólar el costo de las obras.

Los intendentes, sobre todo del Gran Mendoza, pretenden mostrarse activos frente a la pandemia. Se trata de un montaje para la opinión pública pues los basurales, la falta de agua potable en zonas enteras, el déficit habitacional y la urbanización no se modifican en nada.

Como parte de este montaje han convocado a los trabajadores municipales a sus puestos. La inmensa mayoría no cumple tareas prioritarias, sin embargo se los deja sin cuarentena y, lo que es peor, no se les provee de materiales de protección.

Como se ve, los intendentes no se preparan en primer lugar para el momento más difícil de la pandemia y en segundo lugar para hacer frente a las consecuencias de la catástrofe económica en curso.

¡Alerta municipales!

En este cuadro están en peligro los salarios y puestos de trabajo de miles de municipales. Esto requiere impulsar la más amplia deliberación en los galpones y edificios en primer lugar para establecer el reclamo de la continuidad de la cuarentena de los sectores no esenciales y la provisión de barbijos, guantes, botas, ropa, mascarillas y todos los elementos de protección para quienes sí tengan que trabajar.

Es urgente tomar medidas de emergencia como la suspensión de los contratos con las constructoras, sobre todo las que están indexadas al dólar;, establecer el fin de la tercerización y privatización de sectores enteros de los municipios, como obras y limpieza.

La situación plantea la necesidad de refuncionalizar los galpones de servicios públicos, espacios verdes y obras públicas prioritariamente. El municipio debe tener un carácter productivo para la comunidad y no ser el garante de los negocios menores de empresas y constructoras, esto requiere un reordenamiento de las prioridades y por lo tanto de las relaciones sociales.

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