El gobierno de Mendoza confirmó que el pago del aguinaldo comenzará a efectuarse recién desde el mes de septiembre y en forma escalonada, de acuerdo al monto de los ingresos percibidos.

En septiembre cobrarán quienes perciban menos de $40 mil pesos de bolsillo; en octubre, los de sueldos de hasta $60 mil, en noviembre los de hasta $80 mil y en diciembre quienes perciban más de $100 mil pesos y funcionarios.

Esta medida significa un salto en calidad del ataque a los trabajadores, luego de los antecedentes de reducciones salariales a empleados de la Agencia Tributaria Mendoza, de las barreras fitosanitarias (Iscamen) y del Instituto de Juegos y Casinos. El gobernador Rodolfo Suárez mete mano en el ingreso de los estatales, modificando de forma unilateral las condiciones de remuneración.

Estamos frente a una reducción, vía inflación, del salario y el aguinaldo. Los trabajadores del Estado tienen congelados sus salarios desde el mes de diciembre. Suárez suspendió las paritarias unilateralmente y no estableció ningún aumento en 6 meses. Esta política significa una reducción del poder adquisitivo que en algunos casos llega al 55% del salario, sin distinción de gremio -y confirmando lo falaz de la “cláusulas gatillo”, que claramente no se gatillan.

La inflación, en el cálculo más optimista, no sería menor al 45% anual. Así, quienes cobren su aguinaldo en septiembre habrán perdido más de un 11% del mismo, y más de 22% quienes lo hagan en diciembre.

Todos bancan a “Rody” Suárez

Los intendentes del Frente de Todos de San Rafael y Malargüe habían anunciado que pagarían en tiempo y forma el aguinaldo. Pero luego de una reunión en Casa de Gobierno con Suárez, todos los municipios, incluidos los gobernados por el Frente de Todos, se plegaron a la decisión del gobernador de pago escalonado y atrasado.

La confiscación del ingreso de los trabajadores se trasforma en política de Estado. Unos y otros priorizan los acuerdos con los acreedores por encima de la necesidades populares. La única oposición, como no podía ser de otra forma, es la del Frente de Izquierda.

La provincia viene ejecutando la misma orientación que Nación frente a los vencimientos de intereses y capital de la deuda provincial. Hace algunos días, Mendoza canceló los vencimientos de intereses de deuda provincial bajo jurisdicción nacional, centralmente con Anses y el Banco Nación, ambos bajo la órbita de Alberto Fernández. Pero lo que es más importante: “reperfila” la deuda en dólares al ritmo de Guzmán, cediendo a todos los reclamos del gran capital.

Otro aspecto no menor, es que una posición unificada de los gobiernos municipales con la provincia es un guiño al capital privado para pagar en cuotas o no pagar el aguinaldo -algo que viene reclamando a cuatro vientos.

El 16, a Casa de Gobierno

El anuncio del gobierno provincial es la crónica de una muerte anunciada, que requiere la respuesta más contundente posible de parte de la organización de trabajadores. Frente al fracaso rotundo de la virtualización de los reclamos, cobra doble valor la convocatoria que vienen preparando el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), la CTA Autónoma y la Coordinadora Sindical Clasista para el martes 16, en consonancia con la acción del Plenario Sindical Combativo en todo el país.

La acción, frente a Casa de Gobierno, busca darle un cauce autónomo al reclamo de los trabajadores que atraviesa la provincia. Es el caso de los prestadores autoconvocados de salud, que vienen de imponer un triunfo parcial al conseguir el reconocimiento de 2.100 compañeros en planta transitoria. De los profesionales de la salud autoconvocados, que reclaman por insumos y medidas de seguridad, al mismo tiempo que denuncian la precarización del área. De los trabajadores municipales, que enfrentan en los galpones las apretadas de funcionarios y punteros para salir a trabajar “voluntariamente”.

En este cuadro es destacable la acción callejera de la seccional Las Heras de la gremial Sute, de hace algunos días, por aumento de emergencia, la cobertura de cargos vacantes y contra la precarización laboral que significa la virtualización de las tareas, entre otros reclamos.

Frente al cuadro impuesto por el gobierno radical y la “oposición” del Frente de Todos, se impone la unidad por debajo de los trabajadores para defender el salario y rechazar el pago de la usurera deuda provincial.