“Vamos a llamar a todos, sindicatos, fuerzas políticas, iglesias y ciudadanos para ver cómo salir de esta situación y proyectarnos para que vivamos cada vez mejor”, de esta forma el gobernador Rodolfo Suárez adelantó la convocatoria que realizará en el discurso de inicio de sesiones legislativas. Convocará a un Consejo económico, social y ambiental.

Este Consejo no tiene por finalidad enfrentar los niveles escandalosos de desocupación, los despidos, recortes salariales y sueldos de miseria. Tampoco discutirá una salida para los pequeños comercios que están virtualmente quebrados o al borde de hacerlo.

Rodolfo Suárez se ha subido al tren de Alberto Fernández que proclama que estamos todos en el mismo barco. Que empresarios, la iglesia, trabajadores debemos hacer un esfuerzo, pero existe una diferencia notable entre el “esfuerzo” de IMPSA o los bodegueros, que ven reducida su ganancia, al esfuerzo que hacen los trabajadores, perdiendo sus puestos de trabajo o cobrando hasta el 50% menos de su salario. A esta altura no se puede hablar de esfuerzo por parte de los trabajadores: estamos frente a un derrumbe brutal de las condiciones de vida de los trabajadores.

Todos juntos

Este intento de “unidad provincial” no tiene viabilidad en un escenario dominado por la guerra comercial, es inevitable que se traslade a la disputa por los escasos recursos de la provincia. No alcanza para mantener el festival de obras indexadas al dólar para todas las constructoras. ¿Quién se queda afuera?

El caso del comercio es más emblemático. El cierre de comercio no es patrimonio del Covid-19, es un fenómeno que se arrastra desde varios meses, la cuarentena profundizó y aceleró. Los pequeños comerciantes son ahogados con impuestos y reglamentaciones municipales, la especulación inmobiliaria y su consecuente aumento de alquileres completa el cuadro. Al mismo tiempo los grandes supermercados, ferreterías o comercios cuentan con excepciones impositivas. En algunos casos se les facilitan obras para su instalación, como es el caso de Sodimac en Guaymallén.

En un cuadro de fuerte depresión económica, del cuestionamiento del mismo ejecutivo al pago de salarios estatales y los recortes en Juegos y Casinos, ATM, Las Heras y Guaymallén. Con las patronales pidiendo que el Estado se haga cargo de sus deudas, subsidios y la posibilidad de rebajar salarios y despedir a gusto es que el consejo económico y social está llamado a jugar un papel abiertamente antiobrero.

La creación del consejo social pretende esconder las contradicciones de clase, pretende esconder que las grandes patronales vienen reduciendo costos mediante la confiscación del salario o despidos.

Las conducciones sindicales y las organizaciones de lucha deben rechazar su integración, pues esta significa atar de pies y manos los reclamos de los trabajadores y sectores populares.

Medidas de emergencia en defensa del trabajo y el salario

Las medidas de emergencia deben comenzar por la defensa del trabajo y el salario, de lo contrario la crisis y la tendencia a la quiebra se van a profundizar. Si algo ha puesto en evidencia la situación de cuarentena es que sin trabajadores es imposible la reproducción del capital.

En segundo lugar se impone la suspensión del pago de la deuda provincial y el reclamo a la Nación para que proceda del mismo modo. La gestión provincial se esmera en respetar una deuda frente a una caída fenomenal de los ingresos provinciales, al mismo tiempo amenaza a los estatales con pagar con cuasimonedas o proceder a descuentos.

La centralización del sistema sanitario, para lo cual es necesario un comité de trabajadores y profesiones de la salud. Tomar control de todas las instalaciones sanitarias, laboratorios y demás de la provincia. Garantizar un salario mínimo igual a la canasta familiar indexado por inflación y el pase a planta de todos los trabajadores contratados, prestadores y de tercerizadas.

La ejecución de todas las obras por administración directa de municipios y provincia, la suspensión de todos los contratos con privados. Para lo cual es necesario establecer el control de todos los recursos y maquinaria de obra para la construcción de viviendas, urbanización de las barriadas más postergadas, la refacción y ampliación de Hospitales y escuelas.

La puesta a funcionar de las fábricas alimenticias, cerradas en el último período, estableciendo que los proveedores de primera mano sean las organizaciones campesinas y familias de productores.

El consejo económico, social y ambiental tiene por objeto funcionar como un corsé frente a las necesidades populares, tiene por objeto intentar amortiguar las fricciones que comienzan a profundizarse. Le oponemos una intervención independiente del pueblo explotado de Mendoza bajo la dirección de los trabajadores.