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Como parte de la alharaca del gobierno nacional contra Repsol (mientras el país importa recursos energéticos por más de 10 mil millones de dólares), Paco Pérez, el gobernador mendocino ultra K, le quitó la concesión de dos pozos a Repsol en Mendoza. Se trata de pozos prácticamente agotados que con suerte todavía tendrían reservas de crudo.

Lo concreto es que la refinería de Luján de Cuyo -que concentra el 22% de la producción de YPF (y la segunda después de La Plata)- sigue en manos de Repsol.

Toda la pelea con el pulpo petrolero termina en una cuestión fiscal. El gobierno plantea un nuevo sistema digital de control de extracciones. La compra e instalación de los aparatos le costará a la provincia poco menos de 3 millones de dólares y le garantizaría ampliar los fondos en concepto de las regalías que actualmente recibe.

Paco Pérez ni siquiera mencionó el decreto de renovación de extracción y procesamiento de crudo -el que le otorga la licencia principalmente a Repsol y, en menor medida, a otras compañías hasta 2027, el cual fue firmado por el anterior gobernador K, Jaque.

El toreo contra las YPF es un chiste, lo que no es gracioso es que de casi dos mil obreros de actividad directa en la refinería de Luján de Cuyo, sólo 800 son empleados directos por Repsol-YPF -lo cual significa que más de la mitad están trabajando para tercerizadas, con convenios flexibilizados y a la baja, sin las condiciones de higiene y seguridad.

El Partido Obrero plantea: nacionalización integral de la industria petrolera. En el caso de YPF, el Estado debería reclamar una indemnización a Repsol por el fraude cometido con la privatización (la empresa se compró a precio irrisorio, mediante deuda externa y a través del desguace casi completo de la flota e instalaciones de YPF) y por el saldo negativo que deja la diferencia entre aportes de capital y utilidades extraídas, así como por los inmensos daños ambientales. El mismo método deberá aplicarse al conjunto de la industria petrolera: aportes menos beneficios y daños ambientales, mediante una evaluación a cargo de comités de trabajadores y especialistas inscriptos en las luchas nacionales. Basta de trabajo en negro, flexibilizado y tercerizado; pase a planta de todos los contratados.