Ls cruces por el estado de salud del centenario juez Carlos Fayt constituyen un nuevo capítulo en la disputa por el control del Poder Judicial.

 

Los cuestionamientos a Fayt surgen con fuerza tras el fracaso en el Senado del pliego del ignoto candidato oficial a la Corte, Roberto Carlés, de la re-reelección de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal y del rechazo definitivo de la Corte a la lista de conjueces que el oficialismo había hecho aprobar en el Congreso.

 

La ley actual establece en cinco miembros la composición de la Corte Suprema. Actualmente, tras el alejamiento de Eugenio Zaffaroni, la componen cuatro jueces. La movida del gobierno apunta a forzar una nueva vacancia y obligar a la oposición a negociar la designación de dos nuevos miembros, para lo cual es necesario reunir una mayoría especial de dos tercios en el Senado. El plan A de la camarilla K es lograr el alejamiento de Fayt y ha presentado pedidos de juicio político contra él en la Cámara de Diputados. La alternativa de intentar ampliar la cantidad de integrantes de la Corte, para la cual basta una ley aprobada por mayoría simple, habría sido descartada por el momento, ya que no resuelve el punto de la negociación con la oposición para la designación de los nuevos jueces.

 

Sin dudas, la camarilla nac&pop pretende “blindar” su salida del poder frente a las causas judiciales que la agobian. Especialmente, las que rodean a CFK y a su círculo íntimo por el lavado de dinero a través de sus hoteles en Calafate. La declaración de la Corte de “cosa juzgada fraudulenta” en el caso del sobreseimiento del ex juez Galeano por su rol en el encubrimiento del atentado a la Amia encendieron las alertas. Al gobierno lo atormenta la posibilidad de que Bonadio u otros jueces apelen a esa figura para reabrir causas por enriquecimiento ilícito contra la Presidenta en las que había sido sobreseída sin mucho trámite por el juez Oyarbide.

 

La Corte renovada

 

La renovación de la Corte Suprema durante el primer gobierno de Néstor Kirchner fue saludada y apoyada por todos los bloques políticos patronales. El fallo supremo que avaló la pesificación de los ahorros, convalidando una gigantesca confiscación a favor de los banqueros, alcanzó para que la burguesía exaltara a la nueva Corte Suprema como baluarte de la República.

Con la declinación política del gobierno, la Corte asumió un rol de arbitraje excepcional. Entre otros, se destacaron sus fallos a favor de Chevron frente a las demandas por contaminación para llevar “tranquilidad a los inversores” en la explotación de Vaca Muerta y la convalidación de la ley de Medios conjuntamente con la ampliación de los plazos para la “desinversión” de Clarín, forzando un entendimiento entre el gobierno y la “corporación”.

 

La Corte Suprema emerge como árbitro en el marco de una crisis política excepcional, que lleva un largo tiempo de desarrollo y que se caracteriza por la disgregación de los bloques políticos de la burguesía y los cambios de frente precipitados por la bancarrota económica.

 

Ese rol reservado para la Corte por la Constitución Nacional retrata la incompatibilidad del actual régimen político con un funcionamiento democrático. El “control de constitucionalidad” está en manos de un cuerpo vitalicio al margen de cualquier control popular y colocado por encima del parlamento. Los tironeos entre oficialistas y opositores en torno al decrépito juez Fayt -que como “prueba de vida” dio una entrevista de tres minutos a una radio- abrevan en esta pelea de camarillas y conspiraciones cruzadas por el control del poder Judicial, consagrado como garante de última instancia de los intereses generales de la clase capitalista.

 

La Corte Suprema argentina no tiene ninguna “tradición republicana” para reivindicar, desde que proclamó la legalidad del golpe que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930 a esta parte, reconociendo la “continuidad jurídica” del Estado entre dictaduras militares y gobiernos constitucionales.

 

El único bloque político que plantea la elección y revocatoria de jueces y fiscales en todos los estamentos, incluida la Corte Suprema, por el voto popular es el Frente de Izquierda.