Mestre convocó a elecciones para gobernador para el 20 de diciembre, con 7 meses de anticipación, desdoblándolas de las elecciones nacionales y pegadas a la elección interna de la Alianza (29 de noviembre). Mestre, que busca su reelección, apresuró la convocatoria (que insumirá millones de pesos) para condicionar la interna aliancista y adelantarse al derrumbe de la provincia.

Corrupción

En Córdoba, la interna de la Alianza no ha despertado grandes expectativas, ya que el gobierno radical es un calco de toda la furia antiobrera del menemismo. El Frepaso, además, se encuentra partido en veinte pedazos, con un sector que colabora abiertamente con el gobierno. Obregón Cano, senador por el Frepaso, sostuvo que “con la propuesta de (Chacho) Alvarez (de llegar a un acuerdo para las elecciones del 20 de diciembre) se debilitan las chances en Córdoba de Graciela Fernández Meijide en los comicios internos del 29 de noviembre” (La Voz del Interior, 25/9).

Si bien todos los partidos cuestionan el apresuramiento de Mestre, nadie ha denunciado que se trata de un acto de brutal corrupción política. Se gastarán millones de pesos de los fondos públicos en función de los intereses del radicalismo en la interna aliancista y la ciudadanía de Córdoba será el ‘conejillo de Indias’ de esta maniobra.

Quiebra

El adelantamiento de las elecciones obedece también a lo que es un secreto a voces: las finanzas provinciales están al borde de la quiebra. Como lo señalamos en Prensa Obrera Nº 600, “en pocos meses las finanzas provinciales podrán quedar ‘secas’…”. El Fondo Fiduciario, creado para recuperar los 800 millones (más intereses) que les quedaron de ‘clavo’ a los bancos provinciales, ha derivado en un escándalo que involucra al propio Mestre, ya que el titular del Fondo es un abogado recién recibido, amigo de su hijo. A las escasas posibilidades de recupero (los cálculos más optimistas no creen que se lleguen a cobrar 100 millones) se agregó una jugosa comisión para los gestores del Fondo: un 20%. Los dineros del Fondo estaban destinados a la capitalización del Banco Provincia (para su posterior privatización) y al tesoro provincial, con la garantía de los ingresos por coparticipación federal.

Más grave aún es la situación de la industria metalmecánica. Las terminales y las autopartistas están suspendiendo a los trabajadores y no renuevan los contratos. La ‘ilusión’ de crear un polo industrial ha terminado en un fiasco: millones de dólares en subsidios, exenciones impositivas e infraestructura para facilitar el desembarco de las multinacionales no han servido más que para rebajar salarios, aumentar la explotación e incrementar la miseria.

Las elecciones del 20 de diciembre les plantean a los trabajadores el dilema de todos los días: romper con los partidos patronales y estructurar su propia organización política.