El derrumbe del gobierno es imparable. Ha estallado un escándalo como consecuencia de la denuncia de la esposa del legislador Poliche (ex bussista) de que éste y 26 legisladores más recibieron coimas del Ejecutivo para que aprobaran la ley de necesidad de reforma de la Constitución provincial. Los legisladores nacionales tucumanos del PJ, el FR y el Ari han reclamado la intervención federal de Tucumán. Paralelamente, otras investigaciones están sacando a luz toda una cadena mafiosa en la Legislatura y entre los funcionarios del Ejecutivo, que desviaba fondos destinados a los comedores escolares, a la ayuda social y en la administración del presupuesto de la Legislatura.

En su oportunidad, el gobierno promovió el desplazamiento del fiscal anticorrupción Jerez (quien hoy vuelve a llevar el curso de las investigaciones), lo que terminó detonando, el 23 de abril, una pueblada. Hoy se plantea un escenario similar, pues desde el gobierno han comenzado los aprietes al fiscal y a los jueces. Todo esto en un marco de quiebra financiera del Estado, que ha llevado a que el gobierno no ha completado el pago de los salarios de junio y tampoco ha anunciado un cronograma para pagar julio, teniendo paralizada la conversión del Bocade desde hace dos meses. Por eso el gobierno provincial ha anunciado el recorte de un 13% de las partidas destinadas a los comedores comunitarios, la reducción en un 50% de la provisión de la copa de leche, y se prepara un paquete que afectará directamente los ingresos de los empleados públicos y la docencia.

Frente a este panorama explosivo es necesario un congreso de delegados de todos los sindicatos y organizaciones piqueteras para resolver la huelga general, la toma de reparticiones, para echar al gobierno responsable del vaciamiento provincial y para que el poder pase a manos de una Constituyente libre y soberana.

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