“Modernización”: un plan para flexibilizar a los estatales


Bajo el pomposo título de “Cambio en el Estado: obligan a los empleados a capacitarse y rendir examen”, el diario La Nación (6/2) presentó las “novedades” de la ofensiva contra los trabajadores estatales que impulsa el gobierno.


 


No deja de ser risible que una gestión cuyo ministro de Medio Ambiente declara no tener “conocimiento técnico ni profesional en el área” haga gárgaras con la “idoneidad” y el “mérito”.


 


En realidad, la “capacidad” les importa un bledo: tras esos eufemismos se encuentra una ofensiva antiobrera. En el Estado, esta tentativa flexibilizadora fue clarificada por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en un reportaje que acompaña el citado artículo, en el cual anticipa que van por el salario “atado al cumplimiento de objetivos”. Una genuina “modernización” de un país atrasado como el nuestro implicaría desarrollar la industria, la salud, la infraestructura; en manos de la clase capitalista, por el contrario, significa retrotraer las relaciones laborales a niveles superiores de explotación. El plan oficial debe ser rechazado en su totalidad.


 


En primer lugar, la “jerarquización del empleo público” sólo puede arrancar modificando las condiciones laborales, hoy en paupérrima situación.


 


El gobierno no se propone terminar con los contratos precarios, que inundan todos los niveles del Estado (nación, provincias, municipios) y consagran la inestabilidad laboral, la confiscación de derechos (aguinaldo, antigüedad, licencias) y los salarios de miseria –lejísimo de los mentirosos 30 mil pesos promedio que “informa” el diario, sin reparar que, un mes atrás, informó con datos duros sobre el brutal retroceso en el ingreso de los estatales. La implementación de “cursos y capacitaciones” ya existe en el Estado, aunque en forma desigual; se busca profundizar una ruta que gobiernos anteriores ya recorrieron. Allí donde se aplicó a fondo, sirvió para dividir a los trabajadores, que cobran salarios diferentes aunque realicen la misma tarea; conculcar derechos consagrados, como la antigüedad y la carrera; reforzar la arbitrariedad patronal de jefes y coordinadores, ejecutores últimos y discrecionales de los “puntajes”. Una enfermera que trabaja en turno noche de un hospital con este régimen es obligada a quedarse durante el día para los “cursos”, so pena de estancarse indefinidamente en su carrera –lo cual ocurre indefectiblemente, salvo que trabaje 24 horas diarias. Esta opresión espantosa es la que defienden el macrismo y también los gobernadores que aplican medidas similares en sus provincias.


 


Los trabajadores del Estado necesitamos otra cosa: en primer lugar, el pase a planta de todos los precarizados y el fin de los contratos basura; un salario mínimo igual a la canasta familiar –hoy las categorías más bajas no llegan a la mitad de ella– y una escala móvil, respetando la antigüedad y el desarrollo de la carrera para todos.


 


Los sindicatos de estatales deberían estar impulsando la lucha contra esta declaración de guerra, pero ocurre lo contrario.


 


Sin empacho, Andrés Ibarra, el “modernizador”, les propone discutir “ahora, fuera de la paritaria”, para alcanzar “consensos”. UPCN pisa fuerte en este terreno, porque habilitó los despidos, y firmó en la Provincia de Buenos Aires una de las paritarias más ruinosas del país –18% en cuotas– que pretende ser utilizada como “modelo” por el gobierno. Por el lado de ATE Nacional (Verde), su secretario general, “Cachorro” Godoy, declaró a la agencia Télam  que “el personal de la administración pública ´está comprometido y capacitado´ y que “todo anuncio en ese sentido ´es positivo´”, pero “el problema es que se realiza en un marco en el que la línea principal del Gobierno es el ajuste”. Prácticamente un llamado al “diálogo” para discutir el plan del gobierno. En cambio, no se conoce reunión o plenario del sindicato desde hace meses. Mientras tanto, los kirchneristas de la Capital (Verde y Blancos), dejaron pasar los despidos en Educación, con un “paro indefinido” testimonial que ni siquiera cumplían sus delegados.


 


Las agrupaciones, juntas internas y delegados combativos debemos deliberar en torno a una orientación distinta, que incluya acciones para sacar de la parálisis al gremio. Empecemos por reuniones y asambleas en las dependencias.