Políticas

11/5/2020

Morales acompaña la fase 4 con flexibilización laboral y represión

A finales de abril, el gobierno jujeño encabezado por el radical Gerardo Morales logró aprobar en la legislatura jujeña, el decreto 786, dándole forma a la ley 6.168. La misma es el resultado de un extenso lobby patronal por levantar la cuarentena, impulsando una gran flexibilización laboral tanto a trabajadores estatales como privados, autorizando a los ciudadanos a circular según su número de DNI, siempre y cuando se limite a acceder a sus puestos laborales. Para garantizarlo, el mismo proyecto se valdrá de un enorme control a su población mediante el “big data”.


Esta medida sería un paso adelante a la política represiva de despliegue de las FF.AA. llevada adelante por el gobierno nacional, ya que a partir de esto, el gobierno provincial jujeño tendrá la posibilidad de rastrear los pasos de cada uno de sus ciudadanos, alentando incluso a que los ciudadanos y comerciantes denuncien a quienes incumplen la cuarentena. La ley, ya aprobada por la legislatura provincial, da lugar a un Comité Operativo de Emergencia (COE), que será quien en común con la policía, estará a cargo de este patrullaje. El mismo, contará para sus tareas con les empleades estatales provinciales, eliminando cualquier convenio colectivo de trabajo y estableciendo que les mismes deben estar a plena disposición del COE.


Una ley a pedido de la familia Blaquier: contra los derechos de estatales y privados


Le medida lejos está de buscar salvaguardar la salud de les jujeñes, sino que busca garantizar la vuelta a la actividad productiva. Morales ha sido uno de los primeros en actuar de vocero de la clase capitalista en “defensa de la productividad”. Esta medida busca canalizar el reclamo de las patronales jujeñas, quienes a través de despidos o la retención de sus productos, han atentado desde el día 1 contra la cuarentena. Como no podía ser de otra manera, quien encabeza este accionar es la familia Blaquier, propietaria del Ingenio Ledesma. A las ya conocidas denuncias de explotación a los trabajadores de ingenio azucarero, explotación infantil inclusive, la familia ha sumado a su ya repudiable currículum la negativa de entregar a precio de mayorista el azúcar que se produce en sus ingenios, agravando la situación de desabastecimiento que hace cada vez más dramática la situación en los barrios y comedores populares. A esto se suma la reducción salarial del 30% a sus trabajadores papeleros y la suspensión sin salario de más de 500 trabajadores rurales estacionales, quienes ya habían firmado su contrato para trabajar en los ingenios azucareros. Lo que es interesante es que la misma ya nos ha ofrecido lamentables muestras de las garantías higiénicas que las patronales ofrecen en la vuelta al trabajo, brindando a sus trabajadores barbijos inservibles.


Al mismo tiempo, la creación del Comité Operativo de Emergencia avanza hacia una profunda flexibilización contra el conjunto de les trabajadores estatales. Ocurre que la misma contará para sus tareas con les empleades estatales provinciales estableciendo que les mismes deben estar a plena disposición del COE para la realización de cualquier actividad, ya sea tomando la fiebre, como incluso también de tareas de control de la ciudadanía como el pedido de DNI a cualquier ciudadano que circule. Esta medida anula cualquier convenio colectivo de trabajo, forzando al conjunto de les trabajadores estatales a realizar una gran cantidad de actividades que se encuentran por fuera de las que corresponden a sus cargos, al mismo tiempo que mantienen el mismo nivel salarial previo.


Estado policial


Como ya ha sido mencionado, esta ley da lugar a un Comité Operativo de Emergencia (COE), que será quien en común con la policía, estará a cargo de este patrullaje. Este rastrillaje virtual representa sin dudas una profundización del ciberpatrullaje impulsado por la ministra de Seguridad nacional Frederic, realizándose en el caso jujeño mediante la aplicación de Big Data Simmov, permitiendo tener un monitoreo del movimiento de todes les ciudadanes. Es evidente que la utilización del big data tiene un sesgo de clase: lejos estará de controlar los despidos y los incumplimientos de los protocolos que deberían aplicar bajo la cuarentena los Blaquier y compañía, sino que busca establecer y consolidar un estado policial contra les trabajadores, que garantice que pasen los ataques que la propia clase capitalista llevan adelante contra el salario y la salud. Morales sabe que, para que la flexibilización propatronal subsista, necesita acentuar la represión que el Estado ejerce sobre sus trabajadores, quienes a lo largo y ancho del todo el país, empiezan a organizarse contra esta situación.


La pandemia, lejos de poner a los gobiernos nacionales y provinciales al servicio de las necesidades populares, los ha mostrado una vez más como canales de los reclamos de las grandes patronales.