Han recorrido todo el país las imágenes de la represión del corte en San Pedro y de la detención arbitraria de obreros, mujeres y miembros de la comisión directiva del sindicato azucarero del ingenio La Esperanza, SOEA.

Los detenidos permanecieron incomunicados, bajo un régimen “especial”, dispuesto por la Fiscal Silvia Farall y avalado por el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por el cual sólo se permiten las visitas de familiares directos, y no de organismos de derechos humanos, diputados o fuerzas políticas; y sometidos a un maltrato constante.

En Nochebuena, fueron liberados 21 de los 25 compañeros. Los familiares habían decidido pasar la Navidad acampando en el centro judicial de San Pedro y el gobierno tuvo que echar lastre. Sin embargo, los dos principales dirigentes del sindicato del Ingenio permanecen privados de su libertad, junto a otros dos trabajadores.

La lucha del Ingenio La Esperanza es, estos momentos, la gran batalla del movimiento obrero del norte del país.

Privatización y ajuste

Desde 2016 el gobierno plantea la necesidad de vender el ingenio –que antes el grupo Roggio lo había arrendado durante dos años- a un grupo privado, Omega. Éste pone como condición de compra reducir drásticamente el número de obreros de su planta. El gobierno intentó reducir la planta de obreros en la Esperanza de mil a menos de 600 trabajadores a principios de año; sin embargo, una enorme lucha de los obreros logró una victoria al mantener todos los trabajadores hasta la finalización de la zafra 2017. Los trabajadores denuncian que una dotación de 600 obreros es insuficiente para hacer producir al ingenio y especulan con la posibilidad de que no muela durante 2018 y 2019, mientras se realicen las supuestas inversiones prometidas por el grupo comprador.

El gobernador Morales se encontró con una firme resistencia de los trabajadores. Recientemente, lanzó una extorsión pública sobre los obreros, planteando que iban a cobrar el sueldo sólo si aceptaban un esquema de 170 jubilaciones y el pase al Estado de 338 obreros, a los cuales propone enviar a fincas ubicadas a más de 40km de sus hogares, sin tareas fijas. Morales luego dijo que tenían que vender azúcar y alcohol para pagar los salarios. Sin embargo, los obreros denuncian que no hay ni una bolsa de azúcar en el ingenio y, como máximo, unos 40.000 litros de alcohol (aproximadamente se vende por $600.000, cifra insuficiente para pagar los salarios). Han retirado toda la producción del ingenio, el gobierno no abre los libros de la empresa.

El grupo inversor Omega ha realizado un “compromiso de compra” del ingenio a precio de remate: U$S85 millones de dólares por el ingenio, 7 0mil hectáreas de tierra y más de mil inmuebles. Omega no tiene liquidez para comprar el ingenio. El compromiso de compra depende a su vez de la venta de otra empresa del grupo, Nikoil Energy Corp, y por eso no procedió a la compra directa. El grupo Omega ni siquiera tiene CUIT o domicilio legal en Argentina todavía. 

Represión

El lunes 18, los obrero del ingenio realizaron un corte de ruta en reclamo del pago del mes de noviembre y el cierre de zafra, luego de agotar todas las vías administrativas de los reclamos, y contra los despidos. El corte se realizó en la ruta a la altura del Arrayanal y se mantuvo hasta el martes, cuando el Ministerio de Producción por fin les concedió una audiencia. En la audiencia, el gobierno planteó que no tenía recursos para pagar los haberes y que debían esperar a que se vendieran el azúcar y el alcohol remanentes para poder contar con liquidez. Ante esta provocación, a días de las Fiestas, los obreros decidieron llevar el corte al puente de acceso a la ciudad de San Pedro, donde finalmente el miércoles en horas del mediodía la policía produjo la represión policial.

Los obreros se replegaron hacia la ciudad, donde continuó una feroz cacería por las calles de San Pedro. Inclusive fue detenido el abogado del gremio, Dr. Alderete, cuando recorría las comisarias para resguardar la integridad física de los detenidos. El gobierno libró un pedido de captura de toda la Comisión Directiva, que se resguardó en el gremio junto a cientos de obreros y familiares para definir los pasos a seguir.

Finalmente, luego de horas de deliberación, los principales referentes del sindicato, su secretario general Sergio Juárez y gremial, Néstor Bautista, decidieron entregarse a la justicia el mismo miércoles a la noche, mostrando que no tienen nada que ocultar y que han defendido los intereses de los trabajadores; cuando se entregaron, exigieron la liberación de todos los obreros y mujeres detenidos.

En horas de la noche, los detenidos fueron trasladados a San Salvador de Jujuy, y los hombres alojados en la Unidad N° 7 del Penal de Alto Comedero

El gobernador trató a la comisión directiva de “delincuentes” y los acusó de “instigadores”, una figura muy ambigua y que le ha servido al gobierno para detener y procesar a varios referentes políticos, sociales y sindicales de la provincia. Esta represión se empalma con la que se produjo el día lunes 18 frente al Congreso Nacional.

El viernes 22, el gobierno liberó a las mujeres detenidas y depositó el 50% de los salarios de los obreros, comprometiéndose a saldar la deuda la semana que viene. Los obreros continuaron detenidos hasta Navidad y tdavía permanecen presos cuatro.

Con la detención de sus principales referentes, el gobierno ha producido de facto el descabezamiento de la directiva del ingenio, algo que también ha intentado realizar con la del ingenio Ledesma (desconoció las elecciones de renovación de autoridades) y tiene procesados a varios dirigentes de otros gremios.

La ofensavia del gobierno comenzó hace 15 días, con intimaciones judiciales a activistas y obreros de Libertador; entre ellos, a nuestra compañera Paula Retambay y al concejal por el PTS-FIT Miguel López, por el corte de ruta de los obreros en septiembre. Esta medida, que busca amedrentar a los luchadores, se produce luego del histórico paro en las barbas de Blaquier por 24 días; de que el Frente de Izquierda ganara las elecciones municipales y de que una masiva movilización popular hiciera caer el fraude de Morales que pretendía usurpar la victoria electoral del FIT.

Debemos intensificar la campaña nacional por la liberación de los detenidos y una campaña especial por los miembros de la comisión directiva.

Cierre o anulación de todas las causas que pesan sobre los trabajadores.

Ningún trabajador afuera. Ningún despido. Respeto a la antigüedad y categoría.

Cobro de todos los montos adeudados.

Apertura de los libros del ingenio.

Control obrero de los libros y la producción.

Abajo la Ley de Emergencia 5929/16 que habilita despidos y reducción de personal.