El viernes pasado, una vigorosa columna de organizaciones obreras, políticas, estudiantiles y de derechos humanos se movilizó desde el Obelisco hasta la Casa de la provincia de Santa Cruz para exigir la absolución de los petroleros y vecinos de la localidad de Las Heras (al norte de la provincia patagónica), que están siendo juzgados por el crimen del policía Jorge Sayago. En la cabecera de la columna, estuvieron presentes representantes de organismos de derechos humanos, comisiones internas, representantes de la Fuba y del Frente de Izquierda. Entre ellos, Néstor Pitrola, Christian Castillo y Liliana Olivero. Se realizó un acto frente al vallado que la Policía Federal dispuso para bloquear el acceso a la Casa de la provincia. Allí hablaron los representantes de las organizaciones presentes.

Los compañeros de Las Heras enfrentan gravísimos cargos y hasta les cabe la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua por el asesinato de Sayago, ocurrido en el marco de una pueblada en el año 2006. Durante el juicio, los acusadores fueron incapaces de presentar una sola prueba que demuestre su culpabilidad. Quedó al desnudo, en cambio, que la prueba contra los compañeros -en la que se basó toda la "investigación"- había sido forzada mediante apremios y amenazas, y que los imputados mismos fueron víctimas de torturas durante su detención. El fiscal y los representantes del Estado provincial avalaron expresamente los vejámenes.

Claudia Ferrero (Apel) es una de las abogadas defensoras de los compañeros. Está vinculada con la causa desde su origen -en 2006/2007 logró hacer caer las imputaciones contra otros 18 trabajadores-, cuando los gobiernos provincial y nacional (Sergio Acevedo todavía no había roto con los Kirchner) atribuyeron el crimen de Sayago y la rebelión popular del norte de la provincia al Partido Obrero. El viernes, en su discurso frente a la Casa de la provincia de Santa Cruz, Ferrero reiteró el planteo que realizó en su alegato frente a los jueces: este es un proceso manifiestamente ilegal, en el que los "investigadores" deben ser investigados por las aberraciones que avalaron. Ferrero denunció los objetivos políticos de la causa judicial: represaliar al combativo pueblo del norte de la provincia de Santa Cruz, en la víspera de un nuevo ajuste contra los trabajadores.

El 12 de diciembre, la Cámara del Crimen de Caleta Olivia dictará la sentencia y habrá una nueva movilización en todo el país.