16/09/2020 | 1605

Mucho más que una crisis judicial

La anulación del traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resuelta por el Consejo de la Magistratura a instancia del gobierno, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los actuales miembros de la Cámara Federal porteña habían sido trasladados a la misma bajo el gobierno de Macri desde un tribunal oral de La Plata sin la intervención del Senado, quien formalmente debe resolver los nombramientos en la Justicia. Ahora, el Senado se apresta a votar la resolución del Consejo de la Magistratura y el oficialismo cuenta con los votos necesarios para hacerlo. Es por eso que los camaristas recurrieron a la Corte Suprema para que declare inconstitucional la revisión de sus traslados. La Corte, por unanimidad, ha decidido que resolverá sobre el punto.

El conflicto, que sucintamente comentamos, es la punta del iceberg de una lucha por el control de la Justicia. Detrás de este se anidan otros, como el caso del juez Germán Castelli, cuya situación está en el mismo camino que la de Bruglia y Bertuzzi. La que posiblemente tenga la mayor importancia es la pelea que el kirchnerismo, y en particular CFK, está impulsando por la destitución del procurador fiscal interino Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales y que tiene en sus manos como tal la atribución de frenar o impulsar causas judiciales por la implementación del nuevo sistema acusatorio. Más en el tiempo está toda la reforma judicial y la modificación de la Corte. Como se puede apreciar, un conflicto de envergadura.

La situación de traslados para cubrir cargos vacantes sin intervención del Senado incluye a varios fiscales, jueces y funcionarios de peso en el aparato judicial. En los casos que citamos hay un punto en común: todos ellos intervienen en las causas que involucran a CFK y funcionarios de sus gobiernos. A su vez, Bruglia y Bertuzzi son acusados por CFK de haber declarado la nulidad sobre los procesamientos de tres ministros de Macri: Guillermo Dietrich, de Transporte; Nicolás Dujovne, de Hacienda; Javier Iguacel, de Energía, y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, por una estafa de 600 millones de dólares en la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

Sobre esta pelea sobrevuela la pretensión de lograr, por parte de CFK y el kirchnerismo, los resortes para impedir condenas en las causas de corrupción; una pretensión similar tiene un sector del macrismo respecto de las causas que involucran a los suyos. O sea, una pelea para tapar los negociados y corruptelas que les habilitó el control del aparato del Estado. Pero este es un aspecto y no el de mayor peso.

En el marco del derrumbe de la economía y la decisión del gobierno, y del conjunto de la burguesía, de establecer un fuerte ajuste como parte de la renegociación de la deuda y de las exigencias de los bonistas y del FMI, los conflictos planteados son enormes y la Justicia tendrá una intervención decisiva para arbitrar en ellos, por lo tanto, quien la controle tendrá en sus manos una herramienta decisiva para intervenir en la crisis y saldar en favor de sus propios intereses.

La crisis social en marcha plantea un cuadro de conflictos, como está sucediendo con la toma de tierras por la crisis habitacional. Estos se verán agravados por las reformas laboral y previsional en marcha y que se acelerará con los acuerdos con el FMI, que las ha puesto como condición sine qua non.

La depresión está planteando un reguero de quiebras, desconocimiento de acuerdos previos y contratos, donde deberá intervenir la Justicia.

Ni qué decir de las peleas por los fondos coparticipables con las provincias (y dentro de ellas con los municipios) ante los cada vez más escasos recursos fiscales por la caída de la economía y los compromisos con los acreedores. Ya tuvimos la primera manifestación y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta decidió recurrir a la Justicia para que lo ampare ante la quita de un punto de la coparticipación.

De conjunto, allí donde la contención de los gobiernos, la burocracia sindical y la represión no alcancen para encarrilar las manifestaciones explosivas de la crisis ni las divisiones dentro de los propios capitalistas, la Justicia está destinada a ser un aliado decisivo para quien pretenda pilotear la situación. Y pasa directamente a oficiar de  árbitro cuando la situación se desmadre.

La pelea en torno de la Justicia actúa como un factor de crisis no solo entre el gobierno y la oposición sino incluso dentro de la propia coalición gobernante, que por su carácter tricéfalo (CFK, Alberto Fernández y Sergio Massa) es inestable. No es posible un arbitraje de tres, sobre todo cuando no hay para todos y hay que decidir quién termina pagando los platos rotos.

El tema de la Justicia divide a propios y a ajenos, y también traslada la crisis al propio Poder Judicial. Con la aceptación de la presentación de Bertuzzi y Bruglia, la Corte Suprema ha quedado involucrada de lleno en la pelea: si falla en favor de los camaristas, se planteará un conflicto de poderes con el legislativo y en particular con el Senado, pero sobre todo con un “peso pesado” de la coalición gobernante, como es Cristina Kirchner; si, por el contrario, no responde satisfactoriamente al pedido de Bertuzzi y Bruglia o lo cajonea y el desplazamiento se produce mientras se espera el fallo, tendrá una crisis dentro de su propio terreno.

Para los trabajadores, la exigencia de la elección directa de jueces y fiscales, de su revocabilidad y la eliminación de todos los privilegios que acumula la casta judicial política y judicial, es un primer paso para intervenir en la “pelea de la Justicia” con un planteo independiente de los enfrentamientos entre las distintas facciones.

Como se ve, la crisis abierta en torno de la Justicia amenaza con convertirse en una crisis del conjunto del régimen político, y es la consecuencia de la depresión económica, de un derrumbe que se viene desenvolviendo a nivel internacional sin solución de continuidad desde la quiebra de los bancos en 2008. La burguesía argentina no está en condiciones de pelear en esta situación una porción mayor del mercado mundial y, por lo tanto, detener la caída de su tasa de beneficios. El gobierno tampoco tiene todas las condiciones para intervenir: pretende arbitrar en épocas de “vacas flacas”. El agravamiento de la crisis está servido.

Para los trabajadores, la defensa de sus condiciones de vida, el rechazo a las reformas laboral, tributaria y previsional, la lucha contra la desocupación y la caída de sus ingresos, la pelea por defender el derecho a la vivienda, para todo ello necesitan intervenir al margen de las peleas entre las distintas facciones capitalistas, establecer un programa propio, organizarse para defenderlo. Ese es el objetivo de la movilización y el acto del Plenario del Sindicalismo Combativo este 17 de septiembre, y la tarea que se proponen el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

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