Hugo Chávez anunció la estatización “bajo control obrero” de cinco empresas, tres de ellas pertenecientes o con participación del grupo Techint. Dueño del 100% de Tavsa, que fabrica tubos sin costura para el sector petrolero, y de Matesi, que produce briquetas de hierro para el sector siderúrgico, es socio menor de otra siderúrgica, Comsigua. La medida anunciada incluye, además, a Orinoco Iron y Venprecar, otras dos firmas de la industria pesada en manos de BHP Billiton, un grupo australiano-británico.

El anuncio fue hecho en un acto con sindicalistas de la región minera de Guayana, “quienes se hallan en conflicto con esas empresas desde hace más de seis meses” (Página/12, 23/5). Luego del anuncio, el gobierno explicó que el objetivo oficial era estratégico y en función de “integrar en un solo conglomerado el sector de la producción y transformación del hierro” (La Nación, 25/5).

Los trabajadores de las empresas nacionalizadas estaban en un virtual paro desde hace meses, como está ocurriendo también con otros centros fabriles.

El ejemplo de Tavsa (Tubos de Acero de Venezuela) es ilustrativo.

Sidor le vendía los “tochos” con los que fabricaba los tubos sin costura que, a su vez, le vendía a Pdvsa, la empresa estatal de petróleo. PDVSA es hoy una empresa en crisis, por el derrumbe de sus ingresos con la caída del precio del petróleo –60 dólares el barril contra 150 un año atrás– y un fuerte endeudamiento con contratistas extranjeras y nacionales con las que firmó acuerdos de aprovisionamiento en base a aquellos 150 dólares –y que hoy no puede cumplir.

Por estas circunstancias, PDVSA recortó un 20% del salario de sus ejecutivos, congeló los sueldos de sus 75.000 trabajadores y comenzó a demorar el pago a sus proveedores. Entre ellos Tavsa, a quien llegó a deberle “más de 50 millones de dólares durante los últimos seis meses” y que comenzó, a su vez, a demorar sus pagos a Sidor. Finalmente, Sidor cortó la provisión de materia prima a Tavsa y sobrevino la paralización y la reacción obrera (La Nación, ídem).
“En todos los casos, las nacionalizaciones fueron impulsadas por los trabajadores, que acusan a las empresas de retrasos en el pago de los salarios y que ahora, podrán elegir a los gerentes y participar en el plan de producción de cada planta”, según prometió Chávez (Crítica, 23/5).

Un impasse general

PDVSA es responsable del 66% de los ingresos del país. Antes de estas nacionalizaciones, el gobierno había “tomado los activos de docenas de contratistas nativos y extranjeros, en lugar de pagarle deudas por mas de 10.000 millones de pesos” (The New York Times, 20/5).

Por esta razón, el anuncio de que las “nacionalizaciones” serían parte de una decisión estratégica para conformar un gran polo industrial estatal esconde la crisis de conjunto.

Un enorme componente de esta crisis es el (enorme) monto de las indemnizaciones a las empresas que pasan a la órbita del Estado. A las mismas horas en que Chávez proclamaba “el sector briquetero, nacionalícese, no hay nada que discutir”, el gobierno cerraba un acuerdo con el Banco Santander para hacerse cargo del Banco de Venezuela por 755 millones de euros, cuando “el Santander invirtió en dos bancos comprados en 1997 y 2000, un total de 430 millones, por lo que la plusvalía sería de 325 millones”. Además, el banco obtuvo “la autorización para otorgar al Santander la repatriación de dividendos por 220 millones de euros” (El País, 23/5). Antes, el pago de 1.970 millones de dólares a Techint por la nacionalización de Sidor había llevado a un elogio público del capo del grupo, Paolo Rocca, a la presidenta K por sus buenos oficios.

“Venezuela no expropia las empresas… Caracas desembolsó 13 mil millones de dólares en indemnizaciones para las firmas nacionalizadas entre enero de 2007 y fines del año pasado” (Crítica, 24/5). Con la nacionalización de Sidor y del Banco de Venezuela –ex Santander– esa cifra llega a los 16.000 millones, un 70% de la deuda externa venezolana.

La crisis mundial ha puesto al desnudo los límites del nacionalismo burgués. “El ministro de finanzas, Alí Rodríguez, hizo alusión a los 57.000 millones transferidos en los años reciente al Fondo Nacional de Desarrollo. Sin embargo, de acuerdo con las cuentas de este ministro, sólo 6.000 millones quedaban en el fondo al fin de diciembre… Qué pasó con ese dinero aún permanece sin clarificar” (The Economist, 28/3). En el viaje que acaba de culminar en Brasil, Chávez habría recibido del BNDES un crédito de 4.300 millones de dólares para financiar proyectos de empresas brasileñas en Venezuela. “El diario Folha de San Pablo informó que Chávez ofreció al BNDES utilizar las reservas petroleras como garantía de los créditos” (El Nacional, 27/5).

El fracaso de la “burguesía nacional”

Después de diez años de nacionalismo “bolivariano” con ingresos excepcionales por el petróleo, el chavismo no logró impulsar un desarrollo industrial: sigue importando el 70% de los alimentos que consume.

Las nacionalizaciones han sido pagadas a valor de mercado, cuando aún no había estallado la crisis mundial. Con los precios actuales del petróleo, el corazón mismo del funcionamiento económico de Venezuela está en crisis. Esto se manifiesta en especial con las empresas de servicios petroleros, pues los contratos con PDVSA establecen costos y remuneraciones imposibles de pagar luego del derrumbe del precio internacional del petróleo. Los voceros del capital financiero internacional se complacen en destacar que Brasil “ha emergido como un rival en energía, después del descubrimiento de grandes reservas de petróleo y gas en las costas del Atlántico. Ahora está incrementando sus exportaciones hacia los Estados Unidos, el primer cliente de Chávez, mientras la compañía nacional de petróleo enfrenta una declinación en la producción de sus campos” (The New York Times, ídem anterior).

Christian Rath