Políticas

7/11/2016

Narcopolicías en Salta, la descomposición de un régimen

El gobierno de Urtubey intenta minimizar las denuncias

Senadora Provincial


Resonados casos de narcopolicías desnudan por enésima vez la avanzada descomposición de las fuerzas represivas salteñas. Ocho miembros de la división drogas peligrosas, entre ellos un sub comisario, fueron detenidos por la Federal hace una semana. Entre las gravísimas acusaciones se destaca la asociación ilícita, confabulación y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.


 


La reacción inmediata del gobierno de Urtubey consistió, como siempre, en minimizar el hecho. El Jefe de la institución policial, Ángel Silvestre, afirmó que “se trató de un solo policía que tenía 32g de marihuana (…) Los otros 7 quedaron detenidos solo porque estaban juntos”. Pero la Federal y la fiscalía niegan esta versión, aseguran que la policía local no colaboró en el operativo y señalan la presencia de una asociación ilícita mantenida en el tiempo. Según las escuchas, “los 8” controlaban la zona del barrio Alta Tensión, estableciendo una regulación del mercado a favor de ciertas familias de dealers.


Por otra parte, el hecho de habérseles encontrado pasta base en cantidad, muestra que también comercializaban. 


 


El Ministro de Seguridad Carlos Cayetano Oliver recurrió al remanido argumento oficial de los “casos aislados”. Luego, la presión pública lo obligó a ir mucho más lejos, desplazando a toda la cúpula de la división “Drogas Peligrosas”. Pero mientras el gobierno intentaba mostrar que “ahora sí” la policía estaba saneada, se manifestaban frente a la fiscalía un gran grupo de efectivos de varias divisiones, incluidos altos mandos, “en apoyo a los colegas”… 


 


Estamos en presencia de una verdadera corporación delictual que no duda en ejercer presión pública para mantener su impunidad. Su relativa autonomía e ingobernabilidad preocupa a la clase dominante que se sirve de ella para mantener el statu quo y amedrentar a los luchadores; eso explica la devastadora editorial sobre el tema del diario El Tribuno, propiedad de los Romero.


El extenso texto señala de entrada que la policía estaría “en estado de total disgregación, la gangrena ha llegado a un punto en que no es posible aplicar los remedios tópicos que los políticos acostumbran a utilizar”. Y luego agrega, en contra de la teoría de los hechos aislados, que “(las) noticias sobre robos, zonas liberadas, mejicaneo, contrabando y el narcotráfico liso y llano ya son otras formas de modus vivendi de muchos de los integrantes de la fuerza (…) eso no podría existir sin el visto bueno de los mandos policiales ya que la estructura piramidal, la estricta disciplina interna, la cadena de mandos e incluso los fuertes vínculos personales existentes entre los componentes policiales hacen que sea imposible que actividades delictivas dentro de la fuerza no puedan ser detectadas”.


 


Ley de microtráfico, un poder enorme para la policía


 


El 1 de enero del 2014 entró en vigencia la ley de adhesión a la desfederalización del delito de microtráfico. Esto implica que la justicia provincial tiene la facultad de actuar en el narcomenudeo junto a la policía de la provincia. 


 


Desde que se puso en vigencia la ley van 800 personas detenidas y 600 con condenas, sin embargo la venta de drogas creció en los barrios. Es que, según se pudo ver en el modus operandi de los 8 detenidos, la policía ejecuta la ley para regularle el mercado a favor de algunos “transas”. Esto le dio un mayor poder de corrupción  a la policía; las madres que luchan contra el paco denuncian que ven este mismo accionar en otros barrios, mientras el gobernador Urtubey vende a nivel nacional el éxito de la ley.


 


Una pregunta que queda en el aire es ¿De dónde sacaban la droga los policías narcos? ¿Acaso revenden lo incautado en el microtráfico o proviene del tráfico a gran escala?


 


La complicidad del poder político


 


El poder político salteño tiene un fuerte entrelazamiento con el narcotráfico. El crimen de Liliana Ledesma en 2006 dejó al descubierto los vínculos del PJ oficial, con el ex diputado provincial Aparicio a la cabeza, y el clan narco Castedo. Ledesma denunció en la Legislatura a Aparicio y días después apareció ejecutada; la Legislatura entera rechazó el pedido del PO de iniciar un juicio político al diputado.   


En el operático Febrero Blanco de este año se reabrió el tema pues se descubrió un cargamento en un camión que figuraba a nombre de Aparicio. Los traficantes eran dos concejales oficialistas de Salvador Mazza, uno todavía prófugo. 


 


En el 2012,  otro concejal, presidente del concejo deliberante de Joaquín V Gonzales, apareció vinculado al mega operativo “Carbón Narco”. Todos estos casos de tráfico a gran escala estuvieron bajo la investigación del juez federal Raúl Reynoso, hoy preso por beneficiar a narcos. Como se ve, sin el vínculo estatal no se podría llevar adelante el negocio. 


 


La policía, por su parte, aparece involucrada en varios otros hechos de narcopolicías, uno de los últimos con un enfrentamiento a tiros con Gendarmería en el norte provincial. 


Aunque Urtubey gobierna desde hace nueve años,  en los que todos los rasgos de un Estado-narco se consolidaron en Salta, Macri nombró en la Agencia Regional Norte de la UIF (organismo que tiene por objeto investigar casos de lavado de dinero, en especial los que tengan relación con el tráfico de estupefacientes) a  su ex ministro de Seguridad, de Gobierno y ex director de la Agencia Antidrogas, Eduardo Sylvester…


 


Desmantelamiento del aparato represivo


 


Desde el Partido Obrero impulsamos en la cámara de diputados y senadores la constitución de una comisión investigadora parlamentaria que indague sobre todos los vínculos políticos y de las instituciones del Estado con el narcotráfico. El PJ oficial rechazó la comisión investigadora a cambio de una puga parcial, tratando de imponer la idea de que el Estado se cura en salud.


 


La descomposición del régimen político y sus instituciones no se resuelven con purgas  ni reformas impulsadas por el propio Estado. Todas las autoridades del Ministerio de Seguridad y la policía provincial nacieron a partir de un desplazamiento y las responsabilidades políticas siguen impunes. Ningún estamento del Estado puede garantizarle la seguridad al pueblo.


 


Hay que desmantelar el aparato represivo, empezando por las cúpulas policiales y de seguridad, que se abran los archivos internos de la policía y se derogue la represiva ley contravencional. Necesitamos una fuerza nueva, reclutada y controlada por las organizaciones de derechos humanos y la población. 


 


Mientras nos esforzamos por sacar junto a las masas las conclusiones de fondo sobre el hecho, insistiremos con la comisión investigadora para desentrañar la trama de impunidad que gobierna Salta.