Con Kirchner, negocios

En los últimos días, Techint y Telefónica anunciaron inversiones por 1.700 millones de dólares, Mitsubishi hizo público su interés en reactivar Hipasam, la canadiense Barrick en explotar el yacimiento de oro de Velade ro, en San Juan. Según un analista, las “inversiones significativas aparecen por primera vez desde 1999” (La Nación, 9/11). Luis Pagani, “capo” de Arcor y de AEA, la corporación del gran capital nativo y extranjero, “llamó en el coloquio de Idea a un diálogo sin vencedores ni vencidos, a un acuerdo entre el gobierno y los empresarios, y a fijar estrictas reglas éticas para esa relación. La historia nos ha dado a los argentinos una dura lección (sic): tenemos que trabajar juntos” (ídem).

“Ahora los empresarios hablan de negocios”, se conforta Página/12 (12/11). “Esta es la palabra con la que definen su nueva actitud, de claro pragmatismo. La impresión que cunde es que ‘con Kirchner se pueden hacer negocios’” (ídem).

Duhalde, antes, y Kirchner, ahora, han desenvuelto una política sistemática de compensación a la burguesía: “Para los inversores que se animaron a entrar en el peor momento de la crisis, el retorno pagó el riesgo. Entre agosto del año pasado y noviembre de este año el precio de los bonos corporativos subió 88% en promedio” (El Cronista, 13/11).

El gobierno se apresuró también a firmar las nuevas concesiones para la explotación de rutas con peaje. Los “nuevos” contratos superan a los de la década menemista – jubileo de las deudas por incumplimiento de los contratos, recaudación asegurada sólo por cortar el pasto y obras de mantenimiento que paga el Estado y ejecuta la “patria contratista”. La administración K invierte 600.000 pesos o 200.000 dólares diarios en subsidios a los operadores privados de los trenes, una suma que podría llegar al millón de pesos en los próximos meses. El acta de “refundación” de la “burguesía nacional” le ha salido al país, sólo en compensación a los banqueros, 18.900 millones de pesos hasta ahora (16.100 millones por la “pesificación asimétrica”, 2.800 por las diferencias entre los coeficientes de indexación de préstamos); con “amparos” y cancelación de redescuentos con deuda pública, el rescate será cercano a los 40.000 millones. Clarín señala que esta inmensa compensación se resolvió “sin esperar (siquiera) las definiciones de las investigaciones del propio Congreso sobre las responsabilidades de esos bancos en el proceso de fuga de capitales que desencadenó el corralito y el fin de la convertibilidad” (18/11). Los empresarios de la construcción, a su turno, “han tomado el cielo por asalto”, por la utilización de los fondos fiduciarios por 5.700 millones del presupuesto nacional 2004 y el empleo de Jefes y Jefas de Hogar.

Nada de esta inmensa oferta de negocios a la burguesía es comparable, de todos modos, con la que recibieron las mineras, las petroleras y en particular Repsol (ver nota). Para La Nación, el gobierno está “en el comienzo de una larga amistad” con el empresariado (9/11).

Rabiosamente capitalista

El Estado es el gran prestamista final de la burguesía, incluso en medio de su propia bancarrota. Esto le hace decir a Rosendo Fraga que “la sociedad argentina ha recuperado, al menos una institución vital para su estabilidad, la presidencial, acerca de la cual podrían marcarse matices en cuanto a estilo, pero cuyo liderazgo nadie desconoce” (Rosendo Fraga, en Idea).

Es que el “congelamiento de salarios públicos y jubilaciones, impensable en el peronismo tradicional, sumado al default, ha permitido lograr una situación próxima al equilibrio fiscal” (J. J. Llach, El Cronista, 11/11). No hace falta el Alca para que la cuenta de capital siga operando sin restricciones, llevándose fuera del país 25.000 millones de dólares desde enero del 2002. Por eso, el cavallista Llach concluye que “el mantenimiento de la apertura de la economía diferencia claramente al gobierno de Kirchner de los dos gobiernos de Perón” (ídem).

¿O progresista?

Para el oficialista Página/12, en cambio, estamos en presencia de un gobierno que “marca un drástico cambio conceptual”, pues para recuperar la economía aumenta los salarios y jubilaciones en lugar de las tarifas a las empresas privatizadas (12/11).

Pero los aumentos del gobierno son casi cosméticos, si se parte de la demolición producida por la devaluación en los salarios y jubilaciones.

De los aumentos han quedado afuera los más de tres millones de trabajadores en negro, el ¿medio millón? de contratados, los más de dos millones que reciben el plan Jefes y Jefas de Hogar, los quinientos mil docentes (que sólo tienen garantizado el incentivo docente).

Quedan afuera, además, los más de dos millones de trabajadores estatales a todo nivel, que se han convertido en las víctimas mayores del pacto con el FMI.

Los focos de la crisis

De otro lado, el gobierno se vio forzado a anunciar este aumento mentiroso de salarios y jubilaciones no previsto, para enfrentar las luchas obreras, los cacerolazos, las manifestaciones de piqueteros, los límites de la reactivación capitalista (y hasta sus fracasos electorales, o ¿en que quedó el supuesto bloque “transversal” que pretendía ser un factor con fuerza propia en el Congreso?).

El aumento habría sido precipitado, entre otras razones, por “el freno del consumo de las últimas semanas” (El Cronista, 12/11), o sea que tiene que ver con el rápido parate de la “reactivación”.

Pero el presupuesto público no alcanza para reactivar y pagar la deuda pública, si multáneamente. Por eso, comenta La Nación (9/11): “Los emisarios de la globalización financiera” proponen “que el país comprometa mayores pagos en el futuro y que apueste a financiarlos mediante la colocación internacional de nueva deuda”. Se plantea “volver a insertar a Argentina en el sistema financiero internacional” y volver a meter la mano en las Afjp.

Crisis política

Un grupo de bancos (JP Morgan, Amro Bank) ha vislumbrado que Kirchner y Lavagna tienen un “plan B” para pagar toda la deuda: “Los banqueros ahora insisten en la distinta estrategia que tiene la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá dio orden para que la deuda externa se comience a negociar, como lo hizo Rusia y Ecuador” (Clarín, 14/11). Los superpoderes que acaba de votar el Congreso le permitirán a Alberto Fernández desviar 5.000 millones de pesos al pago de la deuda (Clarín, 15 y 16/11).

Los límites del gobierno son los históricos del nacionalismo burgués, sumados a las condiciones de una crisis capitalista internacional aguda y a la vigencia de la rebelión popular. Es por esta incertidumbre que el gobierno ha sacado de la manga la unidad de las burocracias en la CGT. “Una CGT unida – probablemente bajo Moyano – , podría ser la brigada antipiquetera del gobierno” (Buenos Aires Herald, 9/11).

Pero nada de esto resuelve las necesidades desesperantes de millones de trabajadores.