“Sería bueno que así como impusieron impuestos solidarios, aplicaran un aporte solidario de los empleados públicos del 30%” declaró el economista ultraliberal Carlos Rodríguez en una entrevista a Ámbito Financiero del 11 de marzo. Rodríguez, rector del CEMA -“think tank” megaderechista-, se caracteriza por sus declaraciones “provocativas”, que reclaman un ajuste fiscal extremo que “la política” no se animaría a hacer. El kirchnerismo, por su parte, suele presentar a estos personajes como sus “adversarios”, que ilustran hasta qué punto el gobierno resiste presiones para hacer un ajuste que no lleva adelante. Ambas versiones, sin embargo, son presentaciones interesadas -y falsas- de la situación.

Sucede que la bravata ultraliberal respecto de la “falta de ajuste” en el Estado se choca con la cruda realidad de dependencias devastadas y salarios por el subsuelo. Las categorías más bajas de estatales nacionales arañan los $30.000 en mano, por abajo de la línea de pobreza (INDEC). En municipios y provincias la realidad es aún más desoladora. En simultáneo, el Estado cubre tareas que le competen apelando a planes sociales que cobran por abajo del convenio. A la vez, la infraestructura escolar y sanitaria, por nombrar dos grandes responsabilidades estatales, está en completa crisis. Este cuadro no ha sido modificado con la llegada al gobierno de Alberto Fernández. Por el contrario, se agravó: aun hoy, no existe presupuesto 2020 y las partidas continúan tal cual las dejó el macrismo. Jubilados y jubiladas, por su parte, vienen de ser desfalcados en sus haberes para obtener un ahorro fiscal de 100 mil millones de pesos. En resumidas cuentas: el ajuste fiscal ya es enorme, y los trabajadores y trabajadoras estatales lo estamos pagando con una reducción real de nuestros ingresos, ostentando el triste de récord de estar entre los gremios con más pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.

Ahora bien, ¿esto significa que el “reclamo” de Carlos Rodríguez es solo una chicana sin sentido, porque el ajuste ya está en curso? En realidad, es una manifestación de la crisis que atraviesa ese ajuste; sucede que a pesar de los enormes ataques a las condiciones de vida de las masas, la bancarrota es de tal magnitud que no han sido suficientes para garantizar el acuerdo con el capital financiero acreedor de la Argentina. Como se ha reseñado en Prensa Obrera, el déficit fiscal de enero fue muy significativo y debido enteramente al pago de la deuda. Precisamente en torno a este punto giran los planteos de Rodríguez: es el debate en tiempo real que desarrolla la clase capitalista sobre la insuficiencia de los sacrificios realizados, y la necesidad de profundizar el ataque a las masas para garantizar un acuerdo cada vez más difícil sobre la deuda. Las divergencias residían, hasta el momento, en la viabilidad de semejante, en un cuadro de rebeliones populares que recorren América Latina y de agravamiento de la crisis mundial. Pero el propio gobierno ha puesto todas sus fichas en la “coalición” con el FMI para acordar con los bonistas… ¿tan lejos estamos de Carlos Rodríguez y el CEMA?

Además, la crisis capitalista es la dinámica y no algún anclaje “ideológico”; finalmente, las distancias ni siquiera son tan profundas. Rodríguez fue funcionario de Menem, al igual que Fernández. El riojano, por su parte, tendrá un busto en la Rosada en breve.

Tal cual están las cosas, el destino de los salarios y condiciones de trabajo de estatales se resolverá en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Con las direcciones de sindicatos como ATE y UPCN integradas al gobierno, debemos promover una gran deliberación para salir a pelear por lo nuestro. Para empezar, reapertura de paritarias con representantes electos en asambleas, un salario mínimo igual a la canasta familiar ($65.000), indexación mensual según inflación y pase a planta de contratados/as. Con la lucha de las y los trabajadores, los planes de los Rodríguez no pasarán.