Los propagandistas oficiales suelen presentar al kirchnerismo como una reacción al menemismo o a la “década neoliberal” -lo cual es correcto. Pero se les olvida una cosa, que es una reacción menemista al menemismo, porque Kirchner viene de allí y se destacó en el menester menemista: privatizar YPF, crear las AFJP y entregar el Banco de Santa Cruz con su deuda a cero, pagada por el erario público. Como gobernador, Kirchner debutó con un ajuste a costa de los estatales. La caja fundamental del kirchnerismo, los 1.200 millones de dólares que se giraron al exterior, provienen de la privatización de YPF, la enajenación más emblemática del “neoliberalismo”.

Otra enajenación del patrimonio provincial ocurrió con las concesiones pesqueras, donde las empresas beneficiarias (Conarpesa) sostuvieron generosamente las campañas políticas de los K. En esos tiempos, Cavallo no se cansaba de destacar su buena relación con Kirchner, ejemplo de una “solvencia fiscal” cosechada contra los trabajadores.

Kirchner sólo insinuó un desembarque del menemismo cuando éste comenzó a hundirse, hacia 1998/’99. La brutal recesión de 1995/96 amenazó con reventar la convertibilidad, lo que efectivamente ocurrió con la que estalló en 1998-2001. Duhalde, vice de Menem, anticipó, en la campaña electoral de 1999, la salida de la convertibilidad; Kirchner aún la defendía cuando Rodríguez Saá se hizo de la Presidencia.

El viraje del kirchnerismo no es tal; este viraje se produjo antes con la declaración de default de Rodríguez Saá y la devaluación y la pesificación de Duhalde. Kirchner se subió a un carro en marcha -el del ‘modelo productivo’ de Techint, que le ofreció al pulpo el dólar alto y la licuación de las deudas. Kirchner fue a la rastra de sus predecesores, el más conservador. Fue el último en asumir el cambio de frente de la burguesía nacional, que se había servido generosamente del endeudamiento externo, las privatizaciones y la liquidación de conquistas obreras y sociales. A diferencia de Chávez o de Evo Morales, el kirchnerismo no vino de la oposición al menemismo, sino de su riñón. Fue un pos menemista; un menemista obligado a socorrer el sistema menemista que se derrumbaba. Salvo Aguas Argentinas, el Correo y Thales, tres casos manifiestos de corrupción -que el kirchnerismo, sin embargo, intentó salvar- no hubo otras estatizaciones. ¡El agua ya había sido nacionalizada por Bussi en Tucumán, ante el masivo y prolongado boicot al pago de las facturas, y era motivo de rebeliones populares en toda América del sur!

El estatismo kirchnerista, reducido al manejo de la emergencia económica, es de naturaleza conservadora y restauracionista, porque sale a cambiar alguna cosa para permitir que todo siga igual. Ya lo sabían Tomás de Lampedusa y Luchino Visconti, que caracterizaron de este modo nada menos que el fin de la fragmentación de los estados de Italia y la formación nacional del país.

El kirchnerismo asume refrendando las grandes medidas confiscatorias: designa una Corte nueva para que pesifique los ahorros que la Corte de la servilleta se negaba a hacer para negociar su continuidad. La ‘transparencia’ de los nueve cortesanos sirvió para opacar la legalización de la confiscación pesificadora. Ningún banco salió damnificado; pudieron pagar los redescuentos desvalorizados que les ofrecieron los hoy peronistas disidentes Remes Lenicov y Lavagna. La nueva Corte también avala la “emergencia económica” de Duhalde-Lavagna-Kirchner.

Kirchner ‘normaliza’ la deuda externa que se encontraba en default. Reconstruye el viejo tejido financiero internacional, no importa que a cambio de una quita -un proceso normal en las quiebras, incluso soberanas, bajo el capitalismo. Así lo prueba el hecho de que la mayor parte de ella ya había sido canjeada a otros financistas privados por el 25% de su valor. La quita exime al FMI, al Banco Mundial y a otros, que poseían la mitad de la deuda; los dos primeros serán pagados ‘cash’. Los viejos bonos de la deuda defaulteada fueron canjeados con un 40-45% de quita respecto de su valor nominal, lo que representó una ganancia del ciento por ciento para quienes los compraron a precio de remate; además, cobraron los intereses acumulados. La quita fue infinitamente menor cuando se tiene presente que, en 2001, había sido abundantemente inflada por medio de préstamos garantizados, megacanjes, para armar un colchón para la certeza de un default. Al Deustche Bank y al Citi no se les reclamó la indemnización correspondiente al seguro que había contratado De la Rúa contra un default de la deuda. En diciembre de 2001, esos bonos cotizaban a un valor de mercado de dos centavos por cada dólar emitido; o sea, nada. Al momento del canje, sólo valían treinta centavos, o sea que se les reconoció casi el doble de su valor de mercado, lo que implicó un jugoso negociado para quienes venían comprando esos papeles de deuda en default. La “normalización” avanzará, un año después, con el pago total de la deuda con el FMI, echando mano del 40% de las reservas del Banco Central.

Pero el rescate del capital financiero tendrá su punto culminante después de la estatización de los fondos de las AFJP. Esta medida, que debía servir para garantizar las jubilaciones (las AFJP se habían derrumbado en 2002), habilitó al gobierno a cancelar más de 20.000 millones de dólares de deuda externa, que fueron reemplazados con un endeudamiento similar para con la Anses. La llamada deuda “intra-estado” -que representa hoy el 55% de la deuda pública argentina- es una confiscación de los recursos jubilatorios, por un lado, y de los bancos estales y del Central, por el otro. El objetivo de este “desendeudamiento” es la reapertura de un nuevo ciclo de endeudamiento con el capital financiero internacional.

En la cuestión estratégica de la deuda, el kirchnerismo ha mostrado su naturaleza social conservadora. Los vínculos con el capital financiero, sacudidos por la bancarrota de 2001, fueron reconstruidos.