Políticas

8/11/2007|1016

Néstor Pitrola: “Gobiernan con el Código Penal”

Este debate pone en agenda un tema que no lo está, que decrece entre las propias organizaciones afectadas. En junio de 2003, 25 mil piqueteros presentamos un programa a Kirchner que incluía este punto. Prometió resolverlo. Pero son miles los nuevos procesados y la criminalización de la protesta se agravó. El gobierno batió el récord de presos políticos y sociales.


Mi primera causa penal por la lucha obrera y la protesta social fue por la ocupación de la Editorial Atlántida — de la que fui delegado más de una década — contra un cierre destinado a tercerizar, flexibilizar y devaluar el salario. Los delegados fuimos víctimas de una causa penal por privación ilegal de la libertad, usurpación de la propiedad y desacato a la autoridad. Nos sobreseyeron cuatro años después, pero ya era tarde. La causa amparó un desalojo violento con un millar de policías, el taller no existía más y en mi caso — que no acepté indemnización sino que pedí reinstalación — se justificó mi desafuero y la pérdida de mi indemnización en la Justicia laboral, precisamente por los presuntos delitos que se ventilaban en la causa penal. La Justicia operó coordinada, sin pruebas. Mi juicio “sumarísimo” duró cuatro años.


El actual régimen sigue la misma línea, agravada por la virulencia de los conflictos sociales de la etapa. AGR, Fargo, Puerto de Mar del Plata, los jóvenes de Atento, 14 directivos de Foetra Buenos Aires, el Hospital Francés, los subtes. Todos encausados por luchas sindicales; violentas represiones ordenadas por el Ejecutivo sin orden judicial. Rechazamos la teoría de los excesos del derecho de huelga y la prohibición de la acción activa. Los patrones conchaban carneros, se llevan la materia prima a otros talleres, etcétera, neutralizan por completo el derecho de huelga que debe ser preservado por la movilización activa.


El ministro del Interior Fernández dijo que perseguiría a los piquetes “con el Código Penal en la mano”. Es la criminalización de la protesta social en estado puro. En Santa Cruz se pasó de los procesos con carátulas de delitos no excarcelables a la cárcel efectiva. Seis piqueteros y piqueteras fueron encarcelados seis meses, con la novedad del “concurso real” sobre los delitos excarcelables, una aberración jurídica. El dirigente piquetero Cristian Ruiz fue preso casi dos años por coacción agravada. Unos dos mil petroleros en el norte santacruceño entraron a trabajar gracias a los piquetes. Deberían estar todos presos por coacción agravada. Es un gran movimiento social criminalizado por sus consecuencias contra la superexplotación de las petroleras. En Las Heras opera la Gendarmería, se la emplazó cuando el levantamiento de 2005, para no retirarla nunca más. Está financiada por las empresas petroleras. Las causas se usan para reprimir en caliente la protesta, deteniendo sin pruebas a decenas de trabajadores, por ejemplo de Indus. En la ciudad de Buenos Aires se aprobó el Código Contravencional que penaliza los piquetes. Por ello pagaron con once meses de cárcel una docena de vendedores ambulantes. Ninguno fue indentificado en los destrozos, sólo habían participado de la movilización.


El episodio del Puente Pueyrredón es uno de los más importantes en la criminalización. Se nos armó una causa, que está latente, por ley de defensa de la democracia. No prosperó porque el gobierno adelantó las elecciones y se descartó el viraje represivo. Decenas de miles de personas salieron a defender nuestra lucha. Un derecho que hoy emplean los asambleístas de Gualeguaychú, los riojanos que detuvieron las minas a cielo abierto, los estudiantes, no sólo obreros y piqueteros propiamente dichos. El 17 de octubre liberó a Perón y permitió que ganara las elecciones de febrero de 1946. El Cordobazo puso en fuga a Onganía. El Argentinazo terminó con un Cavallo que gobernaba siempre, fuera el gobierno civil o militar. Las movilizaciones que castigan el artículo 210 bis y la ley de defensa de la democracia, son las que defienden la libertad y la democracia política.


Tenemos 44 muertes desde 1983, la mayoría impunes. Hay 700 casos de gatillo fácil en la era Kirchner. Se tortura en las comisarías. Tenemos un Fuentealba porque se ordenó reprimir a los maestros, pero además porque el cabo Poblete, condenado por vejámenes y apremios ilegales, fue premiado con un cargo. El oficial Bórquez mató adrede al feto de Karina Sauco, una piquetera de Las Heras, dentro de la comisaría. Un embarazo que no defendió Bergoglio.


En los últimos meses ocurrió algo todavía más grave porque establece una legislación y una política, que es la ley antiterrorista. Esta ley resalta el artículo 210 bis, usado por un juez alfonsinista para detener a la dirección del PO porque un volante planteaba pasar de largo de los supermercados saqueados y dirigirse a la plaza del poder político. Es un alineamiento a la política del estado de emergencia, con el que Bush justifica sus guerras preventivas, Abu Graib, Guantánamo. No queremos al país involucrado en la doctrina de seguridad nacional, adaptada a la política de las potencias bajo el manto de la democracia formal.


La Unión Industrial , la Banca y la Sociedad Rural pidieron el golpe con un lockout en febrero de 1976. Estos intereses sociales gobernaron con la dictadura y con los sucesivos gobiernos constitucionales. Kirchner gobierna para los exportadores, para el repago de la deuda externa, para prolongar la flexibilidad y superxplotación laboral. Su política en el terreno democrático no es ajena a los intereses que defiende.


¿Pero esto entonces es igual o peor que antes? No es igual. Kirchner vino a reconstituir la autoridad del Estado frente a la rebelión de 2001 desde una política “nacional y popular”, que tiene por eje la cooptación de las organizaciones populares y en nombre de los DDHH. Cooptó madres, piqueteros, sindicalistas, centrales obreras. Cuando no alcanza, llegan la represión y las patotas. Solá y Kirchner se han declarado víctimas del secuestro de Julio López. Después de cuatro años, el poder político es responsable de la preservación de los grupos de tareas, la Side y el aparato represivo.


Reclamamos: Libertad a todos los presos políticos y sociales. Derogación de la ley antiterrorista y todos los artículos del Código Penal que penalizan la protesta social. Desprocesamiento de los luchadores. Derogación del Código Contravencional de la Capital. Juicio y castigo inmediato a los responsables del genocidio y separación de los participantes en los organismos de seguridad que revistaron bajo la dictadura. Cárcel a los responsables del gatillo fácil y la tortura. Cárcel a los grupos de tareas que actuaron el 20 de diciembre. Derogación de toda reglamentación al derecho de huelga e inmediato cese de los juicios de persecución mediante desafuero sindical. Aparición con vida de Jorge Julio López.