La conducción de ATE-CTA se revela cada día más como una pandilla fascistoide. En pocos meses ha apaleado a trabajadores de la educación, a militantes de listas opositoras, atacó la sede del sindicato judicial, repudió a la banca obrera del Frente de Izquierda y ahora ha lanzado, por cuenta y orden del gobierno de Sapag, una campaña difamatoria contra la diputada Gabriela Suppicich.

 

A través de una presentación en Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, se denuncia a la diputada por ocupar tres cargos y cobrar tres sueldos en forma simultánea, careciendo de la menor prueba que sustente la acusación.

 

La acusación fue reproducida por los medios locales, incluso en tapa, sin que los acusadores exhiban documentación que acredite sus dichos.

 

Esta actitud contrastó con la respuesta de parte de la diputada, quien en conferencia de prensa, presentó un dossier con documentación fehaciente, donde surge que nunca ocupó cargos en forma simultánea ni cobró haberes en forma irregular. Decenas de organizaciones obreras, populares y políticas se han hecho solidarias con la compañera y con el Frente de Izquierda, pues reconocen en Gabriela a una histórica luchadora de la salud y las causas de los trabajadores.

 

 

Por cuenta y orden de Sapag

 

El gestor de esta maniobra es el gobierno provincial. La dirección de ATE-CTA es su chirolita, que tiene, a su vez, su propia motivación, dado que la lista que Gabriela Suppicich integró para la elección de consejeros en el ISSN (caja jubilatoria y obra social), aplastó en votos a la lista integrada por los denunciantes, y este año hay elecciones en ATE.

 

Butigué, el ministro de Salud, luego de conceder la licencia a Gabriela (Resolución 070/15), firmó otra resolución en la cual la acusa de “haber generado una situación de incompatibilidad al asumir el cargo de diputada” (R. 073/15), cuando él mismo reconoce en la Resolución 070/15, que fue informado de los otorgamientos de las licencias correspondientes, en tiempo y forma.

 

En realidad, se ataca la actuación destacada de la banca en la prórroga de las sesiones, cuando Suppicich desnudó el carácter privatista y antieducativo en el debate sobre la Ley Orgánica de Educación, y cuando criticó duramente y presentó un proyecto por minoría, contra los ruinosos acuerdos de Gas y Petróleo de Neuquén SA con YPF y Petronas. 

 

Se ataca su actuación denunciando, ya en período de receso legislativo, la contaminación de los ríos y la organización de una movilización. O su participación en la huelga de los mineros del norte, contra el vaciamiento de la Andacollo Gold SA, tolerada por el gobierno. O su apoyo a los obreros del empaque.

Simplemente, la diputada no tuvo “receso”. Eso se ataca.

 

 

El Partido Obrero ha lanzado una campaña, denunciando la provocación de la burocracia de ATE-CTA, y además ha presentado la impugnación de la Resolución 073/15 del Ministerio de Salud y la impugnación de la denuncia en Fiscalía y Tribunal de Cuentas.