Apache, una de las petroleras norteamericanas aliada de la YPF kirchnerista, hace reprimir a la comunidad Gelay Ko de la zona de Anticlinal y Barda Negra, cercana a la ciudad de Zapala, Neuquén.

Esto parecería el título de una película norteamericana de la década del '60, una suerte de coproducción entre CFK, Jorge Sapag y la petrolera americana Apache.

Desde la década del '50, el terreno de esta comunidad se encuentra intervenido por la actividad petrolera.

Después de varios años de negociación, esta comunidad ahora quiere impedir que se realice la perforación del primer pozo de gas no convencional (shale gas) de Sudamérica con el método de fractura hidráulica, una técnica cuestionada internacionalmente por sus graves consecuencias ambientales y sociales. Esta ha sido prohibida en Francia y Bulgaria, y se han dictado moratorias en diferentes regiones de Europa, Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

La comunidad resolvió comenzar con un corte dentro de su territorio a los equipos de perforación petrolera de la empresa estadounidense Apache. Al otro día, durante la mañana, se hicieron presentes policías, quienes procedieron a desalojar a los comuneros con violencia física y verbal, sin considerar la presencia de niños, de mayores y de mujeres. Además, dos comuneros fueron detenidos y, si bien fueron liberados a las pocas horas, se los denunció por amenazas a la fuerza pública -hecho desmentido categóricamente por parte de estos.

El desalojo fue ordenado por el juez de instrucción de Zapala, Oscar Domínguez, a raíz de una denuncia presentada por Raúl Vila, representante de la empresa Apache. La policía reprimió directamente sin notificar la orden judicial ni dar lugar al retiro voluntario que se contemplaba en esta.

Cabe destacar que esta variedad de gas -el shale gas- y su forma de explotación (fracking) son las niñas mimadas y el caballito de batalla de la nueva gestión de la YPF Sociedad Anónima.

Resulta indiscutible que la única manera de garantizar la seguridad ambiental y el respeto a las tierras de los pueblos originarios es una YPF bajo control de los trabajadores, con un directorio que garantice la representación de los sectores intervinientes: los trabajadores con representantes votados por sus pares -no un eximio lobbista de las petroleras, como Pereyra- y compañeros de las comunidades aborígenes.