Finalmente el gobernador de Neuquén envió a la Legislatura su proyecto de ley para que se autorice al Poder Ejecutivo a contraer $ 12.800 millones de deuda, destinada al pago del reciente aumento salarial que le arrancó la huelga y los piquetes del sector Salud.

El envío de ese proyecto es una burda maniobra política con la intención del oficialismo de colocar un chantaje al conjunto de los bloques: si no me aprueban este endeudamiento no puedo pagar los aumentos, ustedes serán los responsables.

Es casi una chiquilinada. Porque como los mismos fundamentos del proyecto lo mencionan, el Poder Ejecutivo provincial tiene autorizados desde marzo del año pasado mediante la ley Nº 3.230 (“Emergencia Sanitaria”), un endeudamiento por 140 millones de dólares. Un monto que supera holgadamente el endeudamiento que solicita ahora.

Pero el gobierno neuquino no ha podido efectivizar la toma de mayor deuda, por la sencilla razón de que el mercado internacional de capitales no le está prestando dinero y si lo hace es a tasas usurarias en dólares. En estas condiciones el gobierno sabe que endeudarse en los términos de la ley Nº 3.230 es colocar una bomba de tiempo a corto plazo y que impactará de lleno en el 2023, año de elecciones provinciales.

Pero, además, la restructuración de la deuda en dólares que cerró el año pasado con los bonistas afectó prácticamente hasta las monedas de la alcancía para garantizar su pago. Es decir, los propios prestamistas saben que en la medida que Vaca Muerta está en piloto automático (y no por los piquetes), las chances de repago de la provincia está cuestionada.

De modo que el proyecto actual es una salida desesperada de un gobierno acorralado en primer lugar por la huelga de Salud y el apoyo masivo de la población, y en segundo lugar por la tendencia a sumarse a la huelga de distintos sectores estatales.

Era un acuerdo oneroso: los bonistas usureros primero

El acuerdo de reestructuración de parte de su deuda en dólares con los bonistas, que se cerró después de la elevación del Presupuesto 2021 a la Legislatura, tenía un carácter ruinoso y fue calificado en Prensa Obrera como de “poco alivio”. Lejos de un “gran alivio financiero e histórico” como lo calificó el gobierno, hoy este reconoce que no tendría fondos para aumentar salarios por los $ 12.800 millones (apenas un 6,9% del presupuesto de gastos del año en curso).

Si el alivio obtenido por la reestructuración de deuda hubiera sido tan “exitoso”, solo con los recursos ahorrados por el “exitoso” acuerdo, pero ya presupuestados para pagar los dos bonos renegociados (Ticade y Tideneu), se podría pagar gran parte de ese aumento salarial. Las partidas previstas para pagos de intereses y capital de dichos bonos en el Presupuesto 2021 ascienden a casi $ 9.000 millones (el 70% del monto solicitado ahora).

Pero, además, el gobierno tampoco explica por qué no utiliza partidas que ya existen en el Presupuesto 2021, precisamente destinadas a cubrir estas eventualidades. Por ejemplo en las partidas del Tesoro Provincial figuran diversos programas con montos asignados: 1) Programa 140 denominado “Previsiones Presupuestarias Para Emergencias Sanitarias” por $ 1.729.000.000; 2) Programa 107 “Previsiones Para Contingencias En Ejecuciones Presupuestarias” por $ 666.711.566 o 3) Programa 138 de “Financiamiento del Tesoro Provincial Ley 3.230” por $ 3.220.520.548. Estas partidas cubren casi el 50% del monto que pide endeudarse el MPN (quedaría aún un saldo para otros aumentos salariales).

Pero además si el endeudamiento se debe al déficit financiero provincial (como afirma el gobierno), carece de toda racionalidad que en el mismo proyecto de endeudamiento figure en su artículo 6º, que “se exime de todo impuesto y/o tasa provincial —creado o a crearse— a la emisión, comercialización, recupero, rentabilidad y todo acto vinculado a las presentes operaciones de crédito público”.

¿Qué sentido tiene endeudarse porque se dice que ha caído la recaudación de recursos, si luego se premia con semejante eximición impositiva a la usura financiera? Y por si hicieran falta otros argumentos, hay que decir que en el Presupuesto 2021 los ingresos corrientes arrojan un superávit respecto a los gastos corrientes del orden de los $ 21.841 millones. Es la orientación social para garantizar la renta del gran capital que ahoga financieramente a la provincia, de ninguna manera los salarios estatales.

Por ello, la salida de los recursos hay que buscarlos en el no pago de la deuda provincial, la eliminación de eximiciones impositivas a los capitalistas y un impuesto a las grandes fortunas.