Repitiendo el esquema de la llamada ley Chevron, la Legislatura neuquina, funcionando como escribanía del Ejecutivo, acaba de sancionar una nueva ley que aprueba un convenio suscripto por la provincia, la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén SA e YPF SA.

Por dicho convenio, GyP SA cede su participación en “carry” en varias áreas para explotación No Convencional por 35 años en favor de YPF SA y sus socios (Exxon, Dow, etc.). En otras áreas se extienden los plazos de los planes piloto y se libera a YPF SA y sus socios de los incumplimientos de inversiones comprometidas. Por último, le son devueltas a GyP SA una serie de áreas marginales, las cuales deberá licitar nuevamente, ya que la empresa neuquina no tiene capital de trabajo.

En el convenio se libera del pago de los impuestos provinciales a todos los contratos derivados que las multinacionales deban realizar para el desarrollo de las áreas que se reservan (contratos de créditos, aportes de capital, contratos de asociación, etc.). Es tan escandaloso y entreguista como el otro convenio que terminó en la asociación de YPF con Chevron en Loma Campana y hoy se sabe que, en realidad, fue un taparrabos legal para operaciones entre empresas off-shore.

Como este nuevo convenio y la nueva ley van en igual sentido que el anterior, YPF y sus socios (los que ya están en esas áreas y los futuros) reclamaron la aprobación del convenio no sólo por el decreto del Poder Ejecutivo Provincial (Nº 1.431/16), sino por una ley que le otorgara “seguridad jurídica”. Es lo que planteaba la nota de YPF SA a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pidiendo “la previa aprobación del Poder Ejecutivo provincial y la Legislatura provincial”.

En un comunicado de prensa del Partido Obrero y en su intervención desde la banca, la compañera Patricia Jure recordó que, hace tres años atrás, dos áreas a las cuales ahora se les concede extensión de plazos, habían sido cedidas 100% a YPF por la Ley Nº 2.946 y que el diputado del MPN que defendió esa ley, auguró que en esas áreas en poco tiempo se estaría extrayendo “la mitad del petróleo que produzca Neuquén”, porque contaban con una inversión “comprometida fehacientemente” de 422 millones de dólares para una y 447 millones de dólares para la otra. Ahora, para fundamentar la nueva ley, se reconoce que dichas inversiones no se hicieron y que por eso se otorgan mayores plazos.

Esta entrega escandalosa fue votada a favor por el MPN y satélites, el PRO, el massismo y la UCR.