La llamada ‘crisis de la seguridad’ condensa las peores lacras del régimen menemista: la miseria, la desocupación y la quiebra de las expectativas de progreso social para millones de explotados; la concentración de la riqueza y la agudización brutal de todas las tensiones sociales; la quiebra de la educación y la liquidación del ‘gasto social’; la criminalización de la economía y la política; la extensión del narcotráfico y del consumo de droga apañado desde el aparato estatal; la descomposición de la policía y del aparato judicial —es decir, del régimen político ‘democrático’ de conjunto— y, finalmente, coronando este pavoroso cuadro de derrumbe social, la descomposición del peronismo y la guerra de camarillas. 

La cuestión de la ‘seguridad’ ha desatado una enorme crisis política que afecta a las principales instituciones del Estado ‘democrático’. 

Una guerra de camarillas 

Según destacan todos los medios, “no existe información estadística confiable” acerca del número de delitos y su naturaleza (Página 12, 10/1). Se deduce, entonces, que la virulencia que ha adquirido el tema responde a la campaña que ha lanzado el menemismo contra Duhalde. En las cercanías del gobernador se afirma que todo esto es una “operación de campaña” lanzada por Corach “para debilitar la campaña electoral de Duhalde” (La Nación, 14/1) y el propio Patti reconoce que “Menem financia mi campaña”. El ataque menemista ha puesto a Arslanian, secretario de Seguridad provincial, al borde de la renuncia. Antes que nada, entonces, la llamada ‘crisis de la seguridad’ es una expresión del carácter brutal que ha adquirido la crisis del peronismo. 

En diciembre del año pasado, Duhalde disolvió ‘la bonaerense’ y creó 18 ‘jurisdicciones de seguridad’ (que coincidían con las judiciales); pasó a retiro a 200 comisarios y a innumerables jefes y oficiales; reformó el Código Procesal Penal, pasando a los fiscales la investigación e instrucción de los sumarios, hasta entonces en manos de la policía. El propio Arslanian concede que “sólo pudieron salir por el respaldo de la oposición” (La Nación, 14/1).

La ‘reforma’ de Duhalde y la Alianza fracasó porque fue, antes que nada, el intento de poner un ‘punto final’ al destape de ollas podridas de la ‘bonaerense’ que amenazaban voltear al gobierno. Los comisarios fueron pasados a retiro con remuneraciones que equiparaban lo que ganarían en actividad; ninguno fue investigado y mucho menos castigado. Lo mismo sucedió con los varios miles de jefes, oficiales y suboficiales sumariados por delitos comunes, convertidos ahora en ‘mano de obra desocupada’. ¿O alguien vio preso a Klodzyc? 

Patti —es decir, Menem— reclama la renuncia de Arslanian y la inmediata derogación del Código Procesal para permitir que los interrogatorios a los detenidos y la instrucción de los sumarios los haga, nuevamente, la policía. Palabras más, palabras menos, Patti reclama que, como en Israel, se legalice la tortura. No se trata de un eufemismo: según el camarista penal de San Isidro Raúl Borrino, “desde la vuelta de la democracia hasta agosto de 1990 casi no se habían registrado casos de picana en detenidos; sí había casos de maltratos. Desde agosto de 1990 (cuando Patti regresó a la policía de Pilar), según testificó el perito Laguenz, de la Corte Suprema, reaparecieron esos casos” (La Nación, 11/1). 

Frente al embate menemista, Duhalde anunció una ‘segunda reforma policial’, cuyo contenido se desconoce, y promovió la formación de un ‘polo democrático’ con la Alianza. .. Es decir, un ‘polo anti-reeleccionista’. 

Paralelamente a la crisis de la policía bonaerense, el gobierno mendocino se vio obligado a hacer su propia ‘reforma’ ante la catarata de acusaciones de ‘gatillo fácil’ que pesaba sobre la policía provincial; la policía ‘rionegrina’ está metida hasta el cuello en el encubrimiento del asesinato de las chicas de Cipolletti; lo mismo sucede en San Luis y otras provincias. Al mismo tiempo, se han reabierto las causas por la desaparición de menores durante la dictadura y la plana mayor del ejército está judicialmente acusada de constituir una ‘asociación ilícita’. Estamos en presencia de una crisis brutal de todos los aparatos de la ‘democracia’. 

La crisis política del régimen democratizante es inseparable de la incansable movilización popular que, comenzando por los crímenes de la dictadura, reclamó el castigo a cada uno de los crímenes de los ‘demócratas’. 

Reforzar el aparato represivo 

La crisis policial ha servido para acentuar la tendencia de la burguesía a reforzar la represión.

Pierri, por ejemplo, reclama que se reduzca la ‘imputabilidad’ de 18 a 16 años, mientras Duhalde impone el ‘toque de queda’ contra los jóvenes. Toma, secretario de Seguridad del gobierno nacional, exige que se elimine la regla del “dos por uno” (según la cual se calcula doble el período que un procesado pasa en la cárcel sin condena), que se reduzcan drásticamente las causales de excarcelación y que se aumenten las penas por reincidencia. La Nación elogia el ‘modelo neoyorquino’ de brutalidad policíaca sin límites y denigra “las visiones oportunistas y superficiales” que atribuyen el auge del delito a las “dificultades de los sectores más postergados”. Arslanian, mientras atribuye el crecimiento de la delincuencia a la ‘exclusión social’, ordena operativos y razzias diarios en las villas. Corach reclama la expulsión de los extranjeros. Cada vez que tiene oportunidad, Menem reclama la pena de muerte. Todos están de acuerdo en el aumento de las partidas presupuestarias para la policía y en la construcción de nuevas cárceles. 

Programa 

Pero “más represión —dice una especialista— significará más violencia” (La Nación, 10/1). Un mayor presupuesto para la represión significará menores gastos en educación y en salud, menos ‘planes Trabajar’, es decir una miseria social todavía más espantosa. 

Frente a la impasse represiva de los ‘duros’ y la impasse demagógica de los ‘demócratas’, el Partido Obrero plantea frente a la crisis de seguridad: un seguro de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años; prohibición de los despidos y suspensiones; reparto de las horas de trabajo; incorporación de todos los desocupados a la actividad productiva; salario mínimo de 1.200 pesos igual al costo de la canasta familiar, defensa de la educación pública, estatal y gratuita; prohibición de los desalojos; disolución de la policía y armamento de los explotados: formación de milicias de trabajadores bajo el control de las organizaciones obreras; juicio y perpetua a todos los criminales del ‘gatillo fácil’, a los responsables del atentado a la Amia y a los asesinos de Cabezas.