El gobierno está planteando la posibilidad de permitir que el afiliado a una Afjp pueda volver al sistema estatal, mal llamado “de reparto”. Esto se presenta, apropiadamente, sin embargo, como una “salida” al negocio de la jubilación privada. Su implicancia es:

1) Mantiene el sistema privado, que coexiste con el estatal.

2) Acepta la desvalorización de los fondos acumulados en la Afjp.

3) Produce una nueva confiscación, pues el sistema estatal tiene las jubilaciones congeladas y paga beneficios muy bajos. En el Estado, las futuras jubilaciones rondan entre el 30 y 40% del sueldo. Una vez otorgadas son licuadas por la inflación.

Si esta es la trampa de la “vuelta al reparto”, más pérfida es la otra reforma previsional que prepara el kirchnerismo. Con el argumento de “ampliar la cobertura jubilatoria” a los que tienen menos de 30 años de aportes, apunta a eliminar la Prestación Básica Universal (PBU) de 200 pesos que paga el Estado y a reducir lo que se reconoce por los aportes hechos al Estado antes de la última reforma de 1994 (Prestación Compensatoria). Como la PBU que se elimina y la Prestación Compensatoria que se reduce son superiores a los beneficios que se pagarían a los que tienen menos de 30 años de aportes, quedaría una gran diferencia para… destinarla al pago de la deuda. Por eso, en el acuerdo con el FMI el gobierno se compromete a llevar adelante esta reforma previsional.

• Abajo la jubilación privada

• No a la apertura del reparto

• Jubilación estatal única

El derrumbe de la jubilación privada plantea una trampa. Es que, mientras el interés nacional pasa por el desconocimiento de la deuda pública, los fondos de los trabajadores en las Afjp están colocados en esa deuda pública.

Al trabajador que ha aportado a las Afjp no le importa, sin embargo, ni la jubilación privada ni el valor de su fondo, sino la posibilidad de retirarse con una jubilación adecuada, o sea que corresponda al 82% de su salario promedio de la última década de trabajo. No una jubilación “de reparto”. Se trata, entonces, de que el Estado restablezca este derecho a cargo de un impuesto intergeneracional equivalente a la clase capitalista, que es la responsable de la confiscación social que ha tenido lugar.

No hay salida popular a este derrumbe sino es por medio de una reestructuración económica sobre nuevas bases sociales. En este marco, la solución es desconocer tanto la deuda como la jubilación privada, expropiando a los bancos y a las Afjp; garantizar un haber mínimo de 900 pesos; esto, sobre la base de la contribución exclusivamente patronal y la administración obrera. El 82% y la jubilación mínima de 600 pesos compensan a los trabajadores por la devaluación, la inflación y la pesificación del salario. Hoy la jubilación mínima es de 220 pesos.