Políticas

24/2/1994|412

No a la erradicación de Villa Retiro

Con su promocionado “plan de traslado” de la Villa 31 de Retiro, el gobierno de Menem ha tratado de aparecer como el “abanderado” de los villeros y del mejoramiento de sus condiciones de vida. En boca del gobierno que ostenta el récord histórico de desocupación, de reducción salarial, de un colosal aumento de los alquileres y de especulación inmobiliaria, esto es una completa hipocresía.


El gobierno quiere liquidar la Villa para viabilizar el fabuloso negocio inmobiliario de urbanización suntuaria de la zona de Retiro y el puerto, con la construcción de hoteles internacionales, torres para oficinas, shoppings, “lofts” para “yuppies” y ricachones, como los de Puerto Madero, y el trazado de una autopista. En conjunto, el llamado “proyecto de urbanización de Retiro” pone a los terrenos donde está asentada la Villa 31 entre los más cotizados de toda la Capital Federal.


Es la “irresistible” presión de los especuladores inmobiliarios lo que ha llevado al menemismo a impulsar —“manu militari”— este proyecto “humanitario” de desmembrar la comunidad de la Villa 31 en trece zonas diferentes de la Capital, sin siquiera consultar a los vecinos. Pero lo que les espera a los vecinos de la Villa 31 en los “nuevos destinos” que les reserva el menemismo lo atestigua la suerte que han corrido los habitantes del ex-Albergue Warnes, “erradicados” por Grosso: en el barrio Carrillo, donde fueron “reubicadas” las 470 familias del Warnes, hoy sólo quedan apenas 100 por las condiciones inhabitables de las viviendas.


Convencido de que “la letra con sangre entra”, el gobierno que posa de “defensor de los villeros”, les está “apretando las clavijas” : el viernes 11, un operativo policial de enormes dimensiones —con helicópteros, armas de guerra y caballería— ocupó la Villa durante horas.


Tampoco los vecinos de las zonas “receptoras” han sido consultados por el gobierno. En Colegiales, Mataderos, Lugano 1 y 2 se produjeron manifestaciones que denunciaron el móvil estrictamente especulativo-inmobiliario del “plan” menemista y reclamaron el cumplimiento de las ordenanzas que establecen que los espacios verdes y terrenos fiscales -donde el gobierno pretende “reubicar” a los vecinos de Retiro- sean destinados a plazas de juegos, jardines infantiles y, en el caso de Mataderos, a un hospital materno-infantil.


Negocios


El telón de fondo del conflicto en torno a la Villa 31 son los poderosos intereses inmobiliarios que están en juego. Los de la urbanización de Retiro, claro está, se hallan detrás de la posición oficialista. En la vereda de enfrente, se ubican otros grupos capitalistas perjudicados por el “plan de reubicación”. Luis Diez, de “Diez Propiedades”, no tiene dudas cuando afirma que “Colegiales es un mercado inmobiliario en franco avance … (donde el futuro remate del Mercado Dorrego) puede atraer nuevos proyectos, pensamos algo así como shoppings, ya que es una de las pocas zonas estratégicamente ubicadas de la Capital”. “La excelente venta de los loft-silo de Dorrego —agrega— incrementó la demanda y mejoró el gusto por la zona” (Ambito Financiero, 10/2).


A caballo de estos intereses toman posición los concejales, algunos de los cuales participan de las movilizaciones de vecinos. Una “solidaridad” sospechosa si se recuerda que la bancada radical del Concejo Deliberante está metida hasta las manos en el escándalo de la “escuela-shopping” de Once y que esa misma bancada “opositora” dio el quórum imprescindible para la autorización de construir en Puerto Madero edificios de una altura superior a la que permiten las ordenanzas municipales.


No a la erradicación


La erradicación, en estos términos, debe ser rechazada de plano, promoviendo asambleas de vecinos y villeros para resolver cualquier medida urbanística que los involucre.


Ningún traslado de los vecinos de la Villa 31 sin viviendas ya construidas, sobre terrenos conocidos y aprobados previamente por los interesados, y con títulos de propiedad en la mano. Construcción y urbanización a cargo del gobierno. Pago mediante cuotas no superiores al 10% del ingreso del jefe de familia, con moratoria en caso de desocupación.