La denuncia formulada por una empleada del cementerio de Escobar sobre la existencia de fosas comunes con restos de NN muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad durante la pasada dictadura militar, pone sobre la mesa las consecuencias nefastas que tuvo para los trabajadores de nuestro país la dictadura genocida.

Intentar separar la represión contra los trabajadores y la juventud durante los distintos gobiernos militares, del ‘76 hasta el ‘82, de la problemática económica, significaría intentar ocultar el verdadero objetivo de la represión de aquellos años y caer en la teoría elegida por la burguesía y los militares de que fue una guerra entre dos bandos, los militares contra la guerrilla.

La burguesía nacional, verdadera dueña de las decisiones políticas que se toman en nuestro país junto al imperialismo, llegó a la conclusión de que sólo un golpe militar sangriento podría llevar adelante sus objetivos económicos (saquear al país).

Para esto debía lograr su objetivo político (aplastar a los explotados).

La decisión de impulsar el golpe militar llegó luego de la derrota sufrida por Isabel y López Rega en manos de los trabajadores durante las huelgas de junio-julio del ‘75.

Pasada la dictadura del ‘76, el saldo en vidas fue cientos de muertos, miles de presos políticos y treinta mil desaparecidos. Al mismo tiempo, las consecuencias del saqueo del país se reflejaban en el aumento de la deuda externa, que llegaba a una cifra superior a los treinta mil millones de dólares. Estos son datos más que contundentes que confirman lo ligado de la represión con la problemática económica.

Desde el ‘83, muchas cosas han pasado en este país, pero dos se han mantenido en forma ininterrumpida: el pago de la deuda externa y la impunidad del aparato represivo. Lógicamente que la burguesía no fue a buscar entre los familiares de los desaparecidos o las víctimas de la represión el acuerdo político para llevar adelante su objetivo de dejar impune el aparato represivo.

Se valió, para esto, tanto de los radicales como de los justicialistas, a través de leyes como “el punto final” y “la obediencia debida”, durante el gobierno de Alfonsín, y el indulto menemista.

Pero como no hay dos sin tres también el Frepaso colaboró en esta línea apoyando las declaraciones del “arrepentido Balza” para enterrar ese “pasado terrible”.

La verdad es que los milicos no gobernaron por su cuenta, sino que lo hicieron en favor de los capitalistas nacionales y el imperialismo. Cavallo estatizó la deuda en el ‘82 y hoy es el encargado de que la paguemos.

Para luchar contra el aparato represivo responsable del asesinato de los desaparecidos de la dictadura y de los asesinados de la democracia (Bulacio, Bru, Campos, Choque, Nuñez y demás compañeros), es necesaria la organización de los trabajadores y la juventud, para impulsar la lucha por “el juicio y perpetua” a todos los asesinos al servicio del régimen capitalista:

Por la derogación de las leyes del punto final y obediencia debida.

Abajo el indulto menemista.

Juicio, cárcel y perpetua.

No al pago de la deuda externa.

Fuera Menem Cavallo.