Este jueves 3 de noviembre, la Cámara de Apelaciones Criminal y Contravencional Penal decidirá en qué jurisdicción va a continuar la causa de los policías involucrados en el crimen de Mariano Ferreyra. Los defensores policiales reclamaron que las actuaciones sean pasadas a la Justicia contravencional de la Ciudad. Ante el rechazo de este pedido por parte de la jueza Wilma López, los defensores apelaron la resolución.

Por cierto, lo que está en discusión es mucho más que un “simple cambio de jurisdicción”. Primero, la justicia apartó de la causa principal (la que juzga a Pedraza y la patota) a las responsabilidades policiales, abriendo otra causa específica contra ellos. Pero en ese nuevo expediente, la fiscalía calificó las acciones policiales bajo la figura de “abandono de persona calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público” -que resulta ser un delito menor, como si la actuación de los policías hubiera sido el resultado de una mera negligencia. Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, abogadas querellantes de Correpi y Apel, sostuvieron, por el contrario, que “el personal policial fue parte activa (y no por simple omisión) del plan urdido para aleccionar a los tercerizados y sus acompañantes, ya que sin su cooperación, acordada de antemano y cuidadosamente coordinada con los ejecutores de los homicidios, no hubiera podido perpetrarse el hecho investigado”.

Además de facilitar el ataque de la patota, los policías dejaron a las víctimas libradas a su suerte y se “olvidaron” de registrar en video y audio el momento del crimen, aún cuando tenían el personal dispuesto para ello. Además, permitieron la fuga de la patota con las armas empleadas. Finalmente, intentaron encubrirse a sí mismos a la hora de sus declaraciones ante la justicia. Como consecuencia de ello, Ferrero y Verdú solicitaron a la jueza Wilma López que los seis oficiales sean juzgados como partícipes necesarios de homicidio calificado, lo que prevé una pena de 25 años a perpetua. En su alegato, las abogadas denunciaron fuertemente la decisión del ministerio de Seguridad de Nilda Garré de amparar con abogados a los policías involucrados. Sólo cuando nuestra denuncia cobró estado público, Garré apartó a estos abogados de la causa.

La discrepancia entre las carátulas de la justicia y la que hemos planteado los querellantes explica el pedido de “cambio de jurisdicción”. En efecto: si la causa pasa a la jurisdicción de la Ciudad, queda legitimada la pena menor pedida por la fiscalía, la que podría avanzar en los términos de la justicia contravencional. En cambio, la figura penal de homicidio sólo puede ser juzgada por los fueros federales.

La cuestión del juzgamiento de los policías por el delito que efectivamente les cabe es una cuestión crucial en esta lucha. Aunque Pedraza y la patota están presos y procesados por homicidio, la fiscalía (ligada al poder político) se aseguró de apartar al aparato estatal de represión de las responsabilidades criminales. Con él, quieren correr también de la línea de responsabilidades a los funcionarios políticos a cargo de la Policía Federal, quienes no podían desconocer lo que ocurría en Barracas. Este jueves 3 nos haremos presentes y nos movilizaremos a la Cámara de Apelaciones, para rechazar el “cambio de jurisdicción” y exigir que los policías sean juzgados como participes necesarios del homicidio de Mariano.