Se ha profundizado la crisis política en Tucumán a partir de la aparición del cuerpo de Paulina Lebbos, tres semanas después de su asesinato. El pedido de interpelación al ministro de Seguridad puso de manifiesto el enfrentamiento entre el gobernador y su vice. En la Legislatura aparecieron pedidos de juicio político contra el gobernador Alperovich; por otra parte, se paralizó el mega plan de viviendas en Lomas del Tafí, por acusaciones de negociados. Hay, asimismo, un incremento de las luchas: de los docentes, los desocupados, los azucareros de la Fotia y otros sectores. “La gestión de gobierno enfrenta su peor tormenta política”, editorializó el diario El Siglo (2/5). Alperovich contestó: “No me harán aflojar”.

 

Un régimen de impunidad

 

A dos meses del asesinato de Paulina Lebbos, se va poniendo al descubierto un andamiaje de encubrimiento que involucra a la cúpula del poder.

 

En la sesión de juramento de los convencionales constituyentes, hace más de un mes, el Partido Obrero presentó un proyecto de declaración que denunciaba la complicidad del aparato del Estado con el hecho. El gobierno ordenó cajonear el debate, pero no pudo impedir que saliera a luz la podredumbre. La falsificación de declaraciones y la alteración y ocultamiento de pruebas, obligaron primero a la renuncia del ministro de Seguridad y luego a una interpelación trucha de su sucesor. El padre de la joven Lebbos dijo al salir de la sesión parlamentaria: “El informe confirma la red de encubrimiento que existe en el crimen de mi hija” (La Gaceta, 27/4).

 

Régimen político

 

Cada medida que adopta el gobierno abre nuevos frentes de crisis. El sistema único de servicios de remises y taxis en la Capital, para combatir los remises “truchos”, se encuentra empantanado: es que más de 4.000 remiseros no podrían reunir las nuevas condiciones de habilitación. Se ha puesto al desnudo el engranaje de la llamada “municipalidad paralela” con su sistema de coimas y “protecciones” que alimentan a los políticos, a la alta burocracia estatal y a sectores de la burocracia sindical.

 

El gobierno resolvió también que los boliches bailables cierren a las 4 de la mañana, logrando solamente acrecentar la aplicación de la Ley de Contravenciones y una mayor represión sobre la juventud. El “impulso al transporte colectivo” (el servicio volvería a funcionar durante toda la noche) encubre un nuevo negociado. El gobierno será garante de un crédito de 44 millones de pesos a los concesionarios privados para la compra de 200 colectivos.

 

Tuvieron que suspender la ejecución del plan de viviendas de Loma del Tafí, calificado por el propio Alperovich como “la obra más importante de Latinoamérica” en ese campo. La Justicia resolvió investigar a funcionarios nacionales y provinciales por denuncias de sobreprecios. El escándalo obligó al gobierno nacional a suspender el envío de una partida de 15 millones de pesos.

 

Si la olla se sigue destapando…

 

Reacción popular

 

En medio de esta descomposición, las marchas por el crimen de Paulina continúan. El 3 de mayo se concretó un paro docente y una manifestación de 4.000 maestros para reclamar un básico de 1.000 pesos y la restitución del adicional de “estado docente” entregado por las burocracias oficialistas de Atep, Apem y Amet. Los desocupados han organizado marchas y concentraciones. La Fotia reclama un aumento del 30%, y un básico inicial de 1.000 pesos. Una fuerte movilización ha obligado a la cámara empresaria a aceptar una discusión paritaria. El debate salarial también ha llegado a los trabajadores del citrus. En las reparticiones, crece la bronca de los estatales porque el aumento otorgado por Alperovich es inferior al otorgado nacionalmente y gran parte del salario sigue en negro.

 

Los trabajadores “autoconvocados” de la cultura, que abarca a los cuerpos estables de la provincia, siguen con sus luchas reivindicativas.

 

Desde la ATP (Asociación de Trabajadores de Prensa) se está impulsando una movilización en defensa de la libertad de expresión y de prensa, frente a un conjunto de medidas del gobierno dirigidas a cerrar medios, levantar programas y tener listas negras de periodistas opositores.

 

Ante este panorama, Alperovich maniobra. Acaba de destituir al jefe de Policía de la Comisaría de la localidad donde fue hallado el cadáver de Paulina Lebbos, por ocultar pruebas. Ante el paro docente, la Legislatura votó devolver el adicional de “estado docente”, pero el Ejecutivo decidió pagarlo en cuotas, logrando que se profundice el plan de lucha docente.

 

La Iglesia, Blumberg y la derecha

 

La Iglesia está interviniendo activamente en todo este proceso. El obispo Rossi convocó a una reunión de constituyentes de diversas bancadas para reclamar que en caso de reelección se descuente el actual mandato de Alperovich. Por otro lado, el ex fiscal anticorrupción Jerez (un hombre que responde al arzobispo) renunció a Recrear y ha sido lanzado como potencial candidato a un frente del centroderecha con el centroizquierda. En esa dirección se ha formado una alianza que ya reuniría al bussismo, Recrear, Ciudadanos Independientes y varias fundaciones y ONGs, para postular la candidatura de Jerez. La visita de Blumberg, para apoyar los reclamos de los familiares de Paulina Lebbos, es una jugada montada desde estos sectores.

 

Ninguna reelección

 

El semanario El Periódico dio a conocer una encuesta que muestra una caída del índice de apoyo al gobierno en un 20% desde que se produjo el crimen de Paulina.

 

Los reclamos populares son antagónicos con la reelección. Pero la caída de la reelección terminaría con el gobierno de Alperovich. El Partido Obrero viene usando su lugar en la Convención como tribuna política, planteando su oposición a la reelección y a la reforma reaccionaria, y denunciando la ilegalidad. El PO ha planteado desde el comienzo que una reforma reeleccionista debe someterse a un plebiscito popular. Ahora vamos por más: planteamos que la relección de un régimen político cómplice del delito es un crimen político. Reclamamos la disolución de la Constituyente.

 

Interviniendo y apoyando todas las luchas, el PO tucumano se ha lanzado a una campaña de actos y movilizaciones.