19/10/1993 | 404

No a la reforma reaccionaria

A medida que se acerca la fecha de las próximas elecciones presidenciales, que deben tener lugar en diciembre del ’94 o marzo del ’95, se acorta el plazo para convocar a una Asamblea Constituyente que reforme la cláusula que prohíbe la reelección presidencial. Porque, aunque al asunto se lo quiera adornar de ribetes teóricos, toda la disputa se reduce a una sola cosa: la reelección.


En la disputa tercian, fundamentalmente, dos sectores de la burguesía: el PJ y la UCR— y detrás de ellos (o mejor, adelante) los sectores capitalistas que los respaldan. En una nación débilmente desarrollada desde un punto de vista capitalista, como lo es la Argentina, la perpetuación en el gobierno de un mismo presidente y de la camarilla que lo rodea puede significar un peligro mortal para los sectores burgueses que están excluidos del comando del gobierno. Por eso el tema de la reelección genera divergencias agudas, en contraste con lo que ocurre en los Estados Unidos, donde conviven con un relativo equilibrio los dos partidos principales, el Congreso y el Ejecutivo, y el poder central y los estados.


Quienes más están interesados en la reelección son los integrantes del “club de privatizadores”, se trate del “clan del peaje” o de los usufructuarios de los servicios con tarifas dolarizadas. El gobierno está comprometido con el éxito de estas “privatizaciones”, razón por la cual sus beneficiarios pretenden verlo en el poder cuatro u ocho años más. Fuera de este círculo restringido, el resto de la burguesía asume una posición ambigua o francamente opositora. El diario “La Nación”, por ejemplo, que integra el “club de los perdedores” —el cual incluye a grupos en quiebra como Garovaglio-Zorraquín, o a poderosos pulpos excluidos de las “privatizaciones”, como la norteamericana Bell-Atlantic o el monopolio aéreo American Airlines—; “La Nación”, entonces, se opone a la reelección y defiende “las instituciones”. Dadas las contradicciones de los intereses en disputa, el gobierno norteamericano ha adoptado una posición de “prescindencia”, es decir, de arbitraje.


Delimitados, entonces, los alcances de la presente disputa “constitucional”, está claro que el asunto no tiene nada que ver con los intereses o las reivindicaciones de los trabajadores. No se plantea nada que corresponda a un interés concreto o político de las masas explotadas. Estas se encuentran divididas sobre la cuestión de acuerdo a las líneas de división de la propia burguesía. Para quienes la concentración del poder por más de seis años en una misma persona sería un peligro anti-democrático, la reelección no debería pasar; para quienes Menem puede representar una posibilidad de arbitraje, que distribuya las migajas del gran festín entreguista, la reelección sería admisible aunque no fuera una panacea. Los trabajadores deberán superar esta encerrona política si quieren que sus intereses y aspiraciones de clase puedan prevalecer en la dura contienda que los opone a los capitalistas.


La disputa por la reelección afecta, sin duda, la continuidad del llamado «plan económico», esto porque la consecuencia fundamental de una de­rrota del intento reeleccionista haría levantar cabe­za a todos los sectores patronales que han recibi­do la tajada más chica de sus beneficios. Nos referimos a una gran parte de la burguesía indus­trial y agraria que pretende la reactivación de las exportaciones y la protección contra la competen­cia extranjera. Por el mismo motivo, la necesidad de imponer la reelección, por parte de la camarilla cavallo-menemista, tiene que ver con la defensa del “plan económico”, al que ya atacan numero­sos sectores. La búsqueda de un entendimiento entre reeleccionistas y no reeleccionistas surge como el intento de evitar las consecuencias que tendría una confrontación abierta sobre el conjun­to de la situación económica y política —y por sobre todo evitar que la aprovechen los traba­jadores, que siguen acechando desde las cer­canías.


El gobierno ha largado la posibilidad de un plebiscito para acobardar a la oposición radical, que viene de sufrir una derrota electoral, y forzarla a un entendimiento. En forma subsidiaria espera provocar una división del radicalismo. Está obliga­do a manejar este chantaje con prudencia, porque puede perder el plebiscito aunque tenga mayoría de los votos por el Sí, si no obtiene una mayoría del padrón electoral.


¿Acuerdo?


Las líneas que se han dado a conocer para un eventual acuerdo son básicamente dos. La princi­pal consiste en ofrecer a la UCR una modificación de la Corte Suprema y hasta del Poder Judicial en su conjunto, e incluso nombrar de común acuerdo a otros altos funcionarios del Estado. Esta propuesta tiene dos desventajas: una, que parte de un gobierno que actúa inconstitucionalmente en for­ma reiterada y que como norma no mantiene sus compromisos (por ejemplo, el que estableció con el Congreso de que no modificaría la reciente ley de jubilaciones). La otra desventaja es que la aceptación de un acuerdo desmoralizaría a la oposición ante los ojos del electorado, acelerando la declinación que se quiere evitar.


La alternativa secundaria, señalada por la pren­sa, para el caso de que el gobierno no consiga los dos tercios necesarios para declarar la necesidad de la reforma, incluyendo la reelección, es ofrecer una reforma constitucional sin reelección inmedia­ta; Menem podría, en este caso, postularse para las elecciones de diciembre de 1998, designando a un hombre afín en el Intermedio. Para asegurar­se la posibilidad de designar a su sucesor, Menem buscaría que el plazo entre la Convención Consti­tuyente y la próxima elección presidencial fuera el más corto posible. Pero esta alternativa de recam­bio tiene el «defecto» de que podría suscitar una «dualidad de poderes «entre el presidente electo y Menem en retiro provisional.


Crisis política


Está claro, entonces, que estamos ante una impasse náutica y que la propuesta reeleccionista es antes que nada un intento de salida a un pantano político real de la burguesía, antes que la causa de él. La razón de esta impasse es que ni la burguesía ni el desarrollo general del país han alcanzado un equilibrio que asegure acuerdos duraderos y, lo que es peor, ya amenazan nuevos desequilibrios, esto como consecuencia del ex­traordinario endeudamiento del Estado y del capi­tal privado, y de la recesión de la economía mun­dial.


Un empantanamiento del proyecto reeleccionista podría llevar, así, a una situación de mayor violencia política que la que precedió a las eleccio­nes del 3 de octubre pasado. El “entorno” menemista ya está “imaginando” el envío de un proyecto de ley para alargar el mandato de Menem hasta diciembre de 1995, cuando deben ser reno­vadas las cámaras. Si se sienta un precedente de este tipo, el menemismo bien podría maniobrar, luego, para imponer una “fujimorización” y la convocatoria de una Convención constitucional por decreto. Al final, según la “moderna» teoría política burguesa, en una democracia el electora­do no elige sino que «convalida»


Una manifestación importante de la crisis polí­tica en curso la constituye el enfrentamiento entre Menem y Duhalde, dentro del mismo partido ofi­cial. Duhalde ha hecho circular la versión de que la reciente eclosión de violencia política fue fabricada por el menemismo para comprometer a su cama­rilla, y sus posibilidades electorales. El presidente y el gobernador no representan los mismos intere­ses económicos, aunque éstos se puedan conci­liar. Si Duhalde es sucesor de Menem. es difícil que el riojano tenga expectativas de volver en 1998/9. Lo que es más importante es que para el “club de privatizad ores», incluso Alfonsín es más de fiar que Duhalde, y no digamos Pierri, el cual tiene el “pésimo” antecedente de haber hecho encarcelar por algunas horas a un gerente de Edesur. Duhalde está armando su propio entor­no de “privatizadores” en la prevista “zona fran­ca” de La Plata o con la entrega de la central eléctrica Piedrabuena.


Pronóstico


El pronóstico que surge de la crisis creada en torno a la reelección es: o el empantanamiento se profundiza y las maniobras menemistas fracasan, en cuyo caso asistiremos al desgaste político del PJ y de la UCR, e Incluso a un deterioro del “plan económico”, o el menemismo consigue imponer la posibilidad de la reelección por medio de la corruptela o de la fuerza, en cuyo caso se podrá asistir, más tarde o más temprano, a vigorosas luchas contra la arbitrariedad polí­tica y estatal Los tiempos y los ritmos de desa­rrollo de estas alternativas quedarán en parte condicionados a la marcha de la situación eco­nómica y al agravamiento o atenuación de las luchas de los trabajadores.


Política


¿Cómo intervenir ante esta situación? Antes que nada, denunciando que en toda esta disputa no hay ninguna clase de discusión o enfren­tamiento constitucional, pues todas las fuerzas patronales en pugna son fundamentalmente anticonstitucionales, uno, porque apoyaron a las dic­taduras militares pasadas y sus legados jurídi­cos», y dos, porque han gobernado por decreto, han vetado leyes en forma parcial», y han deci­dido el destino de las personas y de los patrimonios por medio de resoluciones ministeriales y ukases burocráticos. La época constitucional de la bur­guesía ha sido completamente superada; ésta ya no pretende más limitar el poder del Estado, sino concentrarlo al máximo para oprimir aún más a los explotados (algo que hace todos los días sin necesidad de modificar la Constitución).


En segundo lugar, denunciando que la reelec­ción presidencial refuerza el poder del Estado capitalista contra las masas; es decir, su capaci­dad de apalear, encarcelar, matar, indultar y confiscar el esfuerzo diario de los trabajado­res. La lucha contra la reelección plantea, nueva­mente en Argentina, una lucha contra la posibili­dad de que un aventurero político pueda convertir­se en el árbitro de los conflictos sociales y en el salvador de las masas. Pero en forma simultánea, es necesario denunciar que la negativa a la posibilidad de la reelección presidencial no remedia los males del Estado capitalista, ni su característica despótica, opresora, arbitrarla y burocrática. El anti-reeleccionismo no convierte a los políticos patronales que defienden esta posi­ción en “más” democráticos, ya que siguen sien­do defensores a muerte del Estado burgués y de sus aparatos represivos; se oponen a la reelección inmediata, pero no a que rija para el futuro.


La opresión política vigente deriva de la explo­tación capitalista vigente, y una no puede ser sustituida sin sustituir a la otra. La vigencia de la libertad y de la soberanía popular exigen la abolición del Estado capitalista y la formación de un gobierno y un Estado de los trabajadores y explotados. La única Asamblea Constituyente que puede dar una Constitución a la medida de los intereses históricos de la clase obrera es la que convoque un gobierno de trabajadores.


Las formas concretas que deberán asumir es­tas denuncias dependerán de la marcha de la crisis política creada, es decir, de los compro­misos y trapisondas de sus protagonistas pa­tronales; de los atropellos que practique el gobierno; del despertar que éstos y otros fac­tores provoquen en la conciencia popular. La consigna del momento es: NO a la reforma reac­cionarla de la Constitución, no a la reelección, boicot al plebiscito fraudulento; SI a las reivin­dicaciones de las masas —salario mínimo de 1.200 pesos (canasta familiar); no a los despi­dos, escala móvil de horas de trabajo; abajo la jubilación privada, jubilación mínima de 800 pesos; abajo las “privatizaciones” que confiscan al pueblo, renacionalización bajo control obrero; fuera Menem, por un gobierno de trabajadores.


En el caso de que se convoque a una Conven­ción para reformar la Constitución, lo que podría ocurrir como resultado de un arreglo parlamentario entre el PJ y la UCR, aprovecharemos la agitación consiguiente para impulsar y desarrollar al Frente de Izquierda y los Trabajadores y para acentuar nuestra agitación contra el fraude constitucional de la burguesía y en favor de la acción y la lucha para imponer las reivindicaciones de los trabajadores.