Políticas

16/1/2014|1300

No al nuevo Código de Convivencia

De la Sota anunció, en lugar del actual Código de Faltas, un “código de convivencia que amigue a los cordobeses” (La Voz del Interior, 10/1).

El reclamo de derogación del actual Código de Faltas provocó movilizaciones cada vez más masivas. Las dos últimas “Marchas de la Gorra” (que se realizan todos los años) fueron multitudinarias.

El código es un verdadero infierno para la juventud. Establece una suerte de estado de sitio en la ciudad ya que convierte a la policía en juez y parte y le da poderes discrecionales para realizar detenciones.

Una de las figuras más utilizadas para detener es la del “merodeo”, lo cual convierte a cualquier joven de un barrio obrero que baje al centro (con su gorra) en sospechoso y susceptible de ser detenido por portación de rostro. Otra es la llamada “resistencia” a la autoridad, que se invoca siempre para justificar una detención. El 40% de los jóvenes han pasado por algún precinto o comisaría bajo la acusación de infringir alguna de las cláusulas del código.

Cumple una función clave en la estructuración del delito organizado por el Estado, al reclutar jóvenes de los barrios a quienes obligan a delinquir. El “suicidio” (sospechado asesinato) de Jorge Reyna en la comisaría de Capilla del Monte sacó a luz el drama de un joven de 17 años que trataba de huir de su adicción a la droga, lo que era impedido por la policía que lo tenía “conchabado” como dealer.

El código convierte lo que son delitos federales en contravenciones, como el de la explotación de trabajo sexual ajeno o la faena clandestina. Se trata de un amparo legal a proxenetas, tratantes y delincuentes. Está ligado, además, al llamado “gatillo fácil”. Las detenciones establecen antecedentes aunque las víctimas nunca hayan sido condenadas por un juez o sus causas elevadas a juicio, lo que dificultan aun más su ingreso a un trabajo formal.

Los permanentes conflictos y el repudio generalizado llevaron al PJ a presentar en la Legislatura una propuesta de modificación del código, buscando “legalizar” al régimen de persecución y represión sobre la juventud. Ya no serían los comisarios quienes juzguen, sino un fiscal, un secretario del fiscal o un juez de paz, argumentando una supuesta imparcialidad, pero es el mismo poder ejecutivo el que designa al comisario y al fiscal. Este maquillaje no prosperó porque estalló la crisis policial y el propio código apareció en la misma. Las mujeres de los policías denunciaron lo que era un secreto a voces: que, Código de Faltas mediante, la orden que se bajaba era detener a la mayor cantidad, sobre todo, de jóvenes; el objetivo declarado era “hacer número”, mostrando una actividad ante los reclamos de la población contra la inseguridad, mientras la policía se entremezcla con el “delito mayor”.

De la nueva propuesta, De la Sota solo adelantó que incluirá la prohibición de hacer huelgas y paros en los servicios esenciales, De la Sota apunta a los trabajadores de la salud, a los docentes y a los trabajadores del transporte. Es decir, el Código de Convivencia tendría una nueva vuelta de tuerca contra los trabajadores justo en el marco de un ajuste que potencia las luchas y movilizaciones obreras. La oposición, sobre todo el centroizquierda, quiere modificaciones que eliminen las figuras más controvertidas pero mantienen la esencia del poder discrecional de la policía.

Planteamos la aprobación del proyecto presentado por el Frente de Izquierda por la anulación del Código de Faltas y fortalecer la movilización por el desmantelamiento del aparato represivo.


Eduardo Salas