En la mañana del 21 de diciembre, los abogados defensores de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra rechazaron el procesamiento de sus detenidos por homicidio calificado, al tiempo que pidieron su excarcelación. Mientras se celebraba la audiencia en la Cámara Criminal y Correccional Nº 1, retumbaban los sonidos de la movilización del PO, la que entonaba en la calle: “Pedraza asesino de obreros”.

Aunque todos los defensores coincidieron en tachar de “arbitraria” a la resolución de la jueza Wilma López, cada abogado buscó exculpar a su defendido con argumentos circunstanciales. La defensa de Pablo Díaz y de González insistió en el carácter “espontáneo” de la convocatoria armada por la burocracia con antelación. Otro de los abogados presentó la formación de la patota como “voluntaria”. Los defensores de D’Elía y Uño, sin embargo, dijeron que sus defendidos habían sido “convocados” para evitar el corte de vías de los tercerizados y de los militantes de PO y de la izquierda. La defensa de Uño planteó que el corte de vías era un delito y que “los ferroviarios” estaban en todo su derecho de impedirlo. Al presentarlos como “defensores del servicio”, los abogados le dieron a la UF el status oficial de patota rompehuelgas. El crimen de Mariano, sin embargo, no fue “en las vías”, sino a varias cuadras de ellas y cuando había concluido la tentativa de los tercerizados por llevar adelante su medida de lucha. La celada criminal fue descripta por uno de los abogados querellantes, del CELS.

La defensa de Pitito rozó el ridículo al presentar las amenazas de su defendido a la periodista de C5N – “bajá la cámara o te rompo todo”- como… una “petición” (sic).

Todos los defensores de la patota deslizaron la hipótesis del “enfrentamiento” y aludieron insidiosamente a lo que nunca pudieron demostrar: la existencia de “tiros del lado de los tercerizados”.

Llamó la atención la ausencia de la fiscalía de la propia Cámara. En una causa de semejante trascendencia, ello sólo puede entenderse de dos modos: o esa fiscalía no comparte la acusación de la fiscal de instrucción, o el Estado no quiere avanzar en esa acusación. A tomar nota: los defensores parecen torpes, pero el gobierno tiene una estrategia definida.

La abogada querellante María del Carmen Verdú señaló que las defensas querían “fragmentar” la causa en un conjunto de acusaciones individuales. “En definitiva -señaló Verdú- se pretende disimular la existencia de un ‘plan criminal’. Ese plan no tuvo por objeto evitar un supuesto corte de vías, sino de ejercer una acción ‘ejemplificadora’ contra los tercerizados”. Verdú señaló también que la segmentación de la causa apuntaba a encubrir la cadena de responsabilidades hacia arriba: en el momento de la agresión, Pablo Díaz se encontraba en comunicación con Juan Carlos Fernández y éste, a su vez, con Pedraza. Al mismo tiempo, destacó el empleo de servicios Nextel otorgados por la empresa Ugofe. Verdú agregó que este procesamiento “es sólo un piso y tiene gusto a poco”. Aún falta procesar a los autores políticos e intelectuales, como Pedraza y Fernández, y llegar hasta el final en las responsabilidades del concesionario ferroviario y de la propia Secretaría de Transporte, así como de las fuerzas policiales. “Son todos los que están, pero no están todos los que son”, concluyó.

Claudia Ferrero

La audiencia consideró también la legitimación del Partido Obrero como querellante, que fue rechazada por la jueza en primera instancia. Claudia Ferrero respondió a cada uno de los argumentos esgrimidos contra el pedido del PO. En primer lugar, se citaron antecedentes de organizaciones sindicales o políticas que actuaron como querellantes a partir de daños soportados por sus afiliados. Entre ellas, la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) en la causa que investigó el crimen de José Luis Cabezas, así como las organizaciones que fueron aceptadas como querellantes a raíz de la bomba que estalló en Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2002. Más allá de ello, la abogada del PO subrayó el carácter político del crimen de Barracas. “Mariano Fereyra no murió paseando, sino en una movilización en solidaridad con la clase obrera, resuelta y votada por su círculo del PO. Elsa Rodríguez no recibió un balazo por estar de paseo con sus hijos y nietos, sino como militante del PO y en el marco de las actividades de su partido.”

Pero el carácter político del crimen y de la causa fue destacado también del lado de los asesinos, quienes anticiparon su “ataque a los zurdos” en más de una oportunidad -y lo celebraron en los mismos términos después del crimen. Mientras se niega al PO su intervención como querellante, la UF “interviene” todos los días, institucionalmente, en defensa de la patota. Por ejemplo, cuando para el ferrocarril, no por el salario o por los tercerizados, sino para pedir la libertad de los siete detenidos. Finalmente, los abogados reclamaron por el derecho de los familiares de Elsa Rodríguez a querellar, lo que también había sido rechazado por la jueza López. Como Elsa no puede -en las actuales circunstancias- mandatar, reclamamos que sus hijas sean autorizadas a ello, incluso con carácter provisional.

Después de esta exposición, quien se opuso explícitamente a habilitar al PO como querellante fue la defensora oficial -a cargo del detenido Pipito. Es evidente que el Estado no quiere al PO interviniendo en la causa. Es fundamental para su estrategia de que el juicio prosiga con los detenidos en libertad. CFK no quiere tener a Pedraza enfrente, menos en un año electoral.

Después de cinco horas de audiencia, quedaron atrás los alegatos de costosos abogados con amplio “tránsito” en la defensa del delito organizado. En los próximos días, la Cámara deberá expedirse sobre sus pedidos. Como lo hicimos en la vigilia y en la audiencia, seguiremos atentos y movilizados para que éstos sigan en prisión y para ir por la cárcel a Pedraza y a Fernández; por la policía de la zona liberada y todos los responsables del plan criminal. Pero insistimos: cuidado con el gobierno y con sus asesores de la “seguridad democrática”. Los peligros asoman por aquí.