No hay 180 días de clase
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La responsabilidad del gobierno y de la burocracia
A menos de un mes de comenzado el ciclo lectivo, la política oficial de hacer cumplir 180 días de clase ya ha fracasado. En el año 2008, 22 de las 24 provincias tuvieron menos de 180 días de clase. Buenos Aires utilizó la argucia administrativa de alargar los días de asistencia a fin de año, que se utilizaron básicamente para los exámenes.
En todo el país son más los días que se pierden por la situación de derrumbe de las escuelas que por jornadas de lucha.
Lejos de plantearse una política para resolver esta crisis educativa histórica, el gobierno utiliza el derrumbe educativo para enfrentar a la opinión pública con los docentes y justificar una campaña represiva.
El gobierno nacional y los gobernadores pretenden que los docentes trabajen por salarios de pobreza de 1.590 pesos. Por eso, el Consejo Federal de Educación es proclive a imponer los 180 días de clase (eliminando feriados y abriendo las escuelas los días sábado) por vía represiva.
La burocracia sindical celeste de Ctera es corresponsable del hundimiento educativo y salarial. El yaskismo presentó a las leyes antieducativas del kirchnerismo (Ley de Financiamiento, especialmente) y a las paritarias como la refundación de la educación popular en la Argentina. De ahí que la mismísima secretaria general de Ctera haya tenido que reconocer que “pocos gobernadores tuvieron la voluntad política de resolver el conflicto rápidamente” (ídem) y “que la ley de Financiamiento encontró su propio techo” (Política Gremial de Suteba 2009).
La bancarrota de la Celeste es igual o mayor que la del kirchnerismo. Ahora ha descubierto que hay “un desarrollo desigual y combinado de los conflictos salariales en las provincias en este primer mes”. El responsabilidad de la propia Ctera que las jurisdicciones estén peleando “desigualmente” y aisladas (Política Gremial Suteba 2009).
De ahí que la ‘celeste’ Maldonado asuma la política antieducativa de De Cara: “Es necesaria una intervención activa del estado nacional para hacer cumplir con la ley de los 180 días de clase” (Clarín, 5/4), e incluso dice que hay que “modificar y hacer más equitativa la coparticipación federal, para que no haya provincias pobres que no puedan pagar los sueldos” (ídem). Pero los celestes, con Yasky a la cabeza, apoyaron todo el tiempo los superpoderes fiscales de Kirchner.
La salida a la crisis educativa es la que plantean los docentes de Río Negro y de Neuquén, que están en paro por tiempo indeterminado. Exigen que se triplique el presupuesto educativo, y que los salarios recuperen el poder adquisitivo perdido en medio de la crisis capitalista. Es decir, que la crisis no la pague ni el docente ni la escuela pública. Para ello es necesario nacionalizar el conflicto, imponiendo el paro nacional que arranque de inmediato al estado los recursos que le está negando a la educación.
