El asesinato de El Jagüel ha desatado una aguda crisis política. Puso de manifiesto la envergadura de la organización criminal de la Bonaerense, su completo e indisputado dominio sobre todas las formas de delito en la provincia, desde la prostitución a los secuestros y robos de bancos, y su profundo entrelazamiento con el aparato político del PJ, de las intendencias y de la gobernación; y, también, con su aparato judicial.

Pero la crisis política del Estado no obedece “sólo” a este “descubrimiento” sino, también, al sistemático fracaso del régimen político democratizante para “poner en caja” a la Bonaerense.

Desde el asesinato de Cabezas, en la provincia de Buenos Aires se han ensayado, y sucesivamente fracasado, dos vías contrapuestas para resolver la “cuestión policial”.

Con Arslanián se ensayó una depuración selectiva de la policía y el cierre de ciertos “negocios”, aunque manteniendo otros (“un oficial de la Bonaerense [confirmó] que los arreglos de comisaría se mantenían: los kioscos de falopa, los desarmaderos, las putas, el juego y las agencias de autos seguían aportando [pero] la plata grande sale de los arreglos con los delincuentes, y una parte de eso se había cortado” (Página/12, 6/8/99). Arslanián fracasó ante la presión de los comisarios e intendentes: él mismo denunció que “me tuve que bancar presiones de los intendentes cuando les tocamos su sistema recaudatorio” (Página/12, 8/8/99).

Con la “mano dura” de Ruckauf, Rico y sus sucesores, se intentó luego la solución inversa: “institucionalizar” la actividad delictiva dentro de ciertos límites y proceder, con tiempo y en silencio, a “absorber” o eliminar los casos extremos. También fracasó.

Tanto los “garantistas” como los “duros”, están condenados a fracasar. Tienen el objetivo común de “regenerar” a la Bonaerense. Pero esto no lo puede hacer un régimen político que la necesita para reprimir a los piqueteros y al pueblo movilizado.

Cafiero y Rico, Hadad y Verbitsky, “duros” y “blandos”, son restauracionistas. Pretenden, por distintas vías, restablecer una policía que sea una eficaz protección del régimen social y del Estado capitalista.

Pasquini Durán editorizaliza en Página/12 (17/8) que “la izquierda y el progresismo están en mora (…) no se conocen propuestas concretas y prácticas (…) con denuncias y mitines no alcanza”. Pero el “progresismo” recorrió hasta el final el camino de las “propuestas concretas y prácticas” y terminó no en uno sino en dos fracasos (Arslanián y Cafiero). Contra lo que opina Pasquini Durán, El Jagüel demuestra que el camino para resolver la “crisis de seguridad” pasa por la movilización.

Para terminar con los delitos y con la policía delincuente hay que terminar con el régimen político que la encubre. Un nuevo Argentinazo y que el poder pase a manos de una Asamblea Constituyente que reorganice social y políticamente al país: ésta es la única manera “concreta y práctica” de resolver la “crisis de seguridad”. Entonces, no habrá necesidad de “recrear” a la policía sino de establecer la auto-organización de los trabajadores para defender esas nuevas relaciones sociales y políticas.

 

Puente Pueyrredón

El entrelazamiento entre la mafia policial y el aparato estatal transformó a la policía en un factor político de primer orden. “El poder político –dice el editorial de Clarín del domingo 18 de agosto– utiliza la acción o la pasividad policial para crear o permitir la creación de situaciones conmocionantes”.

Resulta claro que la masacre del Puente Pueyrredón fue una de esas “situaciones conmocionantes”. Duhalde había fracasado en su intento de hacer retroceder al movimiento piquetero y al Bloque Piquetero Nacional a través de medios “políticos” como el lanzamiento del “plan Jefes” y la integración de la CCC y el FTV-CTA a los “consejos de crisis”. Con la llegaba de la patota del PJ bonaerense al gobierno nacional, la Bonaerense se convirtió en un instrumento directo de la Casa Rosada. En la Presidencia está el hombre que permitió e “institucionalizó” los “negocios” de las bandas de comisarios; en la Secretaría de Seguridad está el ex secretario de Seguridad de Buenos Aires y ex intendente de Hurlingham; el viceministro de Inteligencia, Oscar Rodríguez, es el ex intendente de Guernica; el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, es el ex intendente quilmeño.

 

Miseria y delito

Nunca falta el “progre” que afirma que el aumento de la ola delictiva es la consecuencia del crecimiento de la miseria popular y la desocupación. Para terminar con el delito, dicen, “hay que alimentar y dar trabajo”. ¡Para estos “progres”, comer y trabajar no son derechos por sí mismos; son sólo un instrumento para “bajar el índice delictivo”!

Pero lo cierto es que la ola delictiva no es la consecuencia de la miseria. La actividad delictiva de la policía financia el aparato y el poder político de punteros, concejales, intendentes y gobernadores; éstos, a su vez, protegen la trama de la delincuencia policial. Esta matriz estatal de la inseguridad y del delito desmiente al “progre” que siempre ve un “peligro” en las capas más explotadas de la población.

 

Rico

Aldo Rico, candidato a gobernador bonaerense de Rodríguez Saá y ex secretario de Seguridad de la provincia, suele presentar a San Miguel, el distrito que gobierna, como un ejemplo de “orden y seguridad”.

Pero San Miguel es también El Jagüel. En el distrito de Rico, como en toda la provincia, la policía regentea el delito con la protección y el encubrimiento, que no es gratis por cierto, del aparato municipal riquista.

No hace mucho, Rico había logrado “colocar” a un “policía de confianza”, el comisario Amadeo D’Angelo, como jefe de la Bonaerense, una conquista importante para un hombre que aspira a la gobernación de la provincia. Con D’Angelo al mando, y su reclamo de “mano dura”, Rico podía soñar con que la policía “trabajara” por su candidatura.

Pero D’Angelo se vio obligado a renunciar rápidamente cuando quedó personalmente comprometido, junto con otros doce jefes y efectivos de la policía de San Miguel, en la protección de una serie de prostíbulos que funcionaban en el distrito y en donde se comprobó que las mujeres estaban sometidas a un régimen de esclavitud, similar al existente en los prostíbulos regenteados por la mafia policial-judicial-municipal de Mar del Plata. Todos esos “boliches” funcionaban con autorización municipal y en la causa “quedó evidenciada la relación de los dueños de los boliches con una parte del aparato político de Aldo Rico” (Página/12, 18/8). Entre ellos se encontraban Oscar Zilochi, mano derecha de Aldo Rico, y Claudio Pérez, presidente del “Honorable” Concejo Deliberante de ese distrito. Según la contabilidad de los proxenetas, esta red recibía 18.000 pesos mensuales para que sus “locales” pudieran “trabajar” sin ser “molestados”.

 

“El pez se pudre por la cabeza”

La crisis política desatada por la “inseguridad” ha llevado a algunos medios de prensa, aunque no a todos, a reconocer recién ahora que el de la Bonaerense es un “problema sistémico”. Hasta ahora, ante el destape de los numerosos casos de corrupción e involucramiento de policías en actividades delictivas, esos mismos medios hablaban de “casos aislados” y “manzanas podridas” y recomendaban “no meter a todos en la misma bolsa”. Incluso hoy limitan el alcance del “problema sistémico” a la provincia de Buenos Aires.

Frente al “descubrimiento” del “problema sistémico” de la Bonaerense, reivindicamos las posiciones del PO, que desde hace años viene denunciando que “la delincuencia se engendra en el aparato del Estado”, que “el aparato del Estado es la mayor organización criminal” y que “la policía y el aparato estatal son la principal fuente de inseguridad de la ciudadanía” (PO, 26/8/99).

“Para terminar con la delincuencia, hay que terminar con su causa: el régimen social capitalista” (ídem). Traducido: ¡Que se vayan todos!

 

¿Existe todavía el Partido Justicialista?

La pregunta es pertinente a la luz de los brutales enfrentamientos que se han desatado en la interna justicialista.

En la provincia de Buenos Aires, Duhalde y Solá se tiran con cadáveres. La situación no es mucho mejor en el resto del país. Rodríguez Saá y Kirchner acusaron a la Side de espiarlos y “operar” en su contra. Por el momento, sin embargo, el objetivo principal de estos “operativos” es Menem: el destape de sus cuentas en Suiza fue obra de la llamada “Unidad Antiterrorista”, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia nacional (La Nación, 10/8). Por las dudas, y ante el cariz que están tomando los acontecimientos, Reutemann solicitó el reforzamiento de la guarnición de la Gendarmería destacada en Santa Fe.

La convocatoria a las elecciones internas del PJ está completamente empantanada y se ha convertido en una “cuestión de Estado”. No tienen fecha ni está clara su modalidad. Los decretos presidenciales que establecen las internas abiertas fueron rechazados por la Mesa Directiva del PJ e impugnados judicialmente. El menemismo “vetó” las internas abiertas y reclama que sólo puedan votar los inscriptos en el padrón del PJ… el cual ha sido denunciado públicamente como el monumento al truchaje. El que maneje esos padrones gana la interna. Por las dudas, ya hay quien reclama que las autoridades de mesa no sean designadas por las autoridades partidarias ni por el gobierno sino por la Justicia.

Para “salvar” la “unidad”, Romero y Reutemann y hasta Kirchner plantean anular la interna y convocar directamente a elecciones mediante la “ley de lemas”, lo que significaría que un candidato con el 10% de los votos se alce con la presidencia. Sin “ley de lemas”, Reutemann jamás habría logrado llegar a la gobernación de Santa Fe.

Matzkin, ministro de Interior, rechazó la “ley de lemas” y dijo que el gobierno “no se baja” de las internas abiertas. Por esta vía, cree que tiene posibilidades de manipular las elecciones para imponer a De la Sota. Incluso afirmó que “no le preocupa” que prospere la impugnación judicial presentada por el menemismo. Al contrario, “nos favorece”, sostiene Matzkin, porque le permitiría a Duhalde extender su mandato y hasta intentar llegar al 2003.

El fracaso de las internas peronistas es el fracaso del plan político de Duhalde, que consistía precisamente en designar un candidato afín al gobierno, al que luego el aparato del Estado le garantizaría, con los mismos métodos que se están usando en las internas, el triunfo en las elecciones nacionales. Cualquiera sea la ilusión o la fantasía que guarden Matzkin y Duhalde, el fracaso de las internas peronistas es ilevantable para el gobierno.

 

Asesinatos de policías y escuadrones de la muerte

Diego Peralta habría sido asesinado por una banda mixta de policías y delincuentes encabezada por los efectivos de la comisaría de El Jagüel. Como la certera piña piquetera contra el asesino Franchiotti, la pueblada contra la comisaría de Miramar ante el asesinato de Natalia Mellman, o la de los vecinos de Floresta por el asesinato de los tres pibes, otra vez la rebelión popular dio exactamente en el blanco.

La misma banda que asesinó a Diego Peralta, denuncian los vecinos, podría ser la responsable del asesinato de otros tres jóvenes en la zona y regentea el delito, al que le otorga “zonas liberadas”. Como en el crimen de Cabezas, en los asesinatos de jóvenes de Don Torcuato, los crímenes de las prostitutas marplatenses y en los secuestros en las distintas zonas de la provincia, las bandas mixtas son la forma dominante y virtualmente exclusiva del accionar delictivo: los policías reclutan y arman a los delincuentes, les indican “objetivos” y les suministran “inteligencia”; se llevan la parte del león del botín y luego los eliminan cuando se vuelven inservibles o “peligrosos”. Estas bandas, también, funcionan como “escuadrones de la muerte”; pueden eliminar desde rateros molestos para los comerciantes de un barrio hasta, como en el asesinato de Cabezas, actuar a cuenta de personajes poderosos.

El aumento del número de policías asesinados es una directa consecuencia de la proliferación de estas bandas mixtas. En algunos casos, porque los delincuentes saben que si son sorprendidos actuando sin la “protección” de la banda policial que regentea la zona, serán fusilados; en otros, porque los policías, reconocidos por otro policía, asesinan a sus propios compañeros. Así fue asesinado en un robo bancario el cabo Ernesto Ayala, de la Federal: “lo mataron porque reconoció entre los asaltantes a su instructor de tiro en la escuela policial” (Clarín, 11/8).

 

“El complot”

Saín denunció la existencia de un “complot político-policial” que, en realidad, serían dos: uno de los comisarios de la Bonaerense contra Juan Pablo Cafiero, al que consideran “un enemigo”; el otro de los intendentes duhaldistas y del propio Duhalde contra el gobernador Solá.

Pero reducir a un complot la integración mafiosa de la policía y del aparato político del PJ, es encubrirla. A Saín no le importaría el funcionamiento mafioso, sino que se lo utilice para perjudicarlos a él, a Cafiero y a Solá; en otras palabras, que está dispuesto a tolerarlo siempre que no arruine su puesto y su digestión. El objetivo político de la política de Solá y Cafiero es producir una depuración parcial de la policía pactada con la propia policía. Esta es la política que ya fracasó con Arslanián (de cuyo gabinete formaba parte Saín).

 

Estado mafioso

Marcelo Saín, segundo de Cafiero en el Ministerio de Seguridad, ha denunciado que el delito policial financiaba el aparato político de los intendentes, concejales y punteros del PJ bonaerense. La necesidad de esta colaboración es evidente: los desarmaderos, los prostíbulos, las agencias de juego legales que son la pantalla del juego ilegal, los boliches en donde se comercia droga, todos ellos necesitan para funcionar la autorización municipal y están bajo su control. Sin la colaboración del aparato político municipal y sin la integración de ambas mafias, no hay “negocio” para ninguno. Un ex comisario que se presentó en el programa de Nelson Castro dijo que cada uno de ellos, desde el sargento de la comisaría hasta el “honorable” senador, tiene su porcentaje establecido; otra vez, el juez y el fiscal no lo desmintieron.

 

Elecciones sangrientas

Pero el complot existe y no es un juego de niños. En el despacho del subjefe de la Bonaerense, recientemente designado por Cafiero, se encontró un micrófono ultrasofisticado para escuchar todas sus conversaciones. “A comienzos de este mes fue asesinado de diez balazos el comisario Jorge Etcheverry, que estaba por sumarse al equipo de trabajo (de Cafiero). La noche de ese mismo día fue baleado el inspector que investigaba el caso” (Clarín, 18/8).

A través de los crímenes y secuestros se está dirimiendo la interna del PJ en la provincia de Buenos Aires y la propia interna nacional (por el peso específico de la provincia). Para los intendentes duhaldistas, la depuración que plantean Solá y Cafiero no sólo es un golpe a sus “cajas recaudadoras”; es el intento de armar su propio aparato político con los punteros que abandonen el barco de los intendentes golpeados, y su propio aparato policial adicto. Estamos en presencia del choque entre dos mafias, una consolidada, otra en formación.

La Bonaerense es el instrumento político de Duhalde y del secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, ex intendente de Hurlingham y pretendiente a gobernador bonaerense. Solá, por su lado, se ha destacado por su “falta de entusiasmo” en el apoyo a la candidatura de De la Sota y por su intención de convertirse en gobernador. Los intendentes duhaldistas no dudaron en reclamar incluso la intervención federal de la provincia.

Pero el enfrentamiento ahora amenaza al propio Duhalde. Solá amenazó difundir los casos de corrupción del Banco Provincia durante los mandatos de Duhalde y Ruckauf. “‘Tenemos el Banco Provincia’ –explicó uno de los dirigentes alineados con Solá–” (Página/12, 15/8), amenazando a Duhalde.

En este cuadro, la tregua entre Duhalde y Solá es extremadamente inestable. ¿Pero, cómo podría una “tregua” entre un presidente y un gobernador incidir en la reducción de la ola delictiva? Esta tregua marca a fuego a los duhaldistas pero, también, a los “reformistas”.

 

Militarización

Solá dividió el Ministerio de Justicia y Seguridad, y confirmó a Cafiero y a Saín en sus cargos. Al mismo tiempo, negoció con Duhalde y Alvarez la participación de la Gendarmería y la Prefectura en tareas policiales en el primer cordón del conurbano. Lo que se presenta como una “virtual intervención” de la Bonaerense es, en realidad, una medida de protección ya que las fuerzas que se envían a la provincia dependen directamente del gobierno nacional.

La Policía Federal realizará “tareas de inteligencia del delito” pero no entrará en forma directa en la provincia porque ello hubiera provocado una guerra directa con la Bonaerense: “La Corporación (los viejos jerarcas de la Maldita Policía) no lo va a permitir. Se tirotearían en cada esquina; les tirarían un muerto todos los días” (Página/12, 17/8).

La “solución” a la que han arribado Duhalde y Solá es el desplazamiento en Buenos Aires de la fuerza que se ha destacado por su celo represivo contra los piqueteros y el pueblo trabajador. A resolver la “crisis de seguridad” son enviados los asesinos de Aníbal Verón, de los compañeros del puente de Corrientes, de los piqueteros del norte de Salta. Van a contar con la colaboración de la Prefectura, que baleó con plomo a los piqueteros en el Puente Pueyrredón.

Pero la Gendarmería no va a resolver ninguna “crisis de seguridad”. ¡Su jefe, Miranda, acaba de ser desplazado por complicidad en el comercio de cigarrillos de contrabando! La Gendarmería ya interviene en la protección de trenes y rutas con el único resultado de que la delincuencia que actuaba allí se desplazó a las zonas que continúan bajo la jurisdicción de la Bonaerense.

La intervención de la Gendarmería y la Prefectura muestra la tendencia del régimen político a resolver la crisis política por la vía de la militarización y del armado de una salida de fuerza, no contra el delito sino contra los trabajadores y la juventud explotada.

 

E. Echeverría: El Jagüel

Diego Peralta ya había sido muerto cuando se negoció el importe para su liberación. Como antecedente, ya había sufrido un “intento” de secuestro, pero la denuncia de su madre no fue tomada en la comisaría de El Jagüel (“porque no había pasado nada”).

Pero hay más: en febrero de este año, un miembro de la camarilla político-policial (léase PJ y la comisaría de la zona) mató a quemarropa a Javier Barrionuevo, que participaba de un piquete en la ruta 205. Aquel día, la policía le abrió pasó al auto de Bogado, autor material del asesinato. Hubo escraches en la comisaría por el esclarecimiento y el juicio y castigo de los responsables. Pero la “justicia” dictó la liberación del homicida.

En la pueblada del día 12 de agosto en El Jagüel, todos los que allí participaban recordaron distintos casos no esclarecidos: desapariciones de niños, zona liberada para la venta de drogas, prostitución, red de extorsión para la prevención de robos de los comercios a la contratación de seguridad privada, etc.

El Polo Obrero de Esteban Echeverría se hizo presente en el lugar, concentrando el piquete en la ruta 205. El Bloque Piquetero Nacional convocó a una marcha del Obelisco a Plaza de Mayo para el día siguiente.

En el escenario donde centenares de vecinos a viva voz indicaban a varios policías como los responsables del macabro hecho, donde compañeros de colegio de Diego Peralta insistían en el pedido de esclarecimiento y castigo a los autores del hecho, algunos medios presentes comenzaron a reportear a quienes integrábamos el piquete en torno a nuestra opinión frente a algunos saqueos que habían ocurrido. A la artimaña periodística respondimos que los desbordes de los hambrientos pueden terminar en un par de zapatillas o a veces un poco de comida, pero cuando el Estado se desborda –y lo viene haciendo a diario–, va en ello la vida de nuestros obreros, de sus hijos, y hasta de los que están por nacer. Comparar el hecho que nos convocó, el asesinato de Diego Peralta, con unas zapatillas, es nada más que desviar la solidaridad con la familia y el repudio a otro caso más de brutalidad policial.

 

Nunca más ausente la presencia del intendente

¿Dónde estará el responsable político de Esteban Echeverría…? Haciendo memoria, este intendente de la dictadura sabe cómo secuestrar a un chico, sabe de las torturas, sabe de las desapariciones, sabe cómo encubrir con la letra oficial y cómo retardar el accionar judicial, y también sabe que desde el Polo Obrero nunca creímos en su disfraz de cordero democrático. Sepa este intendente que no bajaremos los brazos hasta que se esclarezcan los asesinatos de Javier Barrionuevo y Diego Peralta, y todo lo demás. No claudicaremos hasta que haya juicio y castigo a los culpables, hasta que_ Hasta que se vayan todos y gobiernen los trabajadores. ¡Carajo!