Cuando el 6 de agosto, De la Rúa asuma el cargo de nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, coexistirá con un Concejo Deliberante de mayoría menemista. Y por el lapso que decida Menem, ya que la Ley de Convocatoria dictada por el Congreso a fines del año pasado, deja en manos del Poder Ejecutivo Nacional la facultad de convocar a elecciones para  legisladores porteños. El radicalismo propone ahora que el vice-intendente electo Olivera, presida el actual Concejo Deliberante. Concejo que “será el encargado de dictar ordenanzas mientras no se convoque a elecciones legislativas locales. La cuestión no es menor: entre otras leyes, deberá controlar el presupuesto de este año y establecer el del próximo” (Clarín, 12/7).

Tanto la Ley de Convocatoria, como la ley ‘Cafiero’, fueron en su momento aceptadas por la ‘oposición’, que se mostró incapaz de movilizar a la población contra semejantes condicionamientos  menemistas. De la Rúa incluso las apoyó, en aras de lograr una definición de la convocatoria a las elecciones de intendente, en lo que se llamó, entonces, segundo pacto de Olivos.

Durante la campaña electoral, ninguno de estos ‘opositores’ denunció, como lo hizo el Frente de Unidad Trabajadora-Partido Obrero, el carácter mutilado y antidemocrático que tendría una Estatuyente en las condiciones impuestas por su convocatoria, y se negaron a asumir el compromiso de desconocer esas leyes. Ahora, tanto radicales, como frepasistas y belicistas, han presentado proyectos de modificación de la ley Cafiero y de la de Convocatoria. La Nación (11/7) dice: “la oposición es consciente de que nada podrá lograr en el Congreso para variar la realidad; el PJ conserva las mismas mayorías con las que impuso la ley Cafiero y la de convocatoria a estatuyentes. Un proyecto derogatorio de esas normas no tiene más efecto que el de una presión política”.

Otra versión  plantea que una consulta popular, reglamentada por la Estatuyente porteña, podría ser utilizada en favor de la ampliación de la ‘autonomía’. “Pero hay quienes dicen que una consulta popular convocada por el distrito, no tendría mayor valor que para las normas que produzca la ciudad, cuando quede conformado el poder legislativo local” (La Nación).

Todo esto no pasa de un saludo a la bandera de estos ‘antimenemistas’ para ocultar su impotencia y complicidad. La Estatuyente nace bajo el signo de la cohabitación política con el régimen menemo-cavallista.

Una Estatuyente respaldada por un 80% de votos antigubernamentales, debería plantear la destitución del Concejo Deliberante y la convocatoria inmediata a elecciones de la legislatura porteña.