Hace un par de días, Hugo Moyano se reunió a solas con Néstor Kirchner sin que se pudiera saber si fue para hablar sobre la incriminación a Perón por las investigaciones a la triple A; si por las candidaturas sindicales en el Frente para la Victoria; si por la división en la cúpula de la CGT; si por el tema del pase de afiliados de las obras sociales a las prepagas; o si por el tope que las patronales y el gobierno quieren poner a los aumentos salariales que serán discutidos en las paritarias. Quizás haya sido por todo a la vez: porque la burocracia no quiere que la investiguen por lo que hizo entre 1973 y 1976; porque busca recuperar el ‘espacio’ que alguna vez tuvo en el PJ; porque defiende a muerte su control de la caja de las obras sociales; porque Moyano necesita saber de qué lado se pone Kirchner en la CGT; y porque Kirchner exige un ‘entendimiento’ sobre las paritarias para que no le ‘desarreglen’ el año electoral.

 

La prueba de que algo se fue ‘cocinando’ mientras se hablaba quedó establecido un poco más tarde cuando el gobierno anunció medidas para impulsar una corrida de los afiliados de las AFJP hacia el sistema de reparto estatal. El cambio anunciado en los porcentajes de cálculo de la jubilación estatal queda, de todos modos, muy lejos del 82% móvil (no sobrepasará el 50% del salario al cese de la vida laboral). Como tampoco establece ninguna movilidad de las jubilaciones, sea de acuerdo a la inflación o a los aumentos que se produzcan en los salarios, en poco tiempo el nivel de las jubilaciones respecto a los salarios caerá muy por debajo de ese 50%. La única verdadera novedad de los anuncios es que, por primera vez, las expectativas que ofrece la jubilación estatal superarían a las que ofrecen las AFJP. En la medida en que esto produzca una transferencia importante de afiliados hacia el Estado, provocará una crisis con los bancos que manejan las AFJP (incluido su amigo Heller, del banco Credicoop, que quizás ahora retacee su apoyo al gobierno y a los amigos de éste como Bonasso) e incluso puede afectar al conjunto del sistema de la deuda pública, ya que los bancos y las AFJP son fuertes compradores de títulos del Estado.

 

El gobierno no recurre a estos ‘retoques’ en el sistema de jubilación en función de una política de conjunto sino para hacer frente a las contradicciones que se le van presentando en el camino, lo cual no dejará de provocar contradicciones más agudas y conflictos mayores. Una de esas contradicciones tiene que ver con el llamado “exceso de liquidez” que se estaba manifestando en las AFJP, mientras por otro lado, toda la clase capitalista denuncia falta de inversión en energía. El Estado intenta ahora, con medidas sinuosas, hacerse cargo de canalizar el aporte jubilatorio de los trabajadores, en beneficio de los pulpos energéticos y en especial de los Fondos de Inversiones de sus amigos, como el grupo Dolphin, que ha concentrado los negocios energéticos.

 

El pasaje de afiliados de la jubilación privada a la estatal servirá para reforzar la caja del Estado kirchnerista, la cual será usada por sobre todo para seguir enfrentando las contradicciones de la política oficial, como la inflación creciente (se estima de arriba del 1,5% en enero), con subsidios de todo tipo, como los que se establecieron recientemente para la producción derivada del trigo y del maíz. También naturalmente para favorecer los negocios de la propia camarilla, los cuales están adquiriendo una dimensión internacional si nos atenemos a los negocios que se está haciendo con Venezuela y a los enjuagues que De Vido se encuentra armando con la Siemens, en Alemania, en este momento. Kirchner ni siquiera se plantea usar estos mayores recursos para cumplir con el compromiso de ajustar las jubilaciones a la inflación producida desde 2001, como lo insinuó la Corte en un fallo lamentable hace algunos meses, y para pagar la deuda contraída con los jubilados por la violación de la cláusula constitucional que establece la movilidad de las jubilaciones. No hace falta decir que Kirchner pretende usar este tipo de medidas en el plano electoral, pero el hecho de que tenga que tomarlas indica que no se siente tan seguro en un terreno en que las encuestadoras lo dan ganando por varios cuerpos. Tampoco hace falta mencionar que quiere tapar la incapacidad para enfrentar a las gavillas de secuestradores enquistadas en los aparatos represivos, como ha ocurrido con Jorge Julio López y Gerez, y con las continuas amenazas a testigos. A esta evidencia de debilidad política es necesario añadir las que señalan que la medida en que no contó con el apoyo de una gran parte del equipo de gobierno.

 

En el límite, la capacidad de cualquier transformación de este o cualquier otro gobierno, con medidas intervencionistas, depende, en primer lugar, del contenido social de este intervencionismo, que hasta ahora ha servido para reconstruir la posición de la clase capitalista afectada por la bancarrota de 2001. En segundo lugar, dependerá de la intención de movilizar a las masas para hacer frente a la presión de los capitalistas, lo que no es para nada el caso del gobierno kirchnerista (hasta ahora solamente movilizó a un grupo de ‘piquetruchos’ frente a una gasolinera de la Shell).

 

Seguramente, los burócratas se lanzarán eufóricos a apoyar estas medidas y a valerse de ellas para manejar las paritarias que se iniciarán a corto plazo. Se esforzarán por escamotear las limitaciones de estos anuncios con relación a los reclamos y a los derechos de los trabajadores. Sigue pendiente el reclamo del 82% móvil, para los actuales jubilados y para el conjunto de los trabajadores, así como la reestatización de las AFJP, que no son más que un negocio parasitario de los grandes bancos a expensas de los salarios de los trabajadores, y el restablecimiento de los aportes patronales.