La cuarta sesión de la Constituyente remató la lucha política que el Partido Obrero ha librado en ella desde el primer día. Durante más de quince horas, los convencionales del PO llevaron adelante una batalla política sin cuartel contra los representantes del gobierno.

 

El choque se inició en el “inofensivo” punto inicial de aprobación de las actas taquigráficas de la sesión anterior. Las actas, sin embargo, no habían sido distribuidas. Pretendían su aprobación a libro cerrado, pero con el agravante de que se les habían “testado” frases o dichos del PO que, “a consideración de la presidencia” (sic) de la Convención eran agraviantes. Nadie pudo conocer cuáles era los agravios censurados. Martín Correa lo denunció como un grave coartamiento de la libertad de expresión.

 

El segundo choque se produjo en el punto de manifestaciones generales, donde se denunció el accionar policial contra la campaña de pegatinas del PO (ver aparte).

 

Toda la provincia apreció, por televisión, cuando Daniel Blanco desplegó el afiche “Alerta tucumanos” para fundar su denuncia, junto a fotos impactantes donde se apreciaba a policías en el momento de arrancar los afiches.

 

Los municipios y el régimen electoral

 

Luego, comenzó la lucha política en torno a capítulos fundamentales de la reforma en curso. En primer lugar, el régimen municipal, donde en un largo dictamen el oficialismo se presentó “como concediendo la autonomía municipal”. Esto, como muy bien recogió La Gaceta, fue refutado por Martín Correa: “la autonomía es ficticia. No hay ninguna referencia en la propuesta del oficialismo a los pactos financieros, al tiempo que se mantiene la facultad para que la provincia retenga recursos por deudas contraídas ilegítimamente. Hay que investigar a los ex intendentes y a las empresas contratistas. Además se da la posibilidad de recaudar tributos, con lo que se profundiza el saqueo popular” (La Gaceta, 23/5).

 

Luego, se discutió el régimen electoral, donde el oficialismo impuso un nuevo sistema de lemas (el acople) por el cual diversos partidos separados pueden apoyar las candidaturas a cargos ejecutivos. También se modificó el Tribunal electoral, dándole mayoría al Poder Ejecutivo, y una tercera cláusula por la cual los candidatos que ocupan cargos políticos no van a tener que pedir licencia para hacer campaña. Todo esto lo denuncié como un régimen electoral antidemocrático, donde las acciones fraudulentas del gobierno iban a quedar bajo su propio control. Señalé también que el “nuevo” régimen era una expresión más de la descomposición de los partidos tradicionales, que no pueden sino con fraude, coacción y artilugios -como las leyes de lemas y la división arbitraria en secciones electorales- manipular al electorado y los resultados electorales.

 

El “blindaje”

 

En el punto siguiente, se estableció que para impulsar el juicio político al gobernador, una comisión de la Legislatura requeriría el acuerdo de ¡tres cuartas partes! de sus miembros. En el debate denuncié que, en contrapartida, para esta reforma constitucional el reglamento autorizaba a consumarla con una “minoría agravada”, que podía llegar a ser de once miembros o incluso menos, sobre los cuarenta convencionales. Ello con el agregado de que si se alcanzara esa mayoría contra el gobernador, el acusado no sería suspendido de su cargo. Denunciamos que la camarilla alperovichista estaba diseñando un “blindaje” para evitar que una eventual división política entre las camarillas que hoy apuntalan el accionar del gobierno pueda desestabilizarlo. Señalé que el único mecanismo democrático era el del derecho popular a la revocación de los funcionarios.

 

Luego se pasó al punto del Poder Legislativo, donde el oficialismo impuso la reelección de los legisladores y la preservación de sus privilegios (altas dietas, posibilidad de dictarse su propio presupuesto), que, por supuesto, van a estar bajo control de los bloques mayoritarios.

 

Reelección a la medianoche

 

El quinto punto fue el que concentró toda la atención a pesar de que, “casualmente”, el mismo se desenvolvió a partir de la medianoche. Era el del Poder Ejecutivo, donde el oficialismo presentó su proyecto de reelección indefinida: Alperovich, que asumió en 2003, tiene la posibilidad de prolongar su mandato hasta 2015. También podrá emitir decretos de necesidad y urgencia (que ahora regían mediante una ley), siempre utilizados para atacar las conquistas de los trabajadores y dar rápida ejecución a diversos negociados sin debate legislativo. En este punto, hice una encendida defensa de nuestro proyecto contrario a la reelección, haciendo una radiografía del régimen político y poniendo al descubierto los intereses generales y particulares de la camarilla alperovichista. Desnudamos el carácter reaccionario del proceso constitucional en sus fines y en sus medios, destacando que lo que estaba en juego era el porvenir de la libertades, del bienestar popular y hasta de la vida misma de los ciudadanos. Finalmente, defendimos una cláusula transitoria que planteaba que si la mayoría aprobaba el capitulo reeleccionista, éste fuera sometido a un plebiscito popular.

 

Llegado a este punto, y cuando el oficialismo impuso su punto dictamen, fundamentamos nuestro retiro definitivo de la Convención. Al día siguiente, todos los medios habían recogido la lucha política y el interés de cómo va a seguir el accionar del Partido Obrero, esto en un cuadro de innumerables muestras de simpatía y apoyo popular en las calles.

 

En un corto lapso de tiempo, el PO empleó la tribuna parlamentaria para oponer al programa de los representantes del gobierno y los capitalistas en su seno un programa de la clase obrera, bajo la forma de proyectos, “dictámenes”, discursos y acciones de agitación. El Partido y sus referentes principales son hoy mucho más conocidos en toda la provincia. Todo esto inaugura un nuevo capítulo, para afianzar entre los explotados la autoridad política conquistada y extender a todos los rincones y a los principales centros proletarios la organización e influencia del Partido Obrero.