El denominado Obispado Castrense no es otra cosa que el monopolio irrestricto del clero para adoctrinar a las fuerzas armadas. Por eso el tratado que, “con fuerza de ley”, otorga a este obispado el “cuidado espiritual de los militares” no especifica que su tarea debe limitarse a los individuos de confesión católica, como es el caso de tratados similares firmados por el Vaticano con otros países.

 

Según el mismo acuerdo, el Obispado Castrense “se rige por la Constitución Apostólica”, es decir, por la legislación de una potencia extranjera. Pero dicha normativa establece que sacerdotes y fieles “deben actuar individual y colectivamente como fermento apostólico y misionero entre los militares con los que conviven”. Es decir que el Obispado Castrense concibe su tarea como una misión bélica y una cruzada religiosa.

 

El Vaticano habla de preservar “la libertad religiosa” para defender este monopolio de propaganda clerical. Pretende que el gobierno garantice “por escrito” que el fascista Baseotto no tiene ninguna restricción para acceder al púlpito (lo que los funcionarios del gobierno ya han admitido). Fue precisamente un vicario castrense, hablando ante los jefes de los grupos de tareas, quien en octubre de 1976 invocó “la protección divina en esta guerra sucia en la que estamos empeñados”.

 

El Episcopado argentino se ha solidarizado con Baseotto y apoyado las exigencias de la curia romana. El obispo castrense es parte formal de la cúpula del mismo Episcopado. La Iglesia dice que el obispo castrense no puede ser removido y que por lo tanto el decreto de cesantía es inválido. La enajenación política de Argentina al Vaticano es completa.

 

El gobierno que posa de “nacional” y se hace el macho de palabra sólo ha respondido que “hay que terminar con este conflicto de una vez por todas y hay que abrir el diálogo personal con todos ellos”, aseguraron a La Nación funcionarios cercanos al Presidente. No sirven para nada.