Cuando un país se encuentra entre los principales productores de alimentos del planeta es imposible disimular que el hambre es un producto de su organización social, el capitalismo.

La devaluación de la moneda que se concibió para rescatar de su crisis a los capitalistas y poder pagar la deuda externa ha significado, por sobre todo, el encarecimiento de los alimentos.

El desplazamiento relativo del trigo o del maíz por la soja representa un golpe a las necesidades del consumo básico para promover un mayor beneficio comercial.

Otro tanto ocurre con la economía tambera estrujada por los grandes pulpos que industrializan la leche.

Esta economía que se rige por la ley del máximo beneficio ha condenado a millones de trabajadores a la desocupación, al trabajo en negro y a los salarios de hambre. Solamente en el 2002 el salario promedio cayó un 30%, y el que se paga en negro un 60%; el salario medio en Argentina ha caído del primero al último lugar en América Latina.

En Tucumán, los capitalistas del limón y del azúcar han obtenido en el 2002 los beneficios más altos de su historia. Es precisamente en Tucumán donde la mortalidad infantil alcanza sus índices más altos. Un cosechador de limones obtiene un peso por hora de trabajo, aproximadamente. En la cosecha del tabaco se explota a los niños por poco más de un peso la jornada entera.

Aníbal Fernández, ministro de la Producción y mano derecha de Duhalde, atribuyó la desnutrición mortal de la niñez a “que nos gobiernan unos hijos de puta”, entre los que se incluyó él mismo. El “mea culpa” del funcionario no ha afectado en lo más mínimo sus generosos ingresos y los aún más rentables negocios que patrocina. Pero retrata, de parte de un autor insospechable y con el lenguaje de un auténtico puntero, la irrevocable descomposición del sistema.

El régimen que nos gobierna no sólo no tiene soluciones sino que ha convertido a la propia miseria en un negocio. Ahí está para probarlo la explotación de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires o la incorporación de los desocupados que cobran 150 pesos en las obras públicas que realizan los contratistas privados.

Van, sin embargo, por más. Desde el Banco Mundial, La Nación, Cáritas, el Banco Santander, etc. reclaman la privatización de la asistencia social. Proponen contratar más deuda externa para financiarla. Está previsto licitar el plan de Jefes, que será ganado por la entidad que demuestre poseer más recursos para controlar que el desocupado sea explotado por la ración de comida que se le ofrece.

No hay una sola respuesta oficial que reparta el trabajo disponible y aumente los salarios.

Todo lo que ofrecen es la explotación capitalista de la asistencia.

A un año del Argentinazo, el hambre nos convoca.

Marchemos por centenares de miles a todas las Plazas del país y a Plaza de Mayo para echar al régimen del hambre y poner en el gobierno una Asamblea Constituyente soberana.