El gobierno ha desempolvado el impuesto a la riqueza. El tándem Alberto Fernández–Guzmán mantuvo durante largos meses el proyecto en la freezer a la espera del arreglo de la deuda de manera que nada interfiriese en el acuerdo con los bonistas.

Antes del tratamiento, el Poder Ejecutivo ya estaría introduciéndole nuevas podas. Ha trascendido que no pagarían el impuesto “quienes tengan domicilio fiscal en el exterior; tampoco quienes tengan patrimonio en sociedades en el extranjero” (La Nación, 9-9). El matutino, que no ha ahorrado críticas al proyecto, se ve obligado a reconocer que con estos cambios la recaudación del impuesto se resentirá considerablemente. Importa señalar que estaríamos frente al recorte del recorte, pues del impuesto se habría excluido a las personas jurídicas (léase empresas) y además, de conjunto, las ganancias y rentas tanto personales como corporativas -o sea, las utilidades de los bancos, las multinacionales, y empresas líderes- no estarán alcanzadas por el impuesto.

Mediante este recorte, pasarán a estar excluidos también los grandes acaudalados, como Hugo Galperín, dueño de Mercado Libre, Alejandro Pedro Bulgheroni de Pan American Energy Group (PAE) y Hugo Sigman de Grupo Insud, que están ubicados entre los primeros en el ranking de fortunas argentinas según la revista Forbes y que figuran como “residentes extranjeros”.

Pero, tanto o más importante que ello sería la exclusión de los patrimonios de sociedades en el extranjero. Aunque todavía resulta vidrioso su alcance, el cambio sería crucial pues hay que entender que gran parte de los grandes capitalistas, empezando por su sector más encumbrado, no tiene sus activos a nombre propio sino en sociedades constituidas en el exterior. Esto les ha permitido eludir -o reducir notablemente- en estos años el impacto del impuesto a los bienes personales pues las tenencias accionarias abonan a una tasa sensiblemente inferior con respecto a otro tipo de bienes. En el caso específico del impuesto a la riqueza, quedarían directamente exceptuados.

Recule

Antes de que arranque la deliberación parlamentaria, la burguesía viene marcando la cancha y le ha infligido un nuevo recule al gobierno. Una película conocida, como ya sucedió con Vicentin, con la violación de la prohibición de despidos, o la extorsiones patronales con la cuarentena para no ha hablar de los arrugues frente a los bonistas, que llevó a Fernández a ir cambiando las ofertas a la medida de las exigencias de los acreedores.

No hay que descartar que haya más concesiones al capital pues el proyecto va a coincidir con la discusión del presupuesto 2021, en el marco de las tratativas con que arrancan con el FMI y que plantean un horizonte de ajustes severos. En este contexto, el impuesto a la riqueza puede terminar siendo prenda de negociación y moneda de cambio entre los diferentes bloque legislativos, tanto del oficialismo como de la oposición y en las negociaciones con los gobernadores.

Pero, cualquiera sean las vicisitudes en el trámite del impuesto, el proyecto oficia de pantalla del gran saqueo que está en marcha. La recaudación que se va obtener es apenas 300.000 millones de pesos, lo que resulta ínfima si lo comparamos con los 750.000 que el país va a pagar por los intereses de Leliqs este año. O lo que ya pagó y va a pagar en materia de servicios de deuda externa, aún luego del arreglo con los bonistas.

Por otra parte, el dinero que se recaude ni siquiera tiene como propósito atender la pandemia y la crisis sanitaria. Para ese fin apenas está reservado el 20 por ciento, que hay que ver cuándo estará disponible ya que la crisis sanitaria arde ahora y el sistema está colapsando con el aumento explosivo de la curva de contagios.

El grueso está destinado al subsidio al capital. La tajada del león se la llevarían los pulpos energéticos, ya que el 25% de lo que ingresaría por este proyecto iría a subsidiar la producción de gas. Con esto volvemos al punto de partida, porque lo único que importa al gobierno de Alberto Fernández es que no se fuguen dólares por importación de gas en el próximo invierno, con la mira puesta en que ya empezarán a regir los vencimientos de la deuda renegociada. Este esquema de subsidios a la producción se complementa, recordemos, con la habilitación a las distribuidoras para descargar tarifazos sobre los consumidores.

Otro 25% iría para cubrir la ATP a pequeñas y medianas empresas que, como se sabe, da pie para todo tipo de maniobras y manejos turbios y discrecionales en un contexto en que las cuentas y movimiento de empresas escapan a cualquier tipo de control.

No nos olvidemos que aparte de la ATP para financiar parte de los salarios, las empresas han sido beneficiadas con una nueva moratoria, cuando se venía de cerrar otra apenas meses atrás. Entre ambas, hay que calcular que la deuda a regularizar asciende a más de 500.000 millones, un 60 por ciento más de lo que, en la mejor de las hipótesis, se aspira a recaudar con el impuesto a la riqueza. Un detalle que no se puede escapar es que gran parte de esa deuda es por IVA y por recursos de la seguridad social, es decir, no por recursos propios sino de terceros, empezando por los trabajadores y consumidores que son retenidos por las patronales. La moratoria incluye a las grandes empresas y no solo a las pymes y habilita a pagar hasta en 10 años, con lo cual la deuda terminará licuada por la inflación.

¿Quién paga la deuda y la crisis?

El superávit fiscal que promueve el gobierno tiene como destino principal el pago de la deuda y está atado a poderoso condicionamiento de tinte colonial para la economía del país. De modo tal que más allá de la demagogia oficial, el impuesto a la riqueza, no escapa a este entramado. La recaudación que se obtenga dejará liberados fondos que serán redireccionados para hacer frente a los compromisos con los acreedores y oficiar de garantía de repago de la deuda, que es lo que reclama el gran capital internacional.

Si nos atenemos a las podas al impuesto, salta a la vista que ese superávit va a salir nuevamente del bolsillo popular o sea, sobre el “hambre de los argentinos”. Después de tanta alharaca sobre la necesidad de poner fin al carácter regresivo de la estructura impositiva, el gobierno tiene en carpeta la ampliación del impuesto al salario y el pago de los monotributistas y una rebaja de las cargas patronales . En cambio, está fuera del radar nac & pop la abolición- o,al menos, la atenuación- de los impuestos al consumo. La recaudación del IVA asciende, en la actualidad, a unos 32.000 millones de dólares mientras el nuevo impuesto a la riqueza apenas representará 2.500 millones. Ha pasado relativamente desapercibido el hecho de que el impuesto a las rentas financieras ha quedado prácticamente abolido y el gobierno de Fernández ha terminado de darle el golpe de gracia a este propósito que ya empezó en la época de Macri. De modo tal que intereses y rendimientos de titulo públicos y obligaciones negociables privadas nacionales han quedado liberados de la carga del impuesto.

El deshilachado proyecto oficial realza aún más la iniciativa del Frente de Izquierda que presentó hace cuatro meses un verdadero proyecto de impuesto a las grandes fortunas y rentas capitalistas del país. Con él se podrían recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares –diez veces más que el proyecto oficial-, y los fondos serían puestos bajo control de los trabajadores (de la salud, de universidades, la Afip y el Instituto de la Vivienda) para garantizar que sean asignados al sistema sanitario, a un salario mínimo de cuarentena de 30.000 pesos y a la primera etapa de un plan de construcción de 100.000 viviendas por año; es decir, apunta a atacar efectivamente las causas sociales de la grave crisis sanitaria en curso. El proyecto se inscribe en la lucha estratégica por una reorganización integral del país sobre nueva bases sociales bajo dirección de los trabajadores que debe partir del cese del pago de la deuda, la nacionalización de los bancos y los recursos y palancas claves de la economía del país y el control y gestión obrera.

Redoblemos la campaña por el apoyo del proyecto del FIT, que reunió miles de adhesiones en el movimiento obrero y popular.